La Cámara baja aprobó anoche y giró al Senado el proyecto de ley que plantea la reforma del régimen que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
La Cámara baja aprobó anoche y giró al Senado el proyecto de ley que plantea la reforma del régimen que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
Después de casi 8 horas, los bloques opositores obtuvieron quórum de ley en general. Luego, comenzaron a discutir la aprobación en particular. El proyecto requería al menos 129 votos para ser aprobado y obtuvo 142 a favor, contra 98 negativos, superando la mayoría absoluta requerida.
El oficialismo ya anticipó que irá a la Justicia por considerar que el proyecto es "anticonstitucional" porque se le quita poderes al Ejecutivo.
La expectativa en torno a este proyecto tiene que ver con la ardua pelea que se desató entre el gobierno y la oposición tras la firma del DNU del Fondo del Bicentenario primero y el Fondo de Desendeudamiento, ambos para autorizar el uso de reservas para el pago de deuda pública.
La oposición confeccionó una única iniciativa en la cual establece como requisito para la ratificación de un DNU la aprobación de las dos Cámaras. Actualmente alcanza con el aval de una. En cambio, para hacerlo caer se necesitará el rechazo de sólo una.
La propuesta con media sanción propone asimismo que el Ejecutivo convoque de manera obligatoria a sesiones extraordinarias si firma un DNU durante el receso legislativo. También cambia la integración de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo de 12 a 24 miembros.
Fue la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, la peronista disidente Graciela Camaño, quien le tocó informar sobre la iniciativa y afirmó, al respecto, que la norma viene a "poner en caja la reglamentación" sobre DNU, a permitir "recuperar las potestades del Parlamento".
La iniciativa establece una modificación en la Comisión Bicameral Permanente al ampliar de 16 a 24 la cantidad de integrantes, "para respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara" —según el proyecto—, y deja la presidencia de la misma en manos de los partidos de la oposición, por tratarse de una comisión de control, se argumentó.
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