A partir del programa “Santa Fe+Justicia”, implementado hace un año por el gobierno provincial, se presentó el martes pasado en la Casa Gris el capítulo sobre la reforma del Código Procesal Penal Juvenil con la intención de modificar y actualizar el Código Procesal de Menores que por ley 11.452 fue sancionado el 29 de noviembre de 1996. Entre los impulsores del proyecto que pasará a discutirse en la Legislatura santafesina en el período de sesiones ordinarias, se encuentra el secretario de Justicia de la provincia, Gabriel Somaglia, quien en diálogo con La Capital puntualizó que la nueva ley contempla entre otros puntos importantes la realización de juicios orales para los menores punibles y la creación de la figura del querellante.
— ¿Por qué se decidió implementar la reforma del Código?
— Tenemos en el plano nacional un régimen de minoridad obsoleto, es de 1980, de la época de la dictadura. Y en 1996 se reglamentó un proceso penal juvenil en Santa Fe que está desacoplado con los estándares internacionales en cuanto a derechos. Además, los jueces de menores se encuentran a veces con vacíos legales y mucho mérito les cabe a ellos al tratar el tema de menores no punibles, es decir los que aún no cumplieron 16 años. Los magistrados notaban un déficit que nos remarcaron en innumerables ocasiones y esperamos corregir. El nuevo Código Procesal Penal Juvenil se diferencia puntualmente del actual en que presenta un enfoque acusatorio, oral, público, adversarial, controversial y restaurativo sustentado en la responsabilización del joven infractor y la reparación del daño provocado a la víctima. También se debe destacar que la reforma propuesta es poner a Santa Fe a la altura de las legislaciones internacionales en la materia.
— ¿Cuáles son los tiempos para que el nuevo Código sea puesto en marcha?
— Lo presentamos para que tome estado parlamentario en las sesiones ordinarias, así que el proyecto estaría en la Legislatura la primer semana de mayo y podría sancionarse antes de fin de año para después ponernos a trabajar en su implementación concreta.
— ¿Cómo se gestó el proyecto de ley?
— Se hizo por medio de una comisión en la que participaron distintos actores que hacen a la Justicia y fue una obra colectiva en la que debatieron representantes de los Colegios de abogados, de Magistrados, el Servicio Público Provincial de la Defensa, la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes y el Poder Ejecutivo. Fue parte de un acuerdo de los tres poderes del Estado. Y en ese intercambio de aportes se contemplaron realidades que no están en el Código actual, que presenta una laguna importante para quienes trabajan en la Justicia santafesina.
— ¿Cuáles son los cambios más notables entre el Código vigente y el proyectado?
— El enjuiciamiento de los menores que son imputables, es decir la franja de los 16 a los 18 años, se marca en un proceso que tiene más de 25 años de antigüedad y transita los parámetros de la Justicia penal que en Santa Fe era inquisitoria. Es decir un proceso escrito en expedientes en los cuales el juez investiga, acusa y resuelve sin que las víctimas tengan participación alguna. Lo que se hizo fue proyectar un Código acusatorio, con fiscales y jueces especializados, con participación de las víctimas en su rol de querellantes, con juicios abiertos, orales y públicos.
— ¿Cómo es la situación actual de la Justicia de Menores en la provincia?
— El Estado tiene más de 250 jóvenes de entre 16 y 18 años bajo la órbita de la Justicia Penal Juvenil. De esos, unos 70 están en dependencias juveniles privados de su libertad. Esos chicos vienen de hogares y situaciones personales excesivamente vulnerables, depresivas económicamente y vinculadas al consumo de estupefacientes en la mayoría de las veces. El nuevo Código contempla cada una de esas situaciones y se piensa siempre en el interés superior del niño, por lo que se establecen un conjunto de medidas socioeducativas de carácter autónomo o cautelar, tales como la inclusión en programas de educación, oficios, trabajos comunitarios, actividades terapéuticas, reparación del daño causado, tendientes a la reintegración social del infractor penal juvenil. Con juicios orales y públicos, todo será más transparente y el chico va a poder expresarse libremente, sin expedientes ni escritos de por medio.
— ¿Cuál es la situación de los menores de 16 años?
— Con los menores de 16 años se actúa distinto. Hay un debate instalado sobre si se debe bajar o no la edad de imputabilidad, pero es una discusión aparte. En ese marco los menores de 16 años están excluidos de este proyecto ya que no tienen responsabilidad penal y no pueden ser sujetos de un juicio ni de una investigación. Pero en el proyecto se reglamentó que se puede investigar al menor de 16 en casos de ofensas sexuales, uso de armas y otros delitos graves. Podrá instruirse un proceso para determinar su autoría en un delito, y si resulta responsable se lo deberá abordar interdisciplinariamente, no se lo juzgará ni se lo penará, obviamente. Esto es una novedad, y es la posibilidad de desarrollar una tarea investigativa, no un juicio, pero sí determinar la responsabilidad de ese menor para así favorecer su abordaje y reinserción social.
— En la lectura del proyecto de Código resalta el rol importante que se dará a las víctimas.
— Sí, la víctima puede tomar el lugar de querellante. En este caso el juicio será público, oral y controversial como es con los adultos y las víctimas tendrán derecho a participar activamente en el proceso. El rol será aportar pruebas, colaborar con la investigación y solicitar la reparación de los daños. La víctima podrá ser convocada por el juez y consultada antes de dictar sentencia. Los familiares, en caso de que la víctima haya fallecido, incluso podrán ser querellantes.
— ¿Cómo y en que tiempo se llevará adelante la reforma?
— Tenemos jueces de menores especializados y habrá que aportar a los recursos humanos con los que contamos la capacitación para actuar como fiscales. Actualmente hay muchos fiscales especializados en minoridad y habrá que incorporar a otros. Se pueden transitar estos cambios de una manera gradual en forma muy inmediata. El Código Procesal Penal de la provincia se sancionó en 2007 y se hizo efectivo gradualmente hasta entrar en vigencia plena en 2014, tal vez en este caso suceda lo mismo. Esa gradualidad también permite la previsión presupuestaria. Luego se asignaran partidas edilicias y de recursos. Pero lo primero es que la Legislatura apruebe el proyecto y sostener la ley en el tiempo. Y al hablar de los recursos es fundamental pensar un plan de implementación que debe ser gradual y el Poder Ejecutivo junto al Judicial lo deberán implementar. Tengo la convicción de que se podrá llevar adelante en poco tiempo.
