El juez de la Segunda Circunscripción de Jáchal, Pablo Oritja, dispuso "la inmediata suspensión de la actividad" en la mina Veladero en el marco de una causa por el delito de peligro en contra de las personas y el medio ambiente.
En la resolución, el juez Ortija señaló que la "suspensión se dispone hasta que se cumplimenten las obras de mejoras ordenadas por la autoridad de aplicación y todo aquel requisito adicional que este tribunal considere necesario luego de la realización de la inspección ocular".
Asimismo, el juez ordenó que se lleven a cabo diferentes medidas como el control y gestión de membranas deterioradas a lo largo de todo el perímetro del valle de lixiviación.
Ortija adelantó que el lunes próximo se realizará realizar una inspección ocular del sitio donde se produjo el incidente.
Además se procederá al secuestro del caño corrugado de 18¨de diámetro que transportaba solución derramada para ser sometido a pericias.
Por otro lado, determinó que se secuestrará documentación como los libros o registraciones que dan cuenta de las novedades producidas el momento del incidente a la fecha, nómina de personas responsables que se encontraban de turno, manual de funciones o protocolos de actuación de cada una de las personas que cumplen tareas en la zona donde se produjo el hecho investigado y toda documentación relacionada con los hechos denunciados.
Dispuso tambíen que declaren como testigos el Fiscal de Estado provincial, Guillermo De Sanctis, y funcionarios del gobierno de San Juan.
Este jueves, el Ministerio de Ambiente y Desarrrollo Sustentable de la Nación denunció penalmente ante la Justicia Federal de San Juan a la minera Barrick Gold por fallas en el control de la contención de la solución cianurada en el emprendimiento de Veladero, donde el pasado 8 de septiembre se reportó un nuevo derrame.
En la presentación se solicitan medidas complementarias de monitoreo y control antes de que se reabra la mina, que actualmente tiene suspendidas las actividades por requerimiento de la provincia de San Juan.
La acción judicial fue realizada ante el Juzgado Federal número 2 de San Juan en función de incumplimientos e inconsistencias ante el incidente referido.
La denuncia se realizó en el marco de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, cuya competencia corresponde al Ministerio de Ambiente, y no con motivo de la actividad minera, cuyo control es potestad de la provincia de San Juan.
