El secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, sostuvo hoy que "la Argentina está en un nivel intermedio" respecto al grado de penetración del narcotráfico en el Estado, apuntó que cada vez que se detecta a un funcionario público vinculado de algún modo a esa actividad ilícita se lo investiga y aparta de la gestión y recordó que la provincia de Santa Fe "tiene dos de las tres ciudades del país con mayor índice de criminalidad.
La situación de la provincia de Santa Fe estuvo presente en la reunión que el secretario de Seguridad mantuvo ante la comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado, en la que brindó un informe, sobre todo por las consultas y pedidos de los senadores peronistas por ese distrito, Omar Perotti y María de los Angeles Sacnún, quienes reclamaron la continuidad en la provincia de los efectivos de Gendarmería ante la crisis que atraviesa la policía provincial.
Al respecto, Burzaco dijo que "cuando asumimos no había 4.000 gendarmes ni ahora hay 500. Los efectivos en la provincia superan los 3.000 gendarmes, y sólo en Rosario hay 800 gendarmes", y apuntó que la provincia de Santa Fe va a tener en corto tiempo una Agencia Federal para el despliegue de Fuerzas Federales para combatir el crimen y recordó que ese estado provincial tiene "dos de las tres ciudades con mayor índice de criminalidad".
Y, luego, recordó que en marcha la firma de un Convenio con esa Provincia para atender la problemática de seguridad, donde se acercarán posiciones entre lo que pide el gobierno socialista santafesino y lo que propone el gobierno nacional macrista.
En otro orden, Burzaco comentó que "la Argentina está en un nivel intermedio" en el grado de penetración del narcotráfico en el Estado, al compararlo con Colombia y la versión del gobierno anterior de que sólo se trataban de casos aislados.
En ese sentido, también apuntó que hubo una serie de casos en los que se detectaron "intendentes, jefes de policía, presidentes de concejos deliberantes, figuras funcionales (en el entramado estatal)" involucrados de alguna manera con ese tipo de delitos y añadió que, al tomar conocimiento de ese tipo de hechos, se "investiga al funcionario, se hacen las escuchas y lo denunciamos ante la justicia".
Para luego indicar que ese panorama "tiene que llamarnos la atención para actuar en tiempo y forma", al responder una pregunta de la senadora del Partido Renovador de Salta María Fiore Viñuales.
Luego, el peronista catamarqueño Dalmacio Mera consultó a los funcionarios "si la ministra (de Seguridad Patricia) Bullrich se valió de una escucha ilegal o una escucha legal" para avanzar con la investigación que terminó con el desplazamiento del extitular de la Aduana Juan José Gómez Centurión.
Al respecto, Milman contestó: "Fue una denuncia anónima, como tantas que recibimos en el Ministerio, se evaluó si era judicializable, se resolvió judicializarla, como también la escucha se resolvió judicializarla" para que se resuelva si se trató de una escucha ilegal o no.
Burzaco defendió el acuerdo nacional contra el narcotráfico impulsado por el Gobierno Nacional y dijo que los objetivos del mismo son "primero erradicar el paco", y reforzar "la presencia de las fuerzas federales en todo el país", para después "trabajar en los aspectos sociales que hacen a la inclusión de los jóvenes".
Al respecto, dijo que "la provincia de Buenos Aires es un caso paradigmático, está muy mal" con esa problemática pero advirtió que "lo fundamental es lograr "una coordinación" en el trabajo de combatir esa actividad ilícita. "Nuestra intención es ir por las cabezas del negocio del narcotráfico, no quedarnos en el comercio minorista", aclaró el funcionario y, también, advirtió que "el desvío de precursores químicos es un tema grave en la Argentina", en tanto el proyecto de ley que penaliza ese accionar aprobado en el Senado espera ser tratado en Cámara Baja.
