El oficialismo, entre las emergencias del presente y las reformas de largo plazo. Se consolida el eje UCR-PS en una alianza de tres niveles. La nueva Constitución, el gran desafío. El factor generacional
Por Mariano D'Arrigo
Foto: archivo La Capital
Pullaro y Unidos apuestan en el segundo semestre a dar pasos decisivos en reformas de largo plazo: la previsional, la judicial y la constitucional.
Del triunfo electoral al gobierno. Y de la gestión a la construcción de un nuevo orden. Maximiliano Pullaro y Unidos ingresan en la fase 3. Aquí aparece un objetivo igual o más complejo que reducir la violencia o inyectar eficiencia al Estado: es materializar la voluntad reformista en una nueva arquitectura política e institucional que tendrá el sello de sus constructores pero que debe durar varias décadas.
Esta semana, representantes de los partidos que integran la coalición se reunieron en el local rosarino del PDP. El mismo escenario donde en el verano de 2023 se tomaron la foto que certificó el nacimiento del frente de frentes y que prácticamente selló el resultado de la elección.
Ahora Unidos refrendó la hoja de ruta reformista. Sobre todo, de la constitucional, la escalada del monte Everest de las reformas políticas. La que otorga más prestigio y garantiza un lugar en la historia, pero de alto riesgo si se da un paso en falso.
En paralelo a la administración de las emergencias, la fase refundacional pone a prueba la solidez de los acuerdos de una coalición en la que conviven fuerzas como el socialismo y el PRO, que compitieron durante más de una década y que pusieron en segundo plano sus diferencias, pero no las cancelaron.
También presenta un desafío al liderazgo de Pullaro. El gobernador tiene que administrar la tensión entre los intereses de su partido, su corriente del radicalismo, e incluso personales, la cohesión del oficialismo y la responsabilidad de velar por el conjunto del sistema institucional.
En este sentido, la tarea es montar un andamiaje normativo que resista el paso del tiempo y no repose sobre los materiales frágiles de la coyuntura.
“Los cambios se pueden dar porque hay legitimación social y política. Estamos respetando el contrato electoral”, interpretan desde la Casa Gris.
Según el cronograma tentativo que trazaron en Unidos, agosto es el mes para consolidar un proyecto propio de reforma y septiembre el plazo para dialogar sobre el peronismo con un texto sobre la mesa lo más parecido posible a la versión final.
Tras perder casi todo el año pasado, el PJ santafesino se mantiene unido en el plano formal pero balcanizado en el real. En el oficialismo creen que si sectores representativos se suben al barco reformista el proceso puede llegar a buen puerto.
Los negociadores del oficialismo tienen bien presentes dos experiencias. Una es virtuosa. La reforma de 1994, asentada sobre un compromiso político entre el peronismo y el radicalismo, liderados por Carlos Menem y Raúl Alfonsín. La otra, fallida, es la chilena. Tras dos intentos de desarmarlo, sigue vigente el corset constitucional que dejó Augusto Pinochet a la naciente democracia trasandina, pese a que el 80% de la población votó en 2020 a favor de la reforma. “Si no hay acuerdo previo entrás a un lugar del que no sabés cómo salís”, dicen desde el socialismo.
En Unidos no observan bloques políticos boicoteando el trámite de reforma, aunque reconocen que se viene una etapa más exigente y que requiere todavía más pericia técnica y muñeca política.
Algunos temas, como la autonomía municipal o la organización del Poder Judicial, tocan intereses. Otras cuestiones, como la incorporación de nuevos derechos, o el futuro de las empresas públicas, ponen sobre la superficie diferencias entre los propios socios de Unidos.
Aunque todos los partidos tienen asiento en la mesa de la alianza y están contenidos en el gabinete, son la UCR y el PS quienes se sientan en el lugar de conductor y copiloto del proceso. Por volumen de representación parlamentaria, expertise legislativa, confianza construida desde los tiempos del Frente Progresista y mayor cercanía ideológica.
En ese esquema el PRO y Creo quedan en un segundo plano, a pesar de que la vicegobernadora Gisela Scaglia conduce al partido amarillo y Pablo Javkin gobierna la ciudad más grande de la provincia.
En un tercer nivel se ubican las fuerzas más pequeñas. Salvo UNO, no tienen lugares en la Legislatura, aunque Pullaro les dio lugares en el gobierno. Ese es el caso del PDP, GEN, Unir, Encuentro Republicano Federal y la Ucedé.
Lejos de moverse en bloque, quienes integran ese grupo apuestan menos a una orgánica todavía en estado gelatinoso que al vínculo fluido con quienes toman decisiones. Ya sean los ministros o el propio Pullaro.
Hacia dentro de la coalición está instalado de que el gobernador encabezará el año que viene la lista de convencionales constituyentes del frente que reúne a las tribus del no peronismo.
Una jugada que, de mantenerse los niveles de apoyo social a Pullaro en el orden del 70%, empujaría la lista de Unidos y desactivaría cualquier atisbo de interna. No van a sobrar voluntarios para desafiar a un gobernador poderoso.
De todos modos, la movida tiene sus problemas. Uno es cómo armar una lista representativa del capital accionario de cada uno, pero que no deje heridos.
Otro escollo es comunicacional. Hasta acá, y probablemente se sostenga el mismo registro hasta el filo de la campaña, la narrativa de la Casa Gris plantea que el gobernador y los ministros se encargan de la gestión y la reforma entra en la órbita de competencias de la Legislatura.
Eso es lo que plantea una figura importante del gabinete. “Maxi no está pensando en otra cosa más allá del día a día y en seguir ordenando la provincia. La prioridad número uno es terminar la reforma de la caja de jubilaciones”, sostiene.
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“Él se va a presentar. Si tenés imagen positiva alta y necesitás la reforma para la reelección, ¿por qué le vas a dejar el lugar a otro? Pullaro se va parar desde el lugar de que necesita reformar la Constitución para tener las herramientas para gobernar”, cree un socio fundador de Unidos.
En el socialismo se muestran celosos con el procedimiento. “Hablar de quiénes van a ser los candidatos en la constituyente es generar un ruido que no colabora. Si no hay texto acordado no va a haber proceso reformista. Hay que generar mucha confianza hacia dentro y hacia fuera de que la reforma no es un traje a medida para nadie”, remarcan desde la conducción del PS.
Uno de los grandes temas es la reelección del gobernador. No en abstracto, donde parece haber un consenso extendido sobre incorporar esta modificación. Sino en concreto sobre el caso Pullaro, que juró sobre una Constitución que no lo permite.
Si bien Pullaro no se expresó públicamente sobre el tema, en Unidos creen que al final el millón de votos que consiguió el radical en las generales de 2023 y el escaso interés que le genera la escena nacional terminarán abriendo la puerta a la reelección del criado en Hughes.
Dirigentes radicales ya están abonando el terreno discursivo. “Puesta la Constitución arriba de la mesa aprobada, sancionada y vigente es la Constitución con la que el gobernador en ejercicio va a terminar su mandato”, le dijo a El Litoral Santiago Mascheroni, secretario de Justicia de la provincia y encargado de la UCR de sintetizar los distintos proyectos del radicalismo sobre el tema.
En este punto, los carriles de las reformas se cruzan. Será la nueva Corte Suprema, si prospera la avanzada de Pullaro, la que tendrá que decidir si es constitucional, o no, que Pullaro intente la reelección.
Pese a la dureza discursiva inicial, el gobierno apuesta a convencer a los actuales integrantes con la zanahoria de una jubilación con las actuales condiciones del sistema previsional antes que con el palo del juicio político. “Estamos convencidos de que la Justicia se tiene que modernizar. ¿Alguien cree que lo puede hacer esta Corte? Dialogamos, pero todo proceso tiene su tiempo”, dicen desde el Ejecutivo.
La contracara de ese proceso de renovación —del que todavía no está claro a cuántos miembros abarcará y en qué orden se dará— es la selección de los reemplazantes.
“Hay que ser prolijos. Si sos descuidado estás al borde de armar la Corte de Nazareno”, dice un referente de la coalición, en referencia al presidente de la mayoría automática del menemismo. “Los cambios de humor de la sociedad son muy vertiginosos, no hay que dar excusas”, agrega. Los vientos a favor pueden volverse en contra.
Desde la cocina de Unidos aseguran que aún no hay nombres para la Corte. Aunque algunos sí se plantean distintos criterios para la nueva conformación del tribunal: paridad de género, representación territorial (no sólo de Santa Fe y Rosario, sino también del interior de la provincia), equilibrio entre progresistas y conservadores y entre especialidades del Derecho.
A eso se suma una regla no escrita de la ingeniería institucional: que la Corte contenga personas que vengan del mundo de la academia, la Justicia y la política.
Es una operación política delicada, porque entra en el terreno del legado que dejarán Pullaro y los fundadores de Unidos a Santa Fe en las próximas décadas.
La cuestión generacional también juega. Con mayoría de protagonistas sub-50, formados en democracia y más inclinados al pragmatismo que a la rigidez ideológica, entre la dirigencia de Unidos entusiasma la idea de que después de treinta años de intentos truncos esta camada pueda, al fin, ponerle el cascabel al gato de la reforma constitucional.
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