Sospechan maniobras de directores de Vicentin para eludir las deudas

“Nuestra presentación judicial apunta a la gestión de Vicentin, no a la propiedad”, resumió a La Capital María Victoria Stratta en alusión al escrito presentado por el gobierno santafesino el viernes pasado, y ampliado ayer, ante el juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, a cargo del concurso preventivo del gigante cerealero.

   Aparte de diferenciar el sustrato jurídico de la presentación santafesina, en contraste con la intervención y proyecto de expropiación que propicia el DNU presidencial, la titular de Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia (IGPJ) consignó que en el escrito ampliatorio se solicita al magistrado que, además de admitir la designación del triunvirato administrador integrado por los dos interventores designados por el presidente Alberto Fernández y el propuesto por el gobernador Omar Perotti, separe a los directores de Vicentin repuestos en sus cargos el viernes.

   Además, lanzó una grave denuncia contra al menos cuatro directivos de la firma que enajenaron bienes a principios de año, en el marco del proceso concursal.

   “Nos encontramos con información proveída por el Registro General después de presentado el escrito dando cuenta que, desde enero hasta mayo, se registraron certificaciones tendientes a otorgar escrituras públicas de enajenación por parte del presidente de la sociedad, de apellido Buyatti, dos directores titulares, de apellidos Vicentin y Colombo, y una directora suplente de apellido Padoán”, reveló la titular de la IGPJ.

    —¿Cómo se gestó lo que se ha denominado la intervención del gobierno santafesino en el caso Vicentin?

   —Hace un tiempo veníamos viendo el entramado societario de Vicentin. Cada sociedad nos fue llevando a otra, incluidas algunas extranjeras. Y al momento de dictarse el decreto del Poder Ejecutivo nacional que dispuso la intervención, se resolvió buscar una solución técnica e irreprochable desde el punto de vista jurídico para que la provincia pudiese intervenir en este proceso.

   —¿Qué ha planteado ahora la provincia en el escrito ampliatorio ante el juez del concurso?

   —Planteamos el viernes una intervención para desplazar el directorio de la empresa únicamente. Pero el escrito literalmente se cruzó con una resolución del juez, cuando nuestra presentación estaba llegando a Reconquista, donde admite un planteo de los directores de la concursada y los restituye. Entonces, ahora presentamos otro escrito, en el que insistimos en el pedido de intervención judicial y aportamos nuevas sospechas sobre los directivos de Vicentin para que sean apartados de sus cargos.

   —¿Cuáles son esos datos que ameritaron la nueva presentación?

   —Esto es muy dinámico, van surgiendo cosas. Por ejemplo, luego de la presentación del viernes nos llegó información de que existe una sociedad radicada en Córdoba, Arsa, que elabora postres y yogures de Sancor, una decena de marcas de Vicentin, por intermedio de una triangulación uruguaya. También nos encontramos con información proveída por el Registro General después de presentado el escrito que, desde enero hasta mayo, se registraron certificaciones tendientes a otorgar escrituras públicas de enajenación por parte del presidente de la sociedad, de apellido Buyatti, dos directores titulares, de apellidos Vicentin y Colombo, y una directora suplente de apellido Padoán, circunstancia que hemos informado con los números de aforo correspondiente. Todo eso hace un contexto que, en nuestra opinión, torna necesaria la intervención.

   —Uno de los directivos de Vicentin dijo que la propuesta santafesina es aberrante y peor que la expropiación, porque extiende indefinidamente la intervención...

   —La intervención no es indefinida. Al plazo de 60 días que establece el decreto, la propia sociedad había dicho que no era suficiente, con lo cual coincido. También la concursada dijo que se había avasallado la potestad de la provincia, objeción que, aunque no quiere decir que la comparta, quedó a salvo con nuestra presentación. De manera que todas esas objeciones están a salvo. Lo que pretendemos es que la administración que se instale gestione la empresa. Estamos apuntando a desplazar la gestión de Vicentin, no la propiedad.

   —¿Qué funciones cumplirían los tres interventores que se proponen por parte de la Nación y la provincia?

   —Ese triunvirato tendría que administrar una empresa en concurso, quizá una de las cosas más difíciles, porque hay que atender cómo se les pagará a todos los preconcursales, para colmo gestionando en un contexto de crisis, mantener la marcha y gestionar recursos. Por eso decimos que los once directores de la empresa no parecen estar a la altura de las circunstancias de semejante cometido, cuando sobre ellos pesan varias acusaciones que no afirmamos que sean ilícitas, porque todavía están en etapa de investigación. Que nosotros conozcamos, hay tres causas penales tramitadas en Estados Unidos, Paraguay y Argentina. Y si bien es grado de sospecha, porque el principio de inocencia no se desconoce, creemos que no están a la altura porque, además, han conducido a la situación en que se encuentra la empresa.

   —¿Cómo fundamenta que esta sea una alternativa al proyecto de expropiación del gobierno nacional?

   —Cuando se logre un acuerdo con los acreedores, concluya el concurso y la intervención cese, la sociedad debería quedar en manos de sus accionistas. La expropiación es otra cosa, porque supondría cambiar propiedad mediante una ley del Congreso nacional. Planteamos simplemente un desplazamiento temporario de la administración, que no es indefinido además. Lógicamente, los directivos de Vicentin ejercen su derecho de defensa, pero la idea es que cuando se produzca el saneamiento de la empresa quede en manos de sus accionistas, que son más de cien personas. Cuando uno dice los Vicentin, hay que distinguir los accionistas de los directores, que son sólo once y quedarían afectados por el desplazamiento. Si habrá o no aportes estatales para esa solución, no lo sabemos. La idea es que con un gerenciamiento eficiente sea la menor cantidad posible de fondos públicos utilizados para una empresa privada.