Carlos Stornelli, el fiscal que investiga una trama de presuntos sobornos pagados durante una década a los gobiernos de los ex presidentes argentinos Néstor Kirchner y Cristina Fernández, aseguró que una filtración del caso podría haberle causado la muerte.
"Éramos conscientes de que una filtración de este estilo nos podía costar la vida, nos podían matar. Jamás vi algo parecido y tengo 40 años en Tribunales", comentó Stornelli en una entrevista brindada este domingo al canal del diario "La Nación".
Stornelli confió en que la investigación que lleva adelante puede "llegar a la verdad" y "tener responsables". "Es una asociación ilícita de manual", comentó acerca del presunto delito que investiga.. Dieciséis personas, todas ellas ex funcionarios y empresarios, se encuentran detenidos en el caso desde su relevación el miércoles a partir de una investigación periodística.
El caso. Tres periodistas del matutino recibieron meses atrás una serie de cuadernos en los que el chofer de un ex funcionario kirchnerista anotó entre 2005 y 2015 rutas, pagadores y destinatarios de los presuntos sobornos pagados en ese lapso a los gobiernos de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Los ocho cuadernos fueron fotocopiados por los periodistas, que hicieron además una copia en alta definición, y fueron devueltos a la fuente que los había entregado. Luego, el periódico entregó una copia del material a la Justicia.
El autor de los cuadernos fue el chofer Oscar Centeno, un ex policía al que el juez federal Claudio Bonadio decidió excarcelar este viernes después de escuchar su declaración como testigo protegido. Bajo ese beneficio legal, que contempla que permanezca en libertad mientras prosigue la investigación, Centeno reconoció haber quemado los cuadernos con los presuntos pagos de sobornos.
La Justicia investiga si los ex presidentes Néstor Kirchner (2003-2015) y Cristina Fernández (2007-2015) lideraron una asociación ilícita que cobraba sobornos para la concesión de contratos de obra pública. Fernández de Kirchner, actual senadora por la opositora agrupación Unidad Ciudadana, fue citada a declarar el 13 de agosto. En tanto, el juez Bonadio le pidió al Congreso que le permita registrar los tres domicilios que Fernández tiene en Buenos Aires, El Calafate y Río Gallegos, los dos últimos en la austral provincia de Santa Cruz.
