El Servicio Penitenciario de la provincia (SP) deberá brindar a corto plazo un informe pormenorizado sobre las condiciones de seguridad y trato que emplea con los detenidos que por distintas razones son derivadas desde unidades penitenciarias al Hospital Neuropsiquiátrico Agudo Avila de Rosario. Así lo dispuso el Poder Judicial tras admitir un hábeas corpus a favor de un preso que fue trasladado desde Piñero a esa institución por una crisis nerviosa y pasó un fin de semana esposado, sin recibir alimentos ni poder bañarse y usando un balde para hacer sus necesidades fisiológicas.
La grave situación que denunció días atrás en Tribunales el defensor público provincial Gabriel Ganón tiene que ver con las irregulares condiciones de internación en el pabellón Nº 3 del Agudo Avila, donde se derivan a reclusos con problemas psiquiátricos. Según expuso el funcionario en el recurso de amparo a favor de Leandro J., detenido desde 2013 condenado por un intento de robo agravado, el pasado 20 de mayo fue derivado desde Piñero al centro de salud de Suipacha al 700 con una crisis de delirio y alucinación. Allí quedó en la guardia y luego se resolvió su internación debido a la lenta evolución de su patología.
"Fue trasladado porque necesitaba asistencia psiquiátrica. Estuvo todo el fin de semana esposado, lo que agravó su situación", denunció Ganón en el recurso. Y detalló que Leandro pasó todo el fin de semana sin recibir alimentación, que debió usar un balde para orinar y defecar, y que fue maltratado por el personal del SP a cargo de su custodia.
Obligaciones. El planteo fue formalizado en una audiencia celebrada la semana pasada con el juez penal Juan Andrés Donnola y en la cual el propio director del hospital expuso las graves situaciones que padecen los pacientes alojados en el pabellón Nº 3, así como las trabas que afronta el personal sanitario para tratarlo (ver aparte). En ese marco Ganón subrayó las obligaciones asumidas por el Estado sobre el respeto y garantías hacia los derechos de personas privadas de su libertad.
"Los derechos a la salud y a que se respeten estándares mínimos en materia de higiene, luz, ventilación, recreación, alimentación y trato se vinculan íntimamente con el derecho a la dignidad. Y el ejercicio de esos derechos en plena igualdad debe ser garantizado por el Estado argentino" recordó el funcionario.
De esta situación se puso en conocimiento al Ministerio Público de la Acusación (MPA). También participó la directora de relaciones institucionales del SP, Lucía Manelli, quien expuso la modalidad de trabajo de los uniformados y defendió la gestión. En ese marco aclaró que el personal que desempeña tareas en Agudo Avila "está capacitado para custodiar personas, pero no específicamente a quienes padecen problemas de salud mental". Puntualizó que de surgir un brote en una cárcel se aplica el protocolo penitenciario, pero en caso ocurrir en el hospital "se impone el que corresponde a la institución y se soluciona con personal sanitario".
Igualmente salieron a la luz las precarias y graves condiciones de los detenidos internados, y que los médicos deben luchar con cierta lógica policial para brindar los tratamientos indicados para cada paciente. A su vez la fiscal Silvia Castelli trató indagar sobre el rol específico del personal médico y sanitario por un lado, y del personal policial del custodia por otro.
Prueba. Después de ponderar los argumentos de las partes, el juez resolvió abrir la etapa de prueba del recurso de hábeas corpus por agravamiento de las condiciones de detención de Leandro J. En su resolución, Donnola citó citar al director del SP, Pablo Cococcioni, al médico que trató al paciente y ampliar el hábeas corpus a todas las personas que se encuentren en esas condiciones el Agudo Avila.
El magistrado también indicó que el SP debía cambiar la custodia que mantiene el detenido, ya que fue la misma que obligó a presentar la denuncia, que no esté esposado y se le garantice el acceso al baño y otras dependencias. En los próximos días la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de los Tribunales provinciales deberá fijar fecha para una nueva audiencia donde las partes se volverán a ver las caras para avanzar en el tratamiento de las condiciones de los detenidos derivados al Agudo Avila.
