En los primeros días de febrero próximo, el magistrado Julián Ercolini firmará la elevación a juicio oral y público de la causa por las presuntas irregularidades de la obra pública concedida durante el kirchnerismo al empresario Lázaro Báez. En ese marco, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el propio Báez cuestionaron la decisión y volvieron a reclamar su sobreseimiento.
El abogado Maximiliano Rusconi, quien patrocina al ex ministro, advirtió ayer que, si se "legitima" la prisión preventiva contra el diputado nacional, se le abre "la puerta a lo peor del derecho penal irracional".
En total son 20 personas procesadas que irán a proceso oral y público para ser juzgadas por los delitos de asociación ilícita y defraudación contra la administración pública. En el listado también figuran Carlos Kirchner, el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública que está preso desde el 22 de diciembre pasado por intentar entorpecer la causa, y el ex secretario de Obras Públicas José López.
En diciembre, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques le habían pedido al magistrado la elevación a juicio. Ercolini, entonces, les corrió vista a las partes y a las querellas, que contestaron durante la feria judicial de enero.
La defensa de la ex presidenta, que está entre los procesados en esa causa, pidió la semana pasada que la causa vaya a juicio cuanto antes, aunque criticó su procesamiento y reclamó estar presente cuando se haga el sorteo del tribunal. En realidad, es parte de una estrategia que busca acelerar las causas en su contra y tratar de unificarlas en un megajuicio.
En cambio, las defensas de De Vido, Báez y del ex titular de Vialidad Nelson Periotti se opusieron a la elevación a juicio.
"Las requisitorias de elevación a juicio claramente son producto de incongruencias y deficiencias jurídicas y los motivos en que se fundan son arbitrarios, basadas en especulación política", argumentó la defensa del ex ministro de Planificación en un escrito de tres carillas.
La defensa de Báez, quien recibió 52 contratos de obra pública vial por más 46.000 millones de pesos, cuestionó la instrucción y vaticinó que las acusaciones fracasarán durante el proceso. "No es posible permitir que cualquier caso vaya a juicio con una plataforma básica expuesta en requerimientos de elevación que no puede ser sostenido con un mínimo de sentido común", esgrimieron Rusconi y Gabriel Palmeiro.
Al igual que Cristina Kirchner, la defensa de Báez también está preocupada por la elección del tribunal oral. Por eso pidió que el sorteo se haga "mediante el sistema de bolillero manual".
Con todo, en los primeros días de febrero el magistrado firmará la elevación a juicio. El organismo que conduce Javier Iguacel le reclamará 22.500 millones de pesos a los imputados en caso de una condena.
Para la defensa de la senadora nacional, la batalla de fondo tendrá lugar durante el segundo semestre del año, cuando se decida si las causas en su contra se unifican en un mega juicio oral.
Ercolini también tiene previsto mandar a juicio a lo largo del primer semestre las causas de Hotesur y Los Sauces (está mucho más avanzada, con los procesamientos ya confirmados por la Cámara Federal). A ese paquete se puede sumar la causa de la llamada ruta del dinero K.
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Por Javier Felcaro