Se aprobó la independencia del Ministerio Público y los trabajadores dejarán de ser empleados judiciales. El sindicato y el peronismo dicen que recorta derechos
Foto: Archivo / La Capital.
El MPA será independiente y genera discusiones acerca del fututo laboral de los funcionarios y trabajadores.
La última sesión de la Convención Constituyente generó tensión y una votación pareja respecto del futuro de los trabajadores del Poder Judicial, ahora que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) será independiente. Los trabajadores de ese organismo y del Servicio Público de la Defensa Penal (próximo a llamarse Ministerio Público de la Defensa) ahora son empleados judiciales, pero que en traspaso al nuevo esquema pasarán a cuadrarse en órganos extrapoder.
Unidos sostiene que se respetarán todos los rangos, remuneraciones y derechos, pero la oposición, que votó en contra, sostiene que pierden la condición esencial de empleados judiciales.
Lionella Cattalini fue la informante de Unidos para aseverar que los trabajadores “no verán variada, de ninguna manera”, su remuneración, categoría y ubicación geográfica.
Pero advirtió: “Las funciones del Estado están cambiando, y ése es el fin último. Hay claridad de respetar los derechos adquiridos, aunque también de entender en marcha un órgano vital dejándolo vacío, como proponen algunos”.
Eso desató cuestionamientos de la oposición, como de Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza, LLA), María Victoria Capocceti (Activemos) y Jaquelina Balanguione (Más para Santa Fe), exdefensora general. Lo que plantean los bloques peronistas, en consonancia con el Sindicato de Judiciales de Santa Fe, es que el traspaso sea progresivo por medio de un derecho a opción y sin modificar una coma de los derechos.
En el MPA son 816 personas, 584 empleados, y 232 funcionarios, fiscales. En el Servicio Público 302 agentes, 196 empleados y 106 funcionarios.
"Hoy, un empleado del MPA puede subrogar un cargo de secretario de Familia, de Laboral o de Civil, porque está dentro de la misma estructura. Cuando estén por afuera, no podrán. Sólo podrán subrogar los cargos de su lugar y acceder a los cargos de su lugar, que son muchísimos menos", explicó María Elena Martínez, prosecretaria general del Sindicato de Judiciales de Rafaela.
Balangione sostuvo en su intervención: “Esto afectará derechos, más allá de que se les pague el mismo sueldo y les respeten el lugar geográfico, porque se le elimina de plano su carrera judicial”. Y agregó: “No es ser agorero, es un hecho que va a ocurrir”.
La exdefensora general advirtió que “traerá la judicialización” porque “hay derechos irrenunciables". Y ejemplificó: "El empleado judicial, desde que entra, implica competencia con los demás, al irse a órganos más pequeños es imposible el ascenso”.
El radical presidente del bloque Unidos, Fabián Bastia, recogió el guante: “¿Dónde están trabajando? Del MPA y la Defensa se irán a trabajar en la misma actividad que desarrollan. Quieren cambiar cargos por personas, y eso es duplicidad de cargos. No vamos a gastar dos veces lo mismo”.
Alguien que está en contra del proceso se sinceró: "Siendo bien pensado, la estructura y la carrera serán igual, o una copia, de la del Poder Judicial en cuanto a categorías y escalafones, pero no respecto de la cantidad".
Finalmente, se aprobó el dictamen con 35 sufragios a favor y 32 en contra, quizás la más ajustada de todas las votaciones.
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