Ordenaron reabrir la causa del vacunatorio VIP

La Sala I de la Cámara Federal porteña ordenó reabrir la causa por el vacunatorio VIP de dosis contra el coronavirus en el Ministerio de Salud nacional y el Hospital Posadas luego que fuese archivada parcialmente por la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

Los jueces hicieron lugar a un planteo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a cargo de Sergio Rodríguez, ya que el fiscal natural Eduardo Taiano no había apelado la decisión de la magistrada de primera instancia.

La jueza había considerado que existieron dos grupos entre los vacunados: los prioritarios y los no prioritarios. En los primeros se encontraban el personal de salud, pero también el estratégico, los adultos mayores de 60 años y los menores de ese rango con algún factor de riesgo (comorbilidades).

Para esos casos, se estableció que no existió delito porque no es algo que esté descripto en el Código Penal.

Bajo la lupa

El archivo parcial de la causa había reflejado 65 sobre un total de 70 personas vacunadas. Entre ellas estuvieron empresarios, periodistas como Horacio Verbitsky, familiares de funcionarios y hasta el presidente de la Nación.

“No puede escapar a la más elemental lógica que la existencia -indiscutible- de un orden de prelación en la vacunación, dividido en grupos, obedece a criterios de necesidad, donde está en juego ni más ni menos que el valor vida y que la simultaneidad -que en algún supuesto se menciona- sólo puede estar habilitada por la disponibilidad de vacunas para satisfacer la prelación o en algún caso que estrictamente justifique el apartamiento de este criterio”, sostuvo el tribunal.

Cuando había más vacunas, a fines de 2020 y en los primeros meses de 2021, los camaristas recordaron que en el gobierno se priorizó la vacunación para los maestros, para la vuelta a clases presencial, que finalmente no ocurrió de manera inmediata.

“Pero, cuando el recurso fue insuficiente, ningún grupo se habilitó abiertamente, incluso entre los mayores. Pese a que el límite se estableció en los 60 años, también se jerarquizaron las diversas franjas etarias. Comenzó con los mayores de 80 (aun con personal de la salud pendiente de vacunar) y de ahí avanzó en una afable pendiente que por lustros fue ampliando su alcance (mayores de 75, luego de 70, más tarde de 65 años y así continuó)”, replicaron.

Reproche

En duros términos, los camaristas cuestionaron: “¿Por qué ellos y no otros, de entre los millones de ciudadanos del país en igual condiciones, fueron los beneficiarios de esa vacunación simultánea?”.

Además, cuestionaron el argumento de la jueza respecto de que el hecho pudo haber sido una cuestión ética, no delictiva.

“La cuestión ética, si bien tiene su cuota, ciertamente el manejo de bienes escasos bajo la exclusiva y excluyente gestión del Estado no fue un tema que pasara inadvertido”, fue la respuesta de los camaristas.

Para los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens se debe investigar “qué personas fueron vacunadas según los estándares impuestos por el plan de vacunación y quiénes se adelantaron por algún beneficio que les fue singular”.

La causa judicial iniciada en enero y que tiene como imputados al ex ministro de Salud Ginés González García y a su sobrino Lisandro Bonelli, ex funcionario de esa cartera, ahora deberá ser profundizada.