Un concejal de la ciudad de Goya, Corrientes, fue condenado a 13 años de cárcel por abusar de tres mujeres que, según denunciaron estas, cedieron a sus requerimientos sexuales para que no les corte los planes sociales que cobraban.
Guillermo Américo Córdoba es referente del Movimiento Evita. No irá preso hasta que la sentencia quede firme. Tampoco lo suspendieron en el Concejo Deliberante
El concejal Córdoba (derecha) junto a su abogado en la sala donde enfrentó el juicio.
Un concejal de la ciudad de Goya, Corrientes, fue condenado a 13 años de cárcel por abusar de tres mujeres que, según denunciaron estas, cedieron a sus requerimientos sexuales para que no les corte los planes sociales que cobraban.
Guillermo Américo Córdoba, por el momento, seguirá en libertad. El Concejo Deliberante de Goya todavía no resolvió si lo desplaza de su banca.
Córdoba, de 36 años, es referente del Movimiento Evita. Fue denunciado por tres beneficiarias de planes sociales que manejaba esa agrupación.
En su presentación, una de las víctimas estimó que alrededor de 30 mujeres habían pasado por la misma situación pero, por temor a perder los beneficios, optaron por no realizar la denuncia.
Córdoba asumió como concejal en diciembre del año pasado por el Partido Justicialista (Unión por la Patria). Anteriormente se había desempeñado como delegado de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Y fue mientras ostentaba ese cargo que cometió los ataques sexuales.
A pedido del fiscal Juan Carlos Castillo, el juez de Garantías de Goya Darío Ortiz le había dictado a Córdoba la prisión preventiva a mediados de marzo de este año, pero el Tribunal de Revisión de Mercedes lo dejó en libertad tres días después.
Pese a la gravedad de la acusación y los crudos relatos de las mujeres que se animaron a denunciarlo, Córdoba no fue suspendido en sus funciones como concejal. Incluso la semana pasada, cuando los jueces determinaron su responsabilidad, participó de la sesión.
Este lunes, los jueces Jorge Carbone, Julio Duarte y Ricardo Carbajal le comunicaron a Córdoba la pena que deberá cumplir una vez que el caso quede firme: 13 años.
Uno de ellos votó a favor de la detención inmediata del concejal, tal como habían solicitado los fiscales Castillo y Guillermo Barry; y el abogado querellante, Conrado Rudy Pérez. Los otros dos optaron por dejarlo en libertad, con prohibición de acercarse a las víctimas.
Al momento de los alegatos, los acusadores habían solicitado una pena de 18 años de prisión. Pérez sostuvo que el edil debía pasar tras las rejas 20 años.
La condena se fijó en 13 años porque el Tribunal dejó de lado los delitos de coacción y privación ilegal de la libertad “por insuficiencia probatoria”.
Según la denuncia, los hechos ocurrieron entre 2022 y 2023. Las víctimas dijeron que eran citadas fuera del horario laboral y, en esas circunstancias, Córdoba les exigía mantener relaciones sexuales, amenazándolas con dejarlas sin los planes sociales. Y que por ese motivo accedieron.
Una de las denunciantes dijo que “se sabe que 27 compañeras de trabajo también pasaron por situaciones parecidas siendo víctimas de Córdoba, pero la mayoría se encuentra en situación de vulnerabilidad económica y saben que si no tienen ese sueldo, no comen”.
La Justicia entendió que el concejal cometió los delitos de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con otros dos casos de abuso sexual simple.
La Justicia Federal citó a indagatoria a tres exintegrantes de Inteligencia del Ejército por el histórico asalto en el que desaparecieron expedientes clave sobre crímenes de lesa humanidad.
Por Nicolás Maggi
