Acindar: anulan fallo que beneficiaba a acusados por la represión ilegal

La Cámara Federal de Casación anuló las faltas de mérito dispuestas por un tribunal de Rosario en favor de un grupo de represores y supuestos colaboradores civiles de la última dictadura militar para el funcionamiento de un centro clandestino de detención (CCD) en la empresa Acindar.

La Sala 4 del máximo tribunal penal ordenó que se dicte un nuevo fallo en la parte de la investigación que tiene como imputados, entre otros, al ex administrativo Ricardo Torralvo, personal jerárquico de la empresa.

Es el expediente en el que se investiga la supuesta participación de directivos en la decisión de disponer de espacios físicos dentro de la planta fabril ubicada en Villa Constitución, Santa Fe, para utilizarlos como un CCD improvisado.

Los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos ordenaron también profundizar la investigación en torno a la presunta colaboración de los empresarios con la entrega de información sobre las víctimas, entre ellas el ex dirigente obrero Alberto Piccinini, quien murió el año pasado.

En la causa también se investigan crímenes de lesa humanidad cometidos por integrantes del Ejército, la Policía Federal, Prefectura y las policías de Buenos Aires y Santa Fe, entre marzo de 1975 y principios de 1976, según consignaron los querellantes: el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

Directivos civiles de Acindar están sospechados de haber marcado a trabajadores con activismo gremial y provisto fotografías e información personal para facilitar sus detenciones ilegales.

La investigación permitió establecer que a fines de 1975 la empresa dispuso que todos los trabajadores sacaran la cédula de identidad (documento obligatorio para la época) y renovaran sus carnets como empleados de Acindar.

Esa información fue luego utilizada para identificar a —al menos— una treintena de operarios secuestrados ilegalmente.