El Ministerio de Defensa negó hoy "categóricamente" que la Argentina esté en plan de adquirir armamento militar por 2.000 millones de dólares a Estados Unidos, hecho por el cual diputados del kirchnerismo presentaron una denuncia penal contra el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y otros referentes de Cambiemos.
"Ante versiones periodísticas, la cartera de Defensa informa que el listado de armamento aludido tiene carácter exploratorio, genérico y público y de ninguna manera se trata de una lista de materiales a adquirir", indicó la cartera que conduce el ministro Julio Martínez.
En el comunicado agregó que "la única expresión oficial del compromiso de adquisición por parte del Estado Argentino es la que surge del Presupuesto Nacional aprobado por el Congreso".
"La extensión del listado, que incluye material en uso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, obedece a la inquietud de conocer las posibilidades de acceder a programas de cooperación y/o ayuda militar que requieren del visto bueno de ese país, motivo por el cual contempla distintos proveedores y no está valorizado, justamente porque no guarda relación con el planeamiento presupuestario nacional", aclaró el texto oficial.
La desmentida llegó en medio de la polémica por la difusión en la prensa de una nota enviada por el embajador argentino en Estados Unidos, Martín Lousteau, al congresista Peter Visclosky, en la que adjunta un listado de armamento militar requerido por la Argentina para "combatir el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado" y participar de misiones de paz.
El pedido, indicaron fuentes oficiales consultadas, había sido en principio incluido en un planteo de los diputados Eduardo Amadeo y Luciano Laspina, de Cambiemos, a una Comisión de Presupuesto del Parlamento estadounidense que se encarga de establecer las donaciones de material militar a otros países y luego incorporado formalmente en la nota elevada por el embajador Lousteau.
Si bien el Ministerio de Defensa advirtió que recibió el área "en el peor estado", ya que "en los últimos años se viene observando la constante desprogramación de medios aéreos" y no debe "sorprender su necesidad de reemplazo", aclaró que no está en los planes oficiales la compra de material a Estados Unidos.
"La exploración en los programas de ayuda militar disponibles no implica la intención de compra ni conlleva, mucho menos, la capacidad financiera para hacerle frente", indicó.
En materia de equipamiento militar, los planes de adquisición del Ministerio "son de largo plazo" y, según se indicó, "cuando los recursos son escasos, es necesario estar atento a las oportunidades y a los ofrecimientos de otros estados, y no sólo de Estados Unidos, ya que también se trabaja con listas de otros países".
El Ministerio de Defensa remarcó además que las necesidades de las Fuerzas Armadas para reemplazar el material obsoleto y recuperar capacidades "no es nueva", ya que durante 2009 y 2010 se llevó a cabo un Ciclo de Planeamiento de Defensa Nacional, dispuesto por el Poder Ejecutivo, a partir del cual el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas elaboró un Proyecto de Capacidades Militares (Proclamil), "en el que se describían los sistemas de fuerzas y medios necesarios para conformar las capacidades de las fuerzas".
Ese proyecto dio lugar en 2011, según se informó, al Plan de Capacidades Militares (Plancamil), "que preveía valores para cubrir necesidades del orden de los 8.000 millones de dólares", mientras que "ya en 2015, se solicitó a Estados Unidos precio y disponibilidad de aviones F-16."
"Por todo lo expuesto, el Ministerio de Defensa niega la intención de compra de todo el armamento militar expuesto en el aludido listado y aclara que sólo la adquisición de los aviones de entrenamiento Texan T6 destinados a la Fuerza Aérea se encuentran en un proceso avanzado de adquisición", completó el comunicado oficial.
Poco antes de la desmentida oficial, diputados del FPV habían presentado su denuncia penal, que también alcanzó al ministro Martínez, al embajador Lousteau y los diputados Amadeo y Laspina: para los legisladores, se habrían cometido delitos "en el marco de la compra de más de 2.000 millones de dólares de armamento de uso bélico, en una clara violación de la ley 22.520 que establece el marco normativo para realizar dichas adquisiciones".
La denuncia, firmada por los diputados Héctor Recalde, Luis Basterra, María Teresa García, Diana Conti, Verónica Mercado, Axel Kicillof y Rodolfo Tailhade, es por los delitos de "defraudación por administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública": recayó en el Juzgado Federal 7 de Sebastián Casanello y será investigado por la Fiscalía 5 de Franco Picardi.
"¿Por qué se está realizando la mayor compra de armas de la historia? ¿Por qué las negociaciones son secretas? Según indica Lousteau, la compra sería para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en la cooperación frente a las amenazas globales como el terrorismo internacional. Sin embargo, al advertirse el listado de armas surge que el argumento es falso, ya que el material bélico que estaría en proceso de compra por parte de nuestro país, nada tiene que ver y no resulta para nada idóneo para ese fin", señalaron los diputados.
Y agregaron: "En medio de un país sumido en una recesión económica que el gobierno no reconoce y que el déficit fiscal aumenta, ¿qué lleva al gobierno nacional a destinar multimillonarias sumas de dinero en estos ítems? No tienen dinero para los maestros pero se gastan miles de millones en compra de equipamiento para la guerra".
