Lo último que captó la cámara de vigilancia de un edificio de España al 700 la noche del pasado 23 de diciembre fue que un hombre se acercaba a cortar los cables. Había llegado en una camioneta Chevrolet Trucker con la patente cambiada, la misma en la que circulaba una empleada policial detenida la semana pasada en Roldán junto a su pareja. Los efectivos quedaron en prisión preventiva por 60 días —en el caso de la mujer, en prisión domiciliaria— acusados de intervenir en el millonario robo a un estudio jurídico concretado tres días después en esa cuadra y de movilizarse en un vehículo robado.
La pareja de policías fue detenida el miércoles pasado. Y el sábado la fiscal de Investigación y Juicio Juliana González imputó a los efectivos por un robo del 26 de diciembre en un estudio jurídico y notarial de España al 700 que asiste a grandes empresas. De allí se llevaron 120 mil dólares y 2 millones de pesos tras forzar la puerta de ingreso en un típico “escruche”, como se les llama a los robos en propiedades cometidos en ausencia de los moradores.
Pequeño detalle
A raíz de una investigación con tareas encubiertas y cruce de datos con Gendarmería, efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) apresaron a Karina Soraya Navarro, una médica policial de 48 años, y a su pareja Pablo Alejandro Ramírez, de 43, también policía y dueño de una constructora de viviendas. La mujer fue detenida cuando circulaba por Juan B. Justo y Tarragona en una Chevrolet Trucker patente AB652VB. Luego se allanó el domicilio de la pareja en Roldán donde fue detenido Ramírez.
El vehículo que usaba la pareja había sido robado dos años antes y su patente real era otra. Según expuso la fiscal en la audiencia imputativa, la camioneta fue usada tanto en tareas de inteligencia previas como para concretar el asalto del lunes 26 de diciembre en las oficinas de calle España. Según la investigación, desde hacía cuatro días los asaltantes merodeaban la cuadra para evaluar los movimientos de la zona, posibles lugares de acceso y egreso, medidas de seguridad y dónde había cámaras de vigilancia en funcionamiento.
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La investigación descubrió que a las 20.36 del jueves 22 la camioneta estacionó cerca de la esquina de España y Santa Fe frente a la zapatería Rubén. Del vehículo bajó un hombre hasta ahora no identificado que cortó los cables de las cámaras de vigilancia de un edificio de España 704 y de la zapatería. Al día siguiente, a partir de las 12, el mismo vehículo pasó varias veces por la cuadra hasta que a las 14.49 se detuvo en doble fila frente a la casona donde está el estudio jurídico.
Esta vez bajaron dos hombres que cortaron la energía eléctrica de la cuadra. A partir de ese corte la alarma del estudio comenzó a consumir su propia batería, que se agotó el lunes 26 y dejó de funcionar. El robo se concretó entre la 1.28 y las 4.05, cuando al menos tres hombres que llegaron en la misma camioneta forzaron el ingreso a las oficinas, revisaron el lugar, causaron gran desorden y violentaron dos cajas fuertes. Así se apropiaron de 120 mil dólares y 2 millones de pesos, una notebook Samsung gris, una impresora, un cheque de un sanatorio por 125 mil pesos y el disco de la cámara de vigilancia.
¿Cómo reconstruyeron los investigadores esos movimientos? Es que en el trabajo de inutilizar cámaras y alarmas no advirtieron la existencia de una cámara en un estacionamiento de la cuadra que registró las tareas. Además fue captado el dominio del vehículo, lo que permitió establecer por dónde había estado la Trucker los días previos.
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Y si bien la camioneta no fue registrada durante más de un mes tras cometido el hecho, a partir del 17 de febrero volvió a ser detectada por cámaras municipales. Así, siguiendo la pista de la Chevrolet, los investigadores llegaron a la pareja ya que cuando interceptaron el vehículo fue apresada Navarro al volante.
Roles
Los policías fueron imputados con distintos roles por robo agravado por cometerse en lugar poblado y en banda y por su condición de policías. Ramírez fue imputado como coautor “por haber existido un acuerdo previo de voluntades y haber tenido pleno dominio del hecho”, planteó la fiscal, quien le reprochó haber aportado “conocimientos propios de su función en las medidas preparatorias para no dejar rastros”. Al respecto, se supo que el policía revistió en Inteligencia de la AIC en 2014 y 2015, luego fue trasladado a Las Rosas y por estos días estaba esperando que le asignaran un destino. Por su parte Navarro fue considerada partícipe primaria por haber facilitado el vehículo “con conocimiento” de que se usaría para cometer “un delito sin el cual no hubiera podido cometerse”.
A los efectivos también les achacaron encubrimiento por haber adquirido la camioneta en una fecha aún indeterminada. La Trucker blanca había sido robada a mano armada el 22 de marzo de 2021 en Caseros, provincia de Buenos Aires, y luego le colocaron otra patente. Según la imputación, la pareja tuvo “ánimo de lucrar” mediante el uso de dicho auto, al haber sacado provecho de su uso y emplearlo para un hecho ilícito” la madrugada posterior a la Navidad en el centro rosarino.
Les atribuyeron además haber adulterado la numeración original grabada en los cristales de la camioneta, en los que se inscribió otro número de motor.
Tras exponer las imputaciones, que fueron cuestionadas por la defensa de la médica policial, la fiscal solicitó la prisión preventiva para ambos efectivos. La jueza María Isabel Mas Varela dispuso la medida cautelar por 60 días para ambos: de cumplimiento efectivo para Ramírez y en modalidad domiciliaria con uso de tobillera electrónica para la mujer, que así podrá seguir amamantando a su hijo de 1 año y medio. Sin embargo, no hizo lugar a su pedido de salidas laborales.
Por último autorizó la extracción de datos de dos celulares secuestrados a la mujer y otros seis incautados en el allanamiento a la casa de Roldán, además de autorizar el relevo del secreto bancario de las cuentas de ambos imputados.
