Doble vara, límites de la legalidad y otra tensión política por el DNU de Milei

En su agonía, antes de la muerte total, la ley ómnibus había quedado reducida a la mitad de los más de 600 artículos iniciales del megaproyecto que el presidente Javier Milei envió a Diputados. Esa derrota del gobierno dejó secuelas que impactará en las finanzas de las provincias y, por el mismo motivo, pulverizó la alianza que el oficialismo, sin concesiones, había empezado a tejer con la llamada oposición dialoguista.

Esa suerte de “vodevil” que protagonizaron entre el oficialismo y la oposición “friendly” consumió el debate público en todo enero, con la atención puesta en la Cámara de Diputados. Ahora la tensión se trasladará al Senado con el tratamiento del DNU presidencial que contiene, casi con el mismo espíritu refundacional, unos 300 artículos que van desde la desregulación total de la economía hasta modificaciones del Código Civil y Penal.

Salvo el capítulo de la reforma laboral, frenado en varias instancias judiciales, el resto de los cambios que postula el DNU están vigentes y aplicándose. Pero es el Congreso, y en ambas cámaras, el que tiene que darle el visto bueno o, en su defecto, rechazarlo. Y es aquí donde aparecen los problemas para el oficialismo, de escuálida formación parlamentaria y con la mayoría de los puentes rotos con el continente opositor dialoguista.

Jugando al fleje de la legalidad, la vicepresidenta Victoria Villarruel está dilatando el tratamiento del DNU en el Senado. Al igual que el presidente de Diputados, Martín Menem, demora la conformación de la Comisión Bicameral (integrada por 8 diputados y 8 senadores) que es la que debe darle el trámite legislativo para abordar el tema.

Los senadores de Unión por la Patria (UP) le vienen pidiendo a Villarruel una sesión especial para tratar el DNU, pero “Wonder Woman” _como se autopercibió en las redes sociales_ se los niega sistemáticamente, rompiendo la formalidad y la tradición republicana en la Cámara alta.

Resulta curioso que una fuerza política que ascendió al poder en nombre de los valores republicanos y los ideales de Alberdi, no solo desconozca el contrapeso de uno de los resortes institucionales del Estado, sino que los viole literalmente.

Aquí califica bien una comparación contrafáctica. Que pasaría si en vez de Villarruel hubiese sido Cristina Fernández de Kirchner la que, valiéndose de artimañas políticas, le negara a la oposición una representación que se ganó en las urnas. Todo el periodismo “mainstream” y sus replicadores digitales la ajusticiarían por déspota y antirrepublicana.

Aparte de esos gestos autoritarios que bordean la legalidad institucional, Villarruel enfrenta sus propios problemas con La Libertad Avanza (LLA). En diciembre, la vicepresidenta logró a unir a todos los bloques no peronistas en la repartija de cargos y comisiones. La UCR, el PRO y partidos menores se aliaron en el Senado para imponer las formas del poder en ese órgano legislativo que representa a las provincias.

La derrota en la ley ómnibus en Diputados le dinamitó esa alianza luego de que el presidente culpara a los gobernadores. En una situación política inédita para nuestra joven democracia, Milei se vengó de esa “casta” con la quita de fondos que afectará la vida de todos los ciudadanos que viven en las provincias.

En este estado de cosas, es muy probable que el DNU naufrague en el Congreso. El oficialismo cuenta solo con el apoyo del bloque del PRO. Del otro lado, hay ahora una oposición diversa que no votará lo que el peronista Miguel Angel Pichetto llamó el “mamotreto” que armó Federico Sturzenegger, el funcionario free lance de la administración Milei.

Si el DNU de Milei encuentra freno en el Congreso, ¿cuáles son los herramientas políticas con las que se valdrá un presidente con minoría parlamentaria para llevar adelante su gestión? La respuesta precisa al interrogante podría ser más peligroso que el propio DNU.