El Senado, con el impulso de los legisladores de la oposición al presidente Mauricio Macri, aprobó hoy después de un debate de 13 horas la ley que frena el alza de las tarifas de los servicios públicos, que en algunas zonas del país llegó al 1.600 por ciento.
La norma, que tuvo 37 votos afirmativos y 30 negativos, será vetada por Macri al considerarla inconstitucional, informaron fuentes oficiales.
Si la ley entrara en vigencia, le representaría al Estado argentino, según datos del Ministerio de Hacienda, un costo fiscal anual de 115.029 millones de pesos (4.615 millones de dólares) en momentos en que el Gobierno negocia la aprobación de un rescate financiero del Fondo Monetario Internacional (FMI).
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"No vamos a dudar ni un instante en hacer las cosas que tenemos que hacer. El presidente fue muy claro en lo que iba a pasar", confirmó ayer el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, acerca del veto de la ley, una decisión que causaría malhumor en una población que ya se manifestó masivamente en contra de los incrementos.
Macri intentó en los últimos días convencer a los senadores del Partido Justicialista . Lo hizo a través de sus funcionarios pero también personalmente: el lunes difundió un mensaje al país en el que instó a los legisladores peronistas a que no se dejaran "conducir por las locuras que impulsa Cristina Fernández de Kirchner", su antecesora al frente del país (2007-2015) y actual senadora nacional.
Sin embargo, el proyecto que el Senado transformó en ley no tuvo como autora a la ex mandataria ni a legisladores afines a su ideología, sino a la bancada del peronista Frente Renovador, que en otras ocasiones acompañó iniciativas impulsadas en el Parlamento por la coalición gobernante de centroderecha Cambiemos.
"La situación de la sociedad argentina se ve agravada no sólo por el tarifazo: los salarios se depreciaron, el dólar se ha detonado, la tasa de interés, vuela", dijo Cristina Fernández en su discurso.
La ley procura que las tarifas de los servicios públicos regresen al valor que tenían a fines de 2017 y que desde esa fecha los aumentos no superen el alza de los salarios.
El Gobierno rechazó la iniciativa desde un principio pero planteó como alternativa reducir la incidencia impositiva en las tarifas en un diez por ciento para así aliviar el impacto en los bolsillos de los argentinos del alza en las tarifas.
Los opositores "están buscando un posicionamiento político frente al Gobierno" con miras a las elecciones presidenciales de 2019, criticó el senador oficialista Federico Pinedo. "Nadie está en campaña con este tema y no me gusta votar leyes para el veto", respondió el jefe de la bancada del PJ, Miguel Ángel Pichetto.
Al llegar al poder, en diciembre de 2015, Macri dispuso actualizar las tarifas de los servicios públicos a la vez que disminuyó los subsidios estatales que rigieron durante el kirchnerismo.
Hasta ahora, el alza de las tarifas rondó entre un 500 y 1.600 por ciento, según el Observatorio de Tarifas de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).
"Este proyecto es un paliativo necesario para poner freno a una política de abusos que castiga a los sectores más carenciados, a las pequeñas y medianas empresas y a grandes sectores de las capas medias" de la sociedad, sostuvo el senador y cineasta Fernando "Pino" Solanas.
