Patricia Bullrich le respondió a Eduardo Belliboni: "Ilegal es robarse la plata"

Luego de la serie de allanamientos que se realizaron en el marco de una investigación por presuntas extorsiones cometidas por dirigentes de organizaciones sociales, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, destacó la determinación del gobierno nacional para poner fin a las actividades ilegales que llevan adelante estos individuos que, con la fachada de organizaciones sociales, cometen delitos.

"Es la primera vez que hay una decisión política de terminar con estos falsos líderes sociales que tienen poco de social y mucho de organización y sometimiento de la gente a la que dicen conducir", aseguró Bullrich en relación con los procedimientos, solicitados por el fiscal Gerardo Pollicita, fueron autorizados por la Cámara Federal tras una denuncia del Ministerio de Seguridad basada en cientos de llamados a la línea 134.

Por la tarde el dirigente de la Unidad Piquetera, Eduardo Belliboni, aseguró que "los allanamientos fueron todos hechos en la ilegalidad, de noche, apagando las cámaras de seguridad”, a lo que la titular de la cartera de Seguridad le respondió: "Ilegal no es el allanamiento, ilegal es robarse la plata", aseguró en declaraciones a LN+.

La investigación, que comenzó con la denuncia del Ministerio de Seguridad, identificó a 27 dirigentes sociales, entre ellos Jeremías Cantero, Elizabeth del Carmen Palma, Gianna Puppo y María Dotti, todos del Partido Obrero. Otros implicados pertenecen a Barrios de Pie y diversas organizaciones sociales. Estos dirigentes ahora enfrentan cargos por extorsión.

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Inicialmente, el fiscal Pollicita solicitó detenciones, las cuales fueron denegadas por el juez Sebastián Casanello. No obstante, la Cámara Federal habilitó los allanamientos como medida probatoria, lo que llevó a los operativos de este lunes.

Modus operandi de las extorsiones

La fiscalía identificó tres tipos de extorsión vinculados a los planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social. Los dirigentes cobraban una "cuota" a los afiliados para el aporte a comedores, los obligaban a vender alimentos recibidos del Estado y a asistir a manifestaciones bajo amenaza de retirarles la ayuda o no entregarles los suministros.

Se controlaba la asistencia a las marchas y se imponían multas a quienes no cumplían, algunas de hasta $10 mil por ausencia. También se prohibía a los ausentes retirar alimentos proporcionados por el Estado.

“Lista de espera”

El esquema de extorsión incluía diferentes niveles de beneficiarios: aquellos en "listas de espera" para el plan Potenciar Trabajo, quienes debían realizar trabajos como mérito para acceder al plan; los "beneficiarios comunes", que debían asistir a marchas o aportar a los comedores como contraprestación; los "delegados", que recibían doble o triple ayuda; y los "referentes", responsables de la administración de fondos y de ordenar a los anteriores.

Los allanamientos realizados marcan un avance significativo en la lucha contra las prácticas extorsivas en organizaciones sociales. La identificación y procesamiento de los dirigentes involucrados pone de manifiesto la determinación del Ministerio de Seguridad y la Justicia en desmantelar estas estructuras de poder que operan bajo la fachada de ayuda social. Con el hallazgo de dinero y elementos probatorios, la investigación avanza hacia esclarecer la magnitud de las operaciones y asegurar que los responsables rindan cuentas ante la ley.