Procesaron a Moreno por multar a una consultora que medía la inflación

El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, fue procesado ayer por "abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público" por haber multado a la consultora privada Finsoport por haber medido los índices de precios al consumidor en forma paralela al monitoreo que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Fuentes judiciales informaron que el magistrado procesó en la misma causa al director nacional de Comercio Interior, Fernando Carro, y al director nacional de Lealtad Comercial, Adalberto Guillermo Rotella, mientras que sobreseyó a Guillermo David, funcionario de esa misma dependencia.

De todos modos, el juez no pidió la detención de ninguno de ellos. "Se confirmará la libertad provisional de los encartados, temperamento que es justamente el que fuera adoptado en autos en todo momento ya que no se da ninguno de los dos supuestos que autorizan a dictar la prisión preventiva", aclaró Bonadío, quien impuso sobre los procesados un embargo de 50.000 pesos.

Bonadío, a su vez, a raíz de comparativos que estableció entre los índices de precios evaluados por la consultora Finsoport y por los que calculan varias provincias, sostuvo que las mediciones de los consultores privados "hallan correlato con la realidad, extremo que a la luz de la información colectada, es indiscutible".

"Queda claro que la supuesta falta de seriedad técnica o de la cantidad de medios utilizados por las consultoras en general y de Finsoport SA en particular, de cara a la obtención del IPC —o aun su deliberada falsedad— se diluye ante lo concreto de la similitud de los guarismos inflacionarios comparados, los cuales no pueden suponerse obtenidos mediante un proceso de simple adivinación sino con una técnica que, a la luz de sus resultados, permitió arribar a la paridad de resultados estadísticos antes establecida, aún teniendo en cuenta la necesaria diferencia de infraestructura que media entre una consultora privada y un ente público", añadió el juez, en contra de las razones esgrimidas por la secretaría a cargo de Moreno para aplicar la sanción.

La causa se inició tras una denuncia del economista Jorge Todesca, como presidente de Finsoport SA Economía y Finanzas, quien aseguró que su empresa fue víctima de "una ilegítima e ilegal sanción pecuniaria, pretendiendo con ello disfrazar lo que consideraban la ejecución de un delito por un lado, y por el otro intentando acallar toda voz profesional que difiriera con los intereses políticos de los funcionarios denunciados".

Para Bonadío "los funcionarios excedieron las facultades de las cuales disponían, sin cortapisa de ningún tipo en cuanto al objetivo procurado, que no era otro que silenciar a Finsoport SA de publicar índices que elaboraban, ni mesura alguna en cuanto al medio elegido" para hacerlo.

"Se la multó con el máximo de la previsión de la norma invocada ilegalmente, y cuando tal intención incluso es tangencialmente reconocido por los propios responsables —solo que justificándolo en una visión subjetiva y arbitraria de la cuestión— no es mucho lo que a ello puede agregarse", agregó.

Por ello, afirmó el juez que "la arbitrariedad de los funcionarios y su intención maliciosa también se trasluce en la violación al derecho de los particulares a exponer sus opiniones (que no es otro que el derecho a la libertad de expresión) independientemente de la pretendida cobertura científica que ella tenga como soporte".

"Demás está decir lo discutible que puede ser este exigido y pretendido rigor metodológico cuando los parámetros que lo nutre es susceptibles de ser a su vez cuestionado no sólo en cuanto a la forma de utilizarlo sino también de nutrirlo de la información con la cual se elabora", aclaró el magistrado.

La denuncia fue realizada el 11 de marzo de 2011, tras haber recibido una sanción de 500 mil pesos de multa, que se le fijó a Finsoport tras haber dado a conocer los índices de precios.

Luego de ello, el denunciante aseguró que esas acciones "importaron pretender obturar la labor profesional de los expertos de las ciencias económicas a fin de intentar intimidarlos de modo tal que no difundieran ningún informe micro, macroeconómico o de ninguna índole que difiriera de los que proporciona el gobierno central".

La Casa Rosada rechazó la medida

El gobierno rechazó anoche el procesamiento de Guillermo Moreno. “Es curioso que esta resolución haya sido dictada 30 días antes de la elección, ya que la oposición va a intentar usarla maliciosamente en la competencia electoral”, dijo el ministro de Justicia Julio Alak, y sostuvo que “los mismos hechos ya han sido analizados en otros juzgados federales y se ha comprobado la inexistencia de delito, siendo archivadas las actuaciones judiciales, por lo cual resulta incomprensible qué elementos se merituaron en esta oportunidad”. “Es llamativo —siguió— que se procese a un funcionario por ejercer actos propios de su función, que ya fueron avalados por otros jueces”.