El 2021 ya es historia. Un año con días de una violencia espantosa que se ha vuelto parte de la vida diaria. He aquí un conteo de 15 puntos, subjetivo y a manera de balance, que busca aportar las aristas para entender otro año en el que creímos haber vivido en peligro y que cerró con números de crímenes que lo coloca como el más crudo desde 2014. Un año con cambios en el gabinete de seguridad, en el que quedó al desnudo que una parte de la city local no le hace asco al dinero narco, y que para manejar el juego clandestino hay que buscar apoyo en las esferas más altas de la política.
Homicidios
El 2021 cerró como el año más violento en el departamento Rosario desde 2014 con 241 homicidios según estadísticas del Observatorio de Seguridad Pública (OSP), organismo técnico encargado de producir información sobre violencias y otras problemáticas delictivas en la provincia de Santa Fe. De ese total 206 hechos se registraron en la ciudad, 18 en Villa Gobernador Gálvez y 7 en Pérez y Granadero Baigorria. En en toda la provincia se registraron 357 homicidios. Durante el año se produjeron una docena de asesinatos múltiples: hubo 10 doble homicidios, un triple crimen el 12 de noviembre frente a un quiosco de venta de drogas en México al 1700, y un cuádruple crimen ocurrido el viernes 12 de marzo en un pasillo de Cerrillos al 3700, en la Vía Honda. Fuentes consultadas de la Agencia de Investigación Criminal indicaron que el porcentaje de esclarecimiento durante 2021 ronda el 50,45 por ciento.
"El Guille"
Ariel Máximo “Guille” Cantero recibió en octubre de 2021 la octava sentencia en su contra en sus 33 años de vida y acumuló 96 años y 8 meses de condenas. Sin embargo, por ley, no podrá pasar más de 50 años tras las rejas. Lo llamativo es que de las últimas seis penas recibidas, los delitos endilgados fueron cometidos mientras estaba en prisión. En septiembre la Justicia provincial le dio 28 años de cárcel tras ser acusado de instigar siete de las 14 balaceras contra domicilios de magistrados y edificios judiciales ocurridos en 2018 en Rosario. En octubre fue sentenciado en un acuerdo abreviado a la pena de 12 años como organizador de una red de narcomenudeo comandada desde la cárcel junto a Leandro “Gordo” Vilches, y la última semana del año los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery elevaron a juicio el expediente por el ataque al Casino City Center que el 11 de enero de 2020 le costó la vida al apostador Enrique José Encino.
Asociaciones civiles
La noche del martes 19 de octubre el arquitecto Joaquín Fernando Pérez, de 34 años y padre de una pequeña de 2 años, fue asesinado de dos balazos cuando guardaba su auto en una cochera en pasaje Muñiz al 1200, ubicada a pocos metros de su casa en el barrio Sarmiento. El hecho motivó una serie de movilizaciones de vecinos que fueron creciendo en magnitud y tuvieron como momento culminante la noche del miércoles 27 de octubre, cuando el gobernador Omar Perotti y el intendente Pablo Javkin fueron duramente increpados por una parte de los manifestantes concentrados en el Monumento a la Bandera. Por fuera de esa incidencia, el crimen de Pérez visualizó el hastío de la gente y el surgimiento de una serie de asociaciones como Vecinales Rosarinas Unidas por La Seguridad, que promovió un pacto por la convivencia; la Asociación de Familiares y Víctimas de la Inseguridad que junto a la Pastoral de Drogadependencia del Arzobispado de Rosario y otros pastores de diversas religiones movilizaron marchas por la paz.
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A partir del crimen de Joaquín Pérez, en octubre pasado, asociaciones civiles de vecinalistas, familiares de víctimas, sacerdotes y pastores reclamaron paz en las calles.
El exministro
El 19 de marzo Marcelo Sain dejó de ser el ministro de Seguridad de la provincia tras 16 meses al frente de la cartera. Estuvo en funciones durante 461 días hasta que el gobernador Omar Perotti lo relevó y nombró en su lugar a Jorge Lagna. Durante ese período Sain cambio cuatro veces el jefe de la policía rosarina y tuvo que contabilizar sólo en Rosario 272 asesinatos. Intentó corregir el rumbo de la policía santafesina con tres proyectos que elevó a la Legislatura y quedaron en los cajones: Ley de Seguridad Pública, Ley de Control Policial y Ley de Organización de Policía. Tras dejar el ministerio, Sain regresó al Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA), al que había llegado por concurso durante la última gestión socialista, pero tras una serie de roces y roscas políticas fue removido del cargo por la Legislatura e inhabilitado por 10 años para ejercer cargos en el MPA.
Franco Casco
Luego de siete años 19 policías comenzaron a ser juzgados por el tribunal oral federal acusados por la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco, el pibe de 20 años que llegó desde Florencio Varela a visitar familiares en octubre de 2014 y que antes de regresar fue detenido en la comisaría 7ª. Ningún documento oficial expone que Casco haya salido con vida de esa seccional. Su cuerpo fue hallado días después en el río Paraná. Se estima que entre abril y mayo finalizará la etapa de debate y esperan que antes de mitad de año haya sentencia de primera instancia.
Dolar narco
Durante 2021 quedó expuesta la relación existente entre ciertos hombres de la city financiera con el crimen organizado que necesita lavar y blanquear sus ganancias. En octubre una serie de allanamientos realizados por la Policía Federal Argentina se incautaron drogas, armas, municiones, unos 34 millones de pesos en efectivo y más de 30 mil dólares que serían réditos del negocio narco del peruano Julio Rodríguez Granthom desde su celda del penal federal bonaerense de Marcos Paz. Siguiendo el hilo de la investigación los pesquisas supieron que el financista que transformaba las ganancias de ese hombre en dólares blue era Gustavo Shanahan, ex director de Terminal Puerto Rosario, quien fue procesado como parte de la cadena criminal. También quedaron al desnudo las operaciones que Yalil Roberto “Turco” Azum manejaba gananacias del narcotráfico y tenía una mesa de dinero en el reconocido club Echesortu. Por otro lado, la Justicia provincial avanzó sobre una cueva financiera en la cual solía operar el asesinado líder narco Marcelo "Coto" Medrano y procesó a tres reconocidos hombres de la city local por el delito de encubrimiento agravado por delito precedente especialmente grave.
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El financista Gustavo Shanahan, procesado como parte de una banda de narcomenudeo.
El jueves 2 de diciembre el empresario Leonardo Peiti firmó un acuerdo de juicio abreviado en el que acepta su responsabilidad en el control de numerosos emprendimientos de juego clandestino en la provincia y aceptó que para desarrollar su actividad y expandirla participaba sus ingresos con actores de la política y la Justicia. Fue condenado a 6 años de prisión reducida a 3 por colaborar en el proceso que la Fiscalía de Delitos Complejos investigaba para desentrañar una red de juego ilegal y el blanqueo de activos provenientes de esa actividad. La revelación más resonante hecha por Peiti pasó por la confesión de haberse contactado con el entorno de varios senadores provinciales para entregarles dinero a fin de que su grupo político hiciera lobby para conseguir que el gobierno lo habilitara como concesionario en emprendimientos de salas de juego legal.
Robo a edificios
Desde el 15 de marzo en un radio de seis cuadras por seis al menos siete edificios céntricos fueron tomados por delincuentes quienes tras “trabajar” entre las 22 y las 6 de la mañana se dedicaron a saquear oficinas en varios pisos y obtener en algunos casos importantes ganancias. Así fueron pasando a la estadística oficinas robadas en Mitre al 800 la noche del 15 de marzo, el edifico Marea en Santa Fe al 1700 tras el feriado del 24 de marzo, el edificio Hermes II de peatonal Córdoba 1314 el martes 22 de junio, quince oficinas de dos pisos diferentes del edificio y galerías San Miguel de San Luis al 1600 el 23 de julio, la propiedad vertical de Córdoba 1253 el 26 de agosto, el edificio Hermes I de Córdoba 1365 el 16 de noviembre y el 23 de diciembre el edificio de Tucumán 1445 fue el último en la lista.
Cocaína
El secuestro de 400 kilos de cocaína de máxima pureza guardados en un auto de alta gama en un garaje de Villa Gobernador Gálvez el 18 de junio dejó al desnudo que la zona del Gran Rosario no solo es un centro de paso de droga sino que se ha establecido como un importante centros de acopio. El operativo estuvo en manos de la delegación Rosario de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina. La droga había llegado a Santa Fe en una avioneta que despegó en Paraguay y aterrizó en un campo de Larrechea, en el departamento San Jerónimo del centro provincial y a unos 90 kilómetros al norte de Rosario. Desde allí la droga fue transportada en auto hasta Rosario, donde parte de la carga quedó para ser distribuida entre bandas que operan en la región, y el resto iba a ser trasladada hacia el Gran Buenos Aires. Cinco detenidos quedaron a disposición de el fiscal federal de Santa Fe Walter Rodríguez, quien conduce la investigación.
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El 18 de junio pasado un operativo de PFA dejó al desnudo que la zona del Gran Rosario no solo es un centro de paso de droga sino también que se han establecido como un importante centros de acopio.
Guerra de poderes
En un nuevo round en la disputa entre los legisladores santafesinos y los integrantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el jueves 16 de diciembre el jefe de la Unidad Fiscal de Homicidios de Rosario, Adrián Spelta, fue separado de su cargo por 60 días por la Legislatura provincial. Spelta fue suspendido bajo la acusación de haber incumplió normas que regulan el arresto domiciliario al acordar con la defensa Emanuel “Ema Pimpi” Sandoval, una morigeración de prisión de ese tipo. Sandoval fue asesinado en un triple crimen el 25 de octubre de 2019 cuando gozaba de ese beneficio en una casona de La Florida. La Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPA salieron a respaldar a Spelta y a cuestionar duramente el espíritu de la ley 13.807, que permite a la Legislatura enjuiciar a los fiscales del MPA ya que “afecta la autonomía funcional del MPA y la división de poderes, desplaza al juez natural, exime al legislador de dar fundamento de su voto, peca de vaguedad y debilita aquello que hoy día se debe fortalecer”.
Balaceras extorsivas
Además de la seguidilla de ataques a domicilios y vehículos estacionados que se han normalizado con el tiempo, entre el 9 y el 20 de noviembre de 2021 se produjeron atentados a balazos contra seis estaciones de servicio, la noche previa a las elecciones legislativas balearon dos escuelas y el sábado 13 de noviembre por la tarde dispararon contra la sede del Sindicato de Camioneros de la Provincia. En el mismo período se registraron tres ataques vandálicos vinculados a Newell's Old Boys y Rosario Central, incluyendo el incendio de la sede canalla de Mitre al 800. Todo en medio de una profunda interna en el ámbito del Ministerio de Seguridad que repercutió en la policía rosarina y en el hampa local. Zanjada la interna política, los ataques ese tipo de hechos de intimidación pública cesaron.
Gremios en la mira
Si bien desde mediados de 2018 los gremios se han instalado dentro de la cartilla de objetivos punibles de extorsión dentro del área de esa "Afip" callejera que maneja el hampa, este año no dejó de haber sedes gremiales blanco de ataques tanto por extorsión como por internas propias. En septiembre fue baleada la sede de Empleado de Comercio en Corrientes al 300; el 24 de octubre se produjo un incidente contra un delegado del gremio de Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra); en noviembre contra un delegado de ATE perteneciente a la comisión interna de Pami I; luego la sede de Camioneros en Pasco 1043; y los últimos dos, durante la última semana del año, en los locales de Uthgra de Presidente Roca al 1000 y Oroño al 6000. En estos últimos hubo notas intimidatorias hacia el barra de Newell´s Matías Pera.
La gran fuga
La bochornosa fuga de ocho preso de la cárcel de Piñero la desapacible tarde del 27 de junio terminó de sumergir en una crisis al Servicio Penitenciario (SP) Provincial que logró sostenerse dos años en el área del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, separado del área de Seguridad desde la llegada al poder de Omar Perotti. De aquel cinematográfico escape solo se mantiene prófugo Claudio “Morocho” Mansilla, quien en ausencia fue condenado a 25 años de prisión por un doble asesinato. Las fugas expusieron el estado de crisis en la que se encuentra la infraestructura penitenciaria. El 7 de diciembre el SP pasó nuevamente al área de Seguridad y al anunciar la medida Jorge Lagna se comprometió a “controlar esta problemática en la que venimos complicados. Qué pasa en el SP que pertenecía a otro Ministerio. Nosotros habíamos empezado a trabajar en forma conjunta, teníamos una correlación entre ambos ministerios, pero creemos que podemos controlar más lo que pasa dentro de las cárceles desde nuestro ministerio”.
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El 27 de junio pasado ocho presos fugaron de la cárcel de Piñero. Uno, Claudio "Morocho" Mansilla, se mantiene prófugo.
Robo de cables
Durante 2021 los rosarinos volvimos a saber sobre el mercado ilegal de cobre y otros metales. El robo de cables, medidores de agua y de gas se volvieron una moneda corriente. Hasta octubre pasado, cuando se produjo el pico de robos, hubo más de 1.500 casos denunciados de robos sólo en el tendido de redes de Telecom; desde Aguas Santafesinas se informó que desde principios de este año se triplicó la cantidad de medidores robados (de 40 delitos que tenían por mes pasaron a 150); Litoral Gas denunció que tuvo cien robos de flexibles de cobre sólo en octubre. Varias chatarrerías fueron allanadas y clausuradas.
Cuentos virtuales
El año que terminó también estuvo marcado por las estafas virtuales tanto sea por WhatsApp, correos electrónicos, mensajes de texto y llamados telefónicos. Términos como “phishing” (ciberdelincuentes obtienen información confidencial de los usuarios de forma fraudulenta y se apropian de su identidad) o “ransomware” (secuestro de datos a cambio de un rescate económico), fueron palabras que ganaron lugar en las crónicas policiales. A esos términos hay que sumarle palabras como fraudes informáticos, suplantación de identidad, robo de datos personales, malware, entre otras. Claro está, sin perder de vista la catarata de adaptaciones del “cuento del tío” realizadas con llamadas telefónicas desde cárceles y penales de todo el país y teniendo como público privilegiado a los adultos mayores. Y, aunque en baja, los llamados extorsivos fundados en supuestos secuestros de familiares.
