Luis Toto Caputo usó el prime time de las malas noticias económicas —la noche del viernes— para anunciar que el gobierno mandaba a la papelera de reciclaje aspectos clave de la ley, como el aumento de las retenciones, el blanqueo, la moratoria, el adelanto de Bienes Personales y la modificación de la fórmula jubilatoria, las vías por la que el gobierno pretendía llegar a la meta del déficit cero, pero no presentó una hoja de ruta alternativa.
Ese silencio del ex trader del JP Morgan y del Deutsche Bank sugiere que el gobierno piensa en tres opciones, no necesariamente antagónicas. La primera es ajustar aún más el torniquete del gasto, una situación que pondría a las provincias en una situación aún más crítica. La segunda es aumentar ingresos, por ejemplo, a través del aumento de impuestos, algo que el presidente ya se mostró dispuesto a hacer pese a las promesas previas de automutilarse si iba en esa dirección. La tercera es no cumplir con el objetivo o maquillarlo con contabilidad creativa de las cuentas públicas.
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El manoseo del dictamen firmado a ciegas en la madrugada del miércoles terminó de espantar a viejos lobos de la política acostumbrados a hacer pie en el barro de la rosca pero que son conscientes de las derivaciones políticas, e incluso penales, de tunear un proyecto fuera del ámbito parlamentario. De no haber dado el paso atrás con ese dictamen, este martes la ley hubiera sido desguazada en vivo y en directo en una sesión maratónica más parecida en su dinámica a un programa de televisión de la tarde que a una instancia parlamentaria.
Desde la presidencia de Diputados, pero con sólo 38 diputados de su espacio en el recinto, el voluntarioso Martín Menem es portador de sangre azul en el noventista mundo Milei y su padre es un veterano de mil batallas legislativas como Eduardo Menem pero no puede romper las rígidas leyes de la aritmética.
En esas horas de negociación frenética Maximiliano Pullaro asumió un rol protagónico como defensor del complejo agroexportador y articulador de una coalición productiva con gobernadores y legisladores. “Maxi fue a hacer lo que tenía que hacer. Habló con el ministro Francos, le volvió a transmitir su voluntad de colaborar y le volvió a presentar su propuesta para equilibrar las cuentas”, dicen desde el entorno más cercano al gobernador santafesino, que ideó un esquema para subir el impuesto a los Bienes Personales y Ganancias a menos del 10 por ciento más rico de la sociedad y con el que, estiman, se podrían recaudar 2 billones de pesos. Representaría el 80% de lo que se perdió por las modificaciones en el impuesto el año pasado cuando Sergio Massa iba por la carambola que le permitiera ganar la elección pese a la inflación galopante.
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Cerca del radical no creen que haya empezado una etapa de mayor confrontación con el gobierno nacional, con el que comparten electorado y coinciden en el rumbo general. “Estamos defendiendo intereses, la charla con Francos muestra que no hay lazos rotos, queremos ayudar a la cuestión de fondo que es el déficit”, señalaban desde la mesa chica del gobernador antes de la conferencia de Caputo.
Al igual que Pullaro, otros gobernadores se sumaron al reclamo de los principales sectores económicos de su provincia, como los patagónicos con la energía y los tucumanos con el azúcar y los cítricos. Por la velocidad con la que se abrieron del bloque de Unión por la Patria por artículos que al final se terminaron cayendo, los legisladores que responden a Osvaldo Jaldo podrían cambiarle el nombre de la bancada de Independencia e Impaciencia.
La exacerbación del federalismo centrífugo convierte a la política nacional en un festival de lobbies sectoriales y geográficos y se desdibuja la visión de conjunto.
“El único que aún con mucho alambre tiene una mirada nacional es el peronismo. Los otros son espacios colegiados, bandas de distintas provincias. Somos la última línea de defensa del orden establecido. Al final, los conservadores somos nosotros”, dice con una sonrisa un diputado de Unión por la Patria.
Con el peronismo político disgregado, Alberto Fernández en Madrid y Sergio Massa y Cristina Kirchner esperando que la inflación levante la temperatura de la olla a presión que es la sociedad argentina, la CGT aparece provisoriamente como el principal punto de referencia de quienes ya activaron el modo resistencia a Milei.
La exacerbación del federalismo centrífugo convierte a la política nacional en un festival de lobbies sectoriales y geográficos y se desdibuja la visión de conjunto La exacerbación del federalismo centrífugo convierte a la política nacional en un festival de lobbies sectoriales y geográficos y se desdibuja la visión de conjunto
Pese a la representatividad cada vez menor de los empleados registrados en el mundo del trabajo —una reforma laboral de hecho que el peronismo no supo revertir—, el desgaste de conducciones que llevan décadas en sus cargos y la decisión de la CGT de convocar un paro con un mes de anticipación a la espera de una negociación con Casa Rosada que nunca llegó, el paro con movilización del miércoles significó una protesta masiva que por volumen, la diversidad de sectores que salieron a la calle y la cantidad de personas sueltas pareció más una marcha del 24 de marzo que una jornada de lucha sindical.
Aunque los estudios de opinión de enero muestran una leve caída respecto a diciembre, la protesta convocada por la CGT no es síntoma de una hemorragia de apoyo a Milei pero sí una señal de vida de una sociedad civil densamente organizada y un mensaje a los diputados que se sentarán el martes en sus bancas para votar la nueva versión del proyecto insignia libertario.
Aún reducida, la ley ómnibus puede ser una combi de Troya. Incluye una amplia delegación de facultades en nueve materias, la privatización total o parcial de 40 empresas públicas, la transferencia al Tesoro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses y, como advirtieron tres relatoras especiales de la ONU, avanza en la criminalización de la protesta social.
Despejado el capítulo más irritante, la oposición dialoguista está ante el dilema de darle todas estas herramientas a Milei o bien ir por más retoques, con el riesgo de que el conflicto vuelva a escalar y quedar en el lugar obstruccionista que buscan evitar a toda costa.
También es un aprendizaje a la fuerza para un gobierno que decidió empezar su gobierno por el más peligroso de los caminos. En lugar de acordar con un sector de la política para tomar medidas impopulares o pelearse con la casta con un esquema económico gradualista y que contemple compensaciones materiales, Milei eligió el shock económico y el choque frontal contra los integrantes de un sistema político que tienen entre sus capturas de pantalla el proverbio con que comienza Kill Bill, la película de Quentin Tarantino: “La venganza es un plato que se sirve mejor frío”.
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Por ahora, Milei se resiste a salir de la negociación ley por ley y a ampliar su coalición, en un contexto donde el alivio económico es incierto y cuando ya empezó a perder soldados en el camino.
El caso más resonante, pero no el único es el de Guillermo Ferraro, que entró a la política en el peronismo bonaerense en tiempos de Antonio Cafiero y en el último tiempo formaba parte, al igual que Milei y el silencioso jefe de Gabinete, Nicolás Posse, de la Corporación América.
Con la salida de Ferraro, sólo queda el desgastado Guillermo Francos como puente principal con el establishment político que Milei desconoce y desprecia, pero que posee una de las llaves de la gobernabilidad.
Con un poder institucional opuesto al de Milei, y arquetipo del político profesional, Pullaro tiene en Santa Fe dos frentes de conflicto complejos con la seguridad y la paritaria estatal.
Con la seguidilla de balaceras y amenazas contra el gobernador parece cuestión de tiempo para que haya otro caso como el de César Roldán, el colectivero asesinado en diciembre en Eva Perón y Cullen, cometido por los rudimentarios pero muy violentos grupos criminales que pulsean entre sí y con el Estado por el control del territorio.
“La gente comprende que son situaciones que se dan por una decisión acertada. Sabemos que esto va a ser así entre seis y ocho meses más, hasta que se termine de ordenar el servicio penitenciario”, señalan en la Casa Gris.
A eso se suma la discusión salarial con los gremios de los empleados públicos.
El gobierno pone sobre la mesa la brecha entre la aceleración de los precios y los recursos disponibles y aseguran que si a mitad de año los ingresos superan a la inflación los salarios recuperarán poder adquisitivo, una promesa difícil de aceptar para los gremios en un escenario donde la inflación acorta los horizontes temporales.
“Se tiraron un pleno. La gente está prendida fuego”, dice un sindicalista.
Por el contrario, en el gobierno provincial creen que tienen espalda para sostener la pulseada con los gremios. El laboratorio pullarista ausculta de manera permanente la opinión pública y según sus datos la política de seguridad tiene 76% de apoyo y la educativa 73% de respaldo.