El peronismo dio en los últimos días señales de comenzar un proceso de organización interna tras la derrota sufrida en el balotaje de noviembre pasado, que parece apoyarse en la CGT, que convocó a una huelga para el 24 de enero próximo, en algunos de sus gobernadores, críticos de la gestión presidencial de Javier Milei, y sus bloques de legisladores en Diputados y el Senado, que plantean su oposición en el Congreso a las reformas estructurales presentadas por la Casa Rosada.
“El peronismo va a encontrar su salida estando cerca de la gente”, expresó días atrás Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense y extitular de Obras Públicas durante la presidencia de Alberto Fernández.
Katopodis fue durante la campaña presidencial de Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria (UP) en las elecciones pasadas, acaso el dirigente del peronismo que más cerca estuvo los votantes.
Un primer acercamiento que, según Katopodis, debe volver a tener el peronismo con la población podría darse cuando la CGT, junto a otras centrales sindicales y organizaciones sociales, se movilice al Congreso con motivo de una huelga convocada tras una manifestación llevada a cabo frente a los Tribunales porteños.
La CGT obtuvo una victoria judicial cuando la Cámara Nacional del Trabajo dictó una medida cautelar que suspende la aplicación del capítulo laboral del DNU dictado por Milei el 20 de diciembre.
La medida judicial puso en suspenso la “aplicabilidad” del DNU hasta tanto no surja una “sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo”, la inconstitucionalidad de la medida.
La movilización del 24 de enero “será mucho más contundente” que la que colmó plaza Lavalle, anunció Carlos Acuña, uno de los tres gremialistas que conducen a la CGT. Y aventuró: “No me sorprendería para nada (que haya) un millón de trabajadores en la calle defendiendo los derechos como corresponde”.
Katopodis evaluó que el peronismo tendrá que organizarse para desempeñar el rol de oposición al modelo de gobierno que propone Milei y citó que uno de quienes expuso sus opiniones en este último mes fue el mandatario bonaerense, Axel Kicillof, “demostrando” con su gestión “que se pueden hacer las cosas de forma diferente” al Ejecutivo nacional.
No fue el único gobernador en contra de las reformas económicas y políticas impulsadas por Milei. El peronista riojano Ricardo Quintela fue el primero en recurrir a la Corte Suprema de Justicia con un recurso legal para suspender los efectos del DNU.
El consejo nacional del PJ todavía es presidido por Fernández, quien se trasladó a Madrid para pasar las fiestas de fin de año con su familia y adelantó que, a su regreso, trabajará “en unidad” con los referentes del partido.
El mandato de Fernández finaliza en abril de 2025 y, según trascendió, su intención es permanecer en el cargo hasta el cumplimiento de ese período, algo que parece no tener aceptación en la mayoría de la dirigencia partidaria.