El fiscal Guillermo Marijuán, que investiga "La
ruta del dinero K", habló anoche en exclusiva con el programa "La Cornisa" donde reveló que uno de los inmuebles allanados en El Calafate es propiedad de
Cristina Fernández de Kirchner y del empresario
Lázaro Báez, detenido desde el 5 de abril y acusado de supuesto lavado de dinero.
"Aparentemente una de las casas allanadas es una copropiedad entre la expresidenta y Lázaro Báez", reveló.
Respecto a la acusación de Leandor Báez al juez Casanello dijo que "para probarlo sólo acercaron artículos periodísticos", dijo y afirmó que "el trabajo se está haciendo correctamente.
Los jueces de la Cámara Federal escucharán este lunes desde las 11.15 en audiencia personal y privada al detenido Lázaro Báez, quien pidió hablarles antes de que resuelvan si confirman o no el procesamiento y la prisión preventiva dictadas en su contra por el juez federal Sebastián Casanello.
Los abogados de Leandro, hijo del detenido empresario Lázaro Báez, pondrán el eje de sus críticas al Casanello en la supuesta inacción del magistrado y aludirán a una denuncia penal contra el juez que data del 2013 y aún está bajo investigación por supuesto "encubrimiento" en la causa por lavado de activos en la que hace dos meses detuvo al dueño de Austral Construcciones.
Los abogados Santiago Viola y Claudia Balbín -de Leandro- presentarán por escrito sus argumentos este lunes ante la sala II de la Cámara Federal, que debe resolver si confirma o aparta a Casanello de la causa contra los Báez, en el marco del recurso presentado por su hijo Leandro.
Los letrados no hablarán ante los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun. En el escrito que se presentará este lunes, los abogados del hijo del empresario detenido también pedirán a la Cámara Federal que se investiguen supuestos llamados hechos desde el teléfono móvil del juez en la zona de la quinta presidencial de Olivos, una información que habría surgido precisamente de esa causa penal abierta en 2013 luego de una denuncia de la diputada Elisa Carrió.
Según explicaron fuentes judiciales y de la defensa, como medida de prueba el juez a cargo de esa investigación, Marcelo Martínez De Giorgi, pidió hace tiempo el listado de llamados de Casanello para determinar con quién habló en el período en el que según la denuncia presentada por Carrió el juez habría participado de maniobras para encubrir a los Báez.
En esa causa a cargo de Martínez De Giorgi también quedó imputada la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
Respecto de las comunicaciones atribuidas al juez se detectaron en la zona de Olivos, en un radio que abarca la quinta presidencial pero también, según recordaron fuentes judiciales, la familia del magistrado vive en esa zona y de hecho, él mismo reside en el conurbano norte. También vive frente a la Quinta de Olivos el camarista federal Eduardo Freiler, amigo personal del juez.
En esa causa judicial a la que aludirán en su escrito los abogados de Leandro Báez, el 28 de mayo de 2013 el fallecido fiscal Di Masi imputó a Casanello y a la procuradora Gils Carbó, por supuesto encubrimiento a Lázaro Báez.
