Hacia fines de 2020, el gobierno de Omar Perotti inició el trámite de contratación directa para la compra de 60 ambulancias. Finalmente, este se frustró por falta de oferentes y debió iniciarse una nueva contratación a principios de 2021. La empresa que resultó ganadora lo hizo por montos mucho mayores a los anteriores y según algunos datos las unidades no estarían cumpliendo con los requisitos establecidos en el pliego respectivo y que sentó las bases normativas de todo el procedimiento en relación a los demás oferentes competidores.
“Queremos saber si en efecto se han adquirido esas ambulancias y en qué circunstancias, cuánto se pagó por las unidades y si se han recibido con todos los requerimientos que los pliegos detallaban para todos los oferentes”, expresó Pullaro.
“No es la primera vez que el gobierno kirchnerista de Omar Perotti deja dudas con respecto a las licitaciones, ya pasó en el Ministerio de Seguridad”, añadió.
Según lo que afirma el diputado Pullaro, los vehículos traen una menor carga de oxígeno en los tubos (se exigen tubos de 3 m3 y se entregan de 2 m3), como así también la falta de vigía de motor, falta de salida de oxígeno auxiliar, falta de anclaje de oxígeno portátil, camilla y butaca de médico, y falta de intercomunicador. También existen serias dudas sobre las certificaciones de calidad ineludibles en este tipo de compra, en particular en lo atinente a los ensayos de inflamabilidad de los materiales (medida básica para reducir el riesgo de siniestros con resultado letal). Tampoco se cumpliría con el requerimiento de salida de emergencia, en las medidas exigidas.
Es por eso que en el pedido de informes, el presidente de la bancada UCR Evolución solicita saber qué áreas técnicas y funcionarios emitieron dictamen, opinión o recomendación sobre las características técnicas a requerirse. Especificando, potencia del motor y capacidad de la reserva de oxígeno; si se realizaron rondas de proveedores, y qué áreas técnicas y funcionarios intervinieron en las mismas, y qué empresas participaron como oferentes; si las unidades entregadas fueron debidamente inspeccionadas a fin de verificar que reúnan todas las condiciones establecidas en el pliego, y qué dependencia y funcionarios estuvieron a cargo de dicha inspección.
“La diferencia entre el primer pliego y el segundo es de 50 millones más. Demasiado dinero y demasiadas dudas para un gobierno que viene repitiendo errores”, sentenció Pullaro.
