Sobre el cierre de 2022, la Casa Gris se anota en el haber triunfos legislativos: el presupuesto para el año próximo y la aprobación de una batería de pliegos de cargos en el Poder Judicial y órganos de control. Pero en el debe destaca la ausencia de resultados positivos en un área hipersensible como Seguridad, tanto por una alarmante estadística cotidiana de violencia (que en Rosario superó el récord histórico de muertes violentas) como por tensiones políticas internas. Y está pendiente la definición del delfín que refrendará la gestión en las elecciones provinciales, en cuya campaña promete tallar —más por obra y gracia de la oposición— un frente judicial seguido con recelo por el oficialismo.
A fines de noviembre pasado, el Senado santafesino les dio sanción definitiva al presupuesto 2023 y a la ley tributaria. De ese modo, el gobierno de Omar Perotti contará para su último año de gestión con una herramienta clave en la ejecución de políticas públicas. A diferencia de anteriores oportunidades, el rafaelino negoció de entrada con legisladores oficialistas y, especialmente, de la oposición en ambas Cámaras y eludió, de ese modo, una desgastante dilación como la registrada con la proyección de gastos todavía vigente (aprobada recién en marzo de 2022).
Noviembre también deparó una maratónica Asamblea Legislativa, cuya previa estuvo signada por múltiples dudas abonadas por la oposición respecto del proceso de selección de aspirantes a cargos judiciales. Finalmente, hubo luz verde para 75 de los 79 pliegos en danza.
La mayor controversia rodeó a los 36 pliegos de postulantes a magistrados comunitarios. Pero solo tres fueron rechazados por los senadores y diputados provinciales y otro por una resolución judicial.
Además, el Ejecutivo santafesino logró la aprobación de los pliegos de Marcelo Terenzio como vocal del Tribunal de Cuentas y de Jorge Lagna (ex ministro de Seguridad provincial) y Jorge Hurani como miembros del directorio del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress).
Miradas
La Asamblea Legislativa concluyó sin mayores sobresaltos, pese a la denuncia de un sector del radicalismo sobre un supuesto “contubernio” entre la Casa Gris y el socialismo (la UCR y el PS venían actuando en tándem en Diputados), que en principio pareció diluir las chances de que ambas fuerzas opositoras confluyan en un nuevo frente no peronista en la provincia. Sin embargo, el acercamiento de la semana pasada entre la cúpula radical y la dirigencia del partido de la rosa roja contribuyó a restañar las heridas.
Por eso, en el PJ comenzarán a mirar con mayor intensidad hacia la Gobernación. Al igual que el resto del arco político provincial, esperan la oficialización del calendario electoral 2023. Pero la expectativa también apunta al nombre que el perottismo propiciará para la cada vez más cercana puja en las urnas.
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De cara a las elecciones, el gobernador debe fijar el cronograma y definir su "delfín" para la puja en las urnas.
Foto: Archivo / La Capital.
Asimismo, después de un enero que suele paralizar toda actividad pública, proseguirá el también polémico proceso de selección de autoridades superiores del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que meses atrás deparó una turbulencia institucional dada una presunción de irregularidades.
El proceso quedó en manos de la ministra de Gobierno provincial, Celia Arena, luego que Perotti decidiera desplazar del timón al secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, cuya voz quedó registrada en unos audios que integran la evidencia de la causa que tiene bajo la lupa al ex jefe de Seguridad Marcelo Sain por presunto espionaje ilegal.
Finales abiertos
Precisamente, la investigación del supuesto espionaje ilícito es otro de los temas que no deja de inquietar al gobierno. Sain acaba de ser imputado y la oposición, que también ajusta sus motores para las próximas elecciones, machaca con ligar a Perotti con ese accionar ilegal.
Por lo pronto, en el Ejecutivo santafesino —que se presentó como querellante en el caso— insisten en que la orden de separar tajantemente al delito de la política siempre fue impulsada en un marco de legalidad. Una novela que promete nuevos capítulos apenas arranque la campaña.
Paralelamente, un ministerio no deja de imantar contratiempos: el viernes salió a la luz la aceptación de la renuncia presentada días antes por Edgardo Glavinich a la Subsecretaría de Políticas de Seguridad Pública provincial. Poco se sabe todavía del sucesor, como tampoco oficialmente los motivos del alejamiento.
La partida de Glavinich luce estrictamente relacionada a las rispideces y discrepancias dentro de Seguridad y al contexto desfavorable de la gestión. Impulsado por Perotti, había asumido el 10 de agosto a la par del ministro Rubén Rimoldi, el tercero a cargo del área. Sain había iniciado su mandato en 2019 y, en marzo de 2021, fue reemplazado por Lagna, hasta su dimisión.
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Pablo Farías, titular de Diputados, junto Rubén Rimoldi y Ana Morel en su reciente paso por la Legislatura.
Foto: Archivo / La Capital.
Los días que Glavinich estuvo en la subsecretaría fueron acompañados por una cada vez más tensa convivencia entre Rimoldi y la encargada de Administración Financiera del ministerio, Ana Morel, quien ya había colisionado con Sain y Lagna.
La funcionaria, deslizan en la Gobernación, contó desde un principio con el firme respaldo de la cartera de Economía provincial, que luego fue diluyéndose, incluso separando las aguas entre algunos actores del oficialismo, acicateado por un inquietante paso junto a Rimoldi por Diputados para dar explicaciones sobre la ejecución de los fondos de la ley de emergencia en Seguridad.
Desde entonces, Rimoldi hizo silencio de radio. Aunque no logró aventar los rumores de un eventual alejamiento del ministerio. Lo mismo que ocurre ahora con Morel. Señal de un final de año con movimientos en la Gobernación.
