La salida de Martin Guzmán del Ministerio de Economía nacional vuelve a poner en escena los problemas estructurales de la economía argentina, los que lamentablemente se han venido profundizando durante los últimos años. No es un problema de nombres propios, es un problema de diseño e implementación de un plan política-económico.
Durante los dos primeros años del gobierno de Alberto Fernández, desde diferentes sectores planteamos la necesidad de contar con un plan económico, que de algún modo nos permita proyectar en qué contexto económico nos íbamos a tener que desempeñar.
Conocer el plan es fundamental para poder tomar decisiones, ya sea por parte de las empresas, las familias, los gobiernos subnacionales, etc., teniendo cierta claridad respecto al comportamiento esperable de las políticas macro económicas más importantes, tales como la política fiscal (gasto público y su financiamiento tributario), política monetaria y financiera (reglas que permitan contener la emisión de dinero y fijación de la tasa de interés), política cambiaria (evolución del tipo de cambio real, es decir, el precio del dólar en relación a la inflación de nuestro país y del resto del mundo con quienes mantenemos relaciones comerciales).
Dicho plan económico tardó mucho tiempo en llegar. Durante dos años asistimos a anuncios esporádicos, con pocas explicaciones de las decisiones que se tomaban y muchas marchas y contramarchas que aportaban a la confusión general. Ausencia de seguridad jurídica, se le suele decir.
Cómo olvidarnos las restricciones a las exportaciones de carne en 2021 o la reducción en la tasa de corte de biodiesel, dos medidas que pegaron de lleno en la actividad productiva santafesina y que privaron a nuestro país de obtener dólares por la vía genuina de las exportaciones (o sustitución de importaciones, según el caso).
Recién a inicios de 2022, en el marco del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se conocieron un conjunto de definiciones de política económica en materia fiscal, monetaria, cambiaria y financiera.
Sin embargo, al mismo momento que se conocían los pormenores del acuerdo, algunos legisladores del propio oficialismo nacional marcaban sus discrepancias con los compromisos asumidos. Incluso, esa situación derivó en la salida de Máximo Kirchner de la conducción del bloque oficialista en la Cámara de Diputados de la Nación.
De tal modo, nos encontramos por primera vez en marzo de 2022 con los lineamientos generales de un plan económico y con un ministro debilitado para poder cumplirlo. Todas las ventajas que podría haber generado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en términos de transmitir confianza a los actores de la economía, automáticamente se perdieron como consecuencia de la incertidumbre derivada de la ausencia de apoyo político para implementarlo.
Ahora bien, a poco de ponerse en práctica el acuerdo empezaron a surgir algunos incumplimientos. El tipo de cambio real (oficial) volvió a retrasarse (corriendo por detrás de una inflación creciente), la contención del gasto público en subsidios energéticos no pudo implementarse, la acumulación de reservas del Banco Central brilló por su ausencia.
Y aquí surge la duda entonces. ¿El Acuerdo con el FMI es de imposible cumplimiento en términos económicos o no existe voluntad política de hacerlo por parte del gobierno nacional? La salida del Ministro Guzmán no hace más que agigantar esa duda.
Desde el pasado lunes, que asumió Silvina Batakis a cargo del Ministerio de Economía, se esperan definiciones claras respecto del diseño de la política económica a instrumentar. ¿La nueva conducción económica se va a abocar a dar estricto cumplimiento a los compromisos asumidos con el FMI? ¿Se buscará una renegociación de los compromisos asumidos con el organismo internacional? De ser así, ¿cuáles son los cambios que se propondrán y qué probabilidad de éxito tiene esa potencial negociación con el Fondo? ¿La Ministra Batakis optará por despegarse del acuerdo y dejará de cumplir los compromisos asumidos? En tal caso, ¿qué hará el FMI al respecto? Tengamos presente que si el FMI deja de realizar los desembolsos trimestrales previstos en el acuerdo, automáticamente nuestro país caerá en default, ya que no cuenta con las reservas suficientes para pagar los vencimientos del presente año.
Como puede verse, son muchos interrogantes, para los cuales hay muy pocas respuestas precisas, claras y creíbles. Cuando faltan definiciones, todas las especulaciones tienen algún grado de probabilidad de ocurrencia, y frente a dicho escenario se resiente la actividad económica porque nadie se anima a tomar decisiones de relevancia. La actividad se paraliza, los precios se incrementan “preventivamente”, y todos buscan alguna referencia para sentirse un poco menos desprotegidos.
Ante cualquier cambio en la conducción económica sentimos que estamos frente a una nueva oportunidad. Las condiciones en las que le toca asumir a Batakis seguramente no son las que ella hubiera elegido. Resulta deseable que prontamente conozcamos hacia donde se orientará su plan económico y con qué respaldo político contará la ministra para poder llevarlo adelante.
En cualquier caso, es deseable que ante esta nueva oportunidad, pongamos a la economía productiva en el centro de la agenda de política económica. Es imposible resolver los problemas estructurales de la economía argentina si no logramos generar los incentivos apropiados para movilizar los factores productivos con que cuenta nuestro país. Recursos naturales envidiables, capacidad de ahorro y acumulación financiera (que lamentablemente luego se fuga ante la falta de condiciones estables) y recursos humanos calificados.
El diseño de la política económica debe apuntar a alcanzar el máximo aprovechamiento de tales recursos y para ello se requiere generar confianza. No habrá ministro que pueda encaminarnos hacia la solución de los problemas estructurales de nuestra economía, si los argentinos no nos ponemos de acuerdo hacia dónde queremos ir y nos comprometemos a transitar ese camino durante largos años de manera sostenida.
(*) Gonzalo Saglione es licenciado en Economía. Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR. Asesor de la Cámara de Diputados. Ex ministro de Economía de la provincia de Santa Fe en el período 2015/2019. Y consultor independiente.
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