Milagro Sala reiteró sus deseos de recibir el indulto

La dirigente social Milagro Sala reiteró sus deseos de recibir el “indulto” y consideró que el fallo de la Corte Suprema que ratificó su condena se trató de un “acuerdo político” con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, al cumplirse siete años de su detención.

“Si me preguntaban hace dos años sobre el indulto, hubiese dicho que no. Que no al indulto porque tenía una pequeña esperanza que la Corte Suprema revise el expediente de pies a cabeza”, expresó Sala en una entrevista brindada ayer al diario Página 12.

Pero manifestó que “hoy” le “gustaría” un “indulto”.

La dirigente recordó el fallo del máximo tribunal de diciembre pasado donde dejó firme la condena a 13 años de prisión en su contra en el marco de la causa “Pibes Villeros”, en la cual se la acusó por asociación ilícita y defraudación al Estado.

Sala afirmó que ese dictamen “es una confirmación política, un acuerdo con Morales”, y lamentó que desde la Corte “no se tomaron el trabajo de revisar” la causa.

Asimismo, remarcó que tanto ese fallo como el de la coparticipación en favor de la ciudad de Buenos Aires en su disputa contra el gobierno nacional “ha demostrado que la Corte tiene colores políticos”.

Además, la referente de la Tupac Amaru afirmó que desea “rendir cuentas” ante la Corte Interamericana (CIDH) para mostrar “todo el trabajo que hicimos, de todas las construcciones, que nunca robamos nada”.

La inquietud de Sala en los últimos años, según ella misma manifestó, tiene que ver con que su situación judicial “ha empeorado” porque tiene “más causas que las que tenía en 2019”, y además porque hay otras por las que estarán yendo a juicio ella y otras personas por delitos de fraude o lavado de dinero.

Lejos de ver con optimismo que algo pueda cambiar en su situación procesal, cuando en su espalda tiene un “sistema judicial persecutorio”, la líder de la Tupac Amaru considera que mantenerla presa “le sirve” a Morales en época de campaña electoral, más aún cuando hoy está lanzado a la carrera presidencial por la UCR.

Señaló más de una vez que, si en un juicio no recibe sentencia, “Morales hace lo que sea” para que después le dicten una “sí o sí”, como pasó en el “Juicio de las bombachas” donde había resultado absuelta pero después le dieron dos años de prisión tras haber estado sentada “cinco días en el banquillo”.

Más allá de las acusaciones en su contra, Sala asume la realidad con la seguridad de haber hecho las cosas “bien” mientras estuvo al frente de la red de organizaciones sociales: haber podido llevar adelante numerosas obras significó crear fuentes laborales para muchos jujeños en distintas localidades de la provincia.

“Las obras no son inventadas”, expresó en varias ocasiones.

Las diversas obras puestas en marcha y terminadas por la Tupac Amaru implicaron además que muchos jujeños pudieran contar con casa propia, colegios secundarios, centros de salud y otros tantos espacios con fotografías que dan cuenta de las obras realizadas en la provincia.

Son más de más de 10 mil viviendas las construidas en Jujuy con fondos nacionales y que se concretaron “con menos plata” que la que recibían las empresas de construcción para realizar los mismos trabajos, advirtió.

Pero ello fue “dejado de lado” por la Corte Suprema que “evitó tratar la cuestión de fondo y se negó” a verificar si los proyectos de la organización social se habían realizado.

En Jujuy se levantó la consigna de “Libertad de todos los presos políticos de la provincia”, al crearse el Comité por la Libertad de Milagro Sala el 7 de julio de 2016, y en el que confluyeron numerosas instituciones, entidades sociales, políticas, académicas, profesionales y de Derechos Humanos para expresar su apoyo y solidaridad permanente _también a nivel internacional_ a la dirigente social.

Si bien Sala, por el momento, no volverá a una cárcel común, como había pedido el propio Morales tras la decisión de la Corte por la condena contra la dirigente social en la causa “Pibes Villeros”, la organización reclama que se resguarden las condiciones de su arresto domiciliario, mínimamente, y dejar a un lado el propósito del mandatario provincial.

Se pronunció en tal sentido el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) respecto a que esa resolución “no modifica la obligación del Estado de proteger su salud física y psíquica”, y advirtió que cualquier regresión “significa una profundización del hostigamiento contra ella” ante el pedido de los fiscales para que pase a cumplir pena en cárcel común.

El traslado de Sala a prisión domiciliaria fue ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante su delicado estado de salud.

Sala estuvo internada el año pasado por un proceso que tiene que ver por una trombosis venosa profunda.