Foto: gentileza Juan José García.
Marcelo Sain, ex ministro de Seguridad provincial.
Una situación verdaderamente kafkiana provocó que la audiencia de cautelares enfocada hacia el ex ministro de Seguridad provincial Marcelo Sain y dos de sus entonces colaboradores ni siquiera se abriera por que no había sido notificado el querellante.
Lo raro es que la causa no tendría querellante alguno. O, al menos, no lo tenía hasta que, poco después de las 16, el director de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), José Luis Longo, ingresó a la sala de audiencias de los Tribunales Provinciales de la ciudad de Santa Fe y leyó un decreto del juez Héctor Candioti, en el que suspendió la audiencia.
El magistrado debía fijar las cautelares a Sain, al ex secretario de Seguridad Pública Germán Montenegro y al ex secretario de Coordinación Técnica y Administrativa de esa cartera Maximiliano Novas, quienes habían sido imputados el 28 de abril pasado por el presunto intento de defraudación al Estado con una licitación para adquirir armas a una empresa de origen israelí por más de 17 millones de dólares. Esa licitación puesta en dudas, fue suspendida por el Ejecutivo provincial.
Candioti no apareció por el lugar a la hora citada y envió a Longo a leer su decreto. Estaban de modo online el abogado defensor de Sain, Hernán Martínez, y en modo presencial los fiscales que llevaron adelante la investigación que terminó en la imputación, Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, de la Unidad Especial de Delitos Complejos. No se conectaron por Zoom los querellantes.
El mes pasado, tras la imputación, ambos fiscales hablaron con la prensa muy comedida y extensamente. Pero hoy no lo hicieron. Tampoco sus superiores, a los que fueron remitidas las consultas periodísticas.
Todo muy extrañamente misterioso. ¿Por qué no hablaron? ¿Por qué el juez no apareció? ¿Por qué no habló la defensa?, aunque aparentemente no habría podido hacerlo por estar conectado desde una pantalla y, al no abrirse la audiencia, nadie participó en ella.
La explicación formal está en el decreto que leyó el director de la OGJ: la audiencia se suspendió por que no fue convocada la parte querellante.
Entonces hubo otra sorpresa. El querellante que hasta ese momento no tenía la causa, según el decreto de Candioti, pasó a ser el diputado provincial radical Maximiliano Pullaro, ex ministro de Seguridad de Santa Fe, antecesor inmediato y archirrival político de Sain.
Aunque en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) dejan trascender que se trataría de un error, porque en realidad Candioti alude a que la jueza Susana Luna aceptó a Pullaro como querellante contra el ex ministro, pero no lo habría hecho para esta causa sino para todas las del supuesto espionaje ilegal consumado en su contra durante la gestión de Sain.
Así las cosas, la audiencia de cautelares, que -ya se sabía- no incluirían un pedido de detención preventiva (así lo adelantaron Jiménez y Hernández en abril) y podrían ser una fianza o evitarle acceso al MPA (pese a que Sain vive en Buenos aires y es asesor del gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación), quedó en manos de Pullaro.
El radical será convocado, se entiende que a pedido del MPA _que lo desconoce como querellante_, para que aclare que no reviste esa calidad en este proceso en particular. Y evaluarían interponer una cautelar, mientras aseguran que no saben qué ocurrió hoy.
Los procesados y la defensa la tuvieron fácil esta vez: les bastó el silencio, o ni siquiera conectarse desde sus computadoras. Y se agregó un capítulo a la saga que comenzó en marzo de 2021, a partir de una denuncia de los diputados provinciales Juan Cruz Cándido (UCR) y Lionella Cattalini (Partido Socialista).
Por Matías Petisce
Por Lucía Inés López