El ex presidente Carlos Menem, el ex juez federal Juan José Galeano y el ex titular de la Secretaría de Inteligencia (Side) Hugo Anzorreguy fueron procesados ayer por el encubrimiento del atentado a la Amia, ya que la Justicia entendió que desviaron la investigación cuando las pruebas apuntaban a la llamada "pista siria".
La medida fue dispuesta por el juez federal Ariel Lijo, quien también procesó al ex jefe de Antiterrorismo de la Policía Federal Jorge Fino Palacios, al ex integrante de la Side Juan Anchezar, al ex comisario de la Federal Carlos Castañeda y a Munir Menem, embajador y asesor presidencial durante la gestión de su hermano Carlos.
Se trata de la causa que investiga las irregularidades descubiertas en el juicio oral a la llamada "conexión local" del ataque a la mutual judía, donde quedaron expuestos los delitos cometidos durante la instrucción de la pesquisa por la explosión que el 18 de julio de 1994 mató a 85 personas y aún sigue impune.
También apunta a las maniobras que se hicieron quince días después de la masacre, cuando las sospechas apuntaban hacia Alberto Kanoore Edul, un empresario de origen sirio-libanés y conocido de la familia Menem, por su posible vinculación con el entonces agregado cultural iraní y hoy prófugo Moshen Rabbani.
"La decisión de Carlos y Munir Menem, además de ser ilegítima, era ilícita, y tal ilicitud era conocida por aquellos que directamente operaban en el proceso. Y lo que guió a Galeano y a aquellos que respondían a sus directivas fue el cumplimiento de la voluntad presidencial", dijo el juez.
En el fallo Lijo dio por probado que el ex presidente, a pedido de Munir, dispuso que se frenara la diligencia sobre Kanoore Edul, a quien se llegó luego de que se encontrara el motor de la camioneta bomba que entregó Carlos Telleldín, entonces reducidor de autos.
Vínculo. El juez ponderó que ya en los primeros días de la causa se sospechaba que "Kanoore Edul, o miembros de su familia, tendría vinculación con Rabbani", sobre quien "recae una fuerte sospecha de participación en la ideación y concreción del atentado terrorista".
Según Lijo, Menem colaboró con todas las diligencias de la causa, pero "a partir del 1º de agosto traspasó el límite que separa el desempeño de todo funcionario del marco de legalidad al de ilegalidad". Precisamente, ese día se iban a allanar propiedades de Kanoore Edul a raíz del resultado de las escuchas telefónicas que se habían dispuesto sobre sus líneas telefónicas y que también desaparecieron del expediente.
Para el juez, Menem "hizo manifiesta su voluntad, a través de su hermano (quien compartía la decisión), cuál debía ser a partir de entonces el curso de los acontecimientos en relación con esa pista".
El riojano quedó procesado por encubrimiento, falsedad ideológica (reiterada en ocho oportunidades), violación de medios de prueba y abuso de autoridad, y se le trabó un embargo de 300.000 pesos.
El magistrado consideró que de tal modo Menem direccionó la investigación que cuando dejó la Presidencia Galeano "reactivó el legajo" sobre Kanoore Edul que había mantenido dormido varios años, algo que "ya era en vano".
Por María Laura Cicerchia