El fiscal federal general de Tucumán, Alfredo Terraf, pidió ayer la pena de "prisión perpetua e inhabilitación perpetua", con revocación del beneficio de prisión domiciliaria, para los represores Antonio Bussi y Luciano Menéndez por los delitos de homicidio calificado, aplicación de tormentos reiterados y genocidio.
Tras la exposición de Terraf, el Tribunal Oral Federal de Tucumán dispuso un cuarto intermedio hasta el alegato de la defensa de los ex militares, que, a diferencia del fiscal, pidió la absolución tanto para Bussi como para Menéndez.
El veredicto por la desaparición, en 1976, del senador provincial Guillermo Vargas Aignasse será difundido mañana y, una semana después se darán a conocer los fundamentos de la decisión del tribunal.
La jornada de ayer comenzó con la exposición de Terraf, quien consideró a Bussi y Menéndez "coautores mediatos penalmente responsables de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos, condiciones tortuosas de detención, homicidio calificado, asociación ilícita y genocidio, todos en concurso real", en perjuicio del senador Vargas Aignasse.
Con un alegato que fue recibido con lágrimas y aplausos entre los familiares del senador peronista desaparecido en marzo de 1976 y de organismos de derechos humanos, el funcionario reclamó, además, que se revoque el beneficio de prisión domiciliaria del que goza Bussi, para que se disponga su traslado "inmediato a la unidad penitenciaria de Villa Urquiza", de la capital tucumana.
En uno de los puntos más salientes de su intervención, el fiscal destacó que la muerte del senador provincial "no fue un hecho aislado, sino consecuencia de un plan tenebrosamente planificado, un plan que quería instaurar una tiranía y una dictadura por todos los tiempos", alegato calificado de "contundente" por los familiares.
Bussi, por su parte, pidió la palabra para acusar a Terraf de actuar con sentimiento de "venganza". l
Por Javier Felcaro
