Frente a la resonante acusación contra el abogado Marcos Cella, y luego de una audiencia de casi cuatro horas, el juez Gonzalo López Quintana adoptó una decisión en favor y otra en contra del penalista. Por un lado aceptó la imputación de ser partícipe secundario de asesinato agravado de una joven que fue confundida con otra mujer que debía testificar contra un cliente del abogado, diciendo que la evidencia reunida sostenía la acusación. Por otro deslizó que esos elementos no alcanzarían para una condena en juicio oral y lo liberó con varias condiciones: el pago de una fianza de un millón de pesos, la presentación tres veces por semana en una oficina judicial, la prohibición de salir del país y la entrega de su pasaporte.
Cella está en libertad con un proceso en trámite con estridencias jurídicas y políticas. El fiscal Luis Schiappa Pietra lo acusa de haber postergado un reconocimiento que debía hacer una testigo del crimen a balazos de Jonathan Rosales en junio pasado. Según el fiscal lo hizo porque Rubén Tubi Segovia, cliente de Cella, quería evitar ser apuntado por esa testigo, llamada Brisa Ojeda, pareja de Rosales. En una llamada interceptada del 14 de diciembre Tubi le pide a Cella aplazar la medida y le dice cosas fuertes. El 16 de diciembre, con esa medida aplazada, alguien golpea en la casa de Brisa Ojeda, en Vera Mujica al 2900, pero atiende su hermana Lorena, muy parecida a ella, quien es baleada y muere el 21 de enero último.
La escucha difundida es muy potente si uno se atiene a los hechos ocurridos posteriormente. No parece una elaboración amañada ni caprichosa. En 45 segundos del diálogo entre Tubi y Cella se mencionan tres elementos en cadena: "Brisa Ojeda"/ "Fijate si lo podés parar"/ "Yo la hago desaparecer". Luego ese reconocimiento es pospuesto. Al día siguiente de la rueda aplazada ejecutan a la que toman por la testigo Brisa Ojeda.
La parte esencial del duelo entre fiscalía y defensa es si la acción de Cella fue un aporte para concretar el homicidio. La fiscalía obviamente cree que sí. Dice que Cella escucha que su cliente —acusado de tres asesinatos— le anuncia que hará desaparecer a la testigo. Que luego le pide postergar el reconocimiento engañando al fiscal Bianchini que investiga el crimen de Rosales. Y que no importa si el que aplaza la medida es el fiscal porque es Cella quien se lo pide con esa finalidad.
Cella replica que nunca escuchó que su cliente le decía que haría desaparecer a la testigo. Su defensa remarca que fue el fiscal el que aplazó la medida. Y que no hay un nexo ni directo ni indirecto entre la dilación de la rueda de testigos y el homicidio. Sus defensores alegan además que le pidió a Tubi que rompiera el chip del celular porque eso es un consejo habitual de penalistas. Con ser habitual esto último no deja de parecerse bastante a un pedido de encubrimiento.
La charla de Cella y Tubi es el día 14. La audiencia se suspende el 15. El 16 balean a la que creen que es Brisa. ¿El Ministerio Público de la Acusación (MPA) tenía las escuchas donde se hablaba de hacer desaparecer a una testigo y no hizo nada? Según el MPA cuando el fiscal Bianchini corre la fecha del reconocimiento no había tomado conocimiento de la escucha por una cuestión de tiempo. Los soportes de audio tardan 48 horas desde que se captan hasta que se remiten a la oficina que las pidió que luego tiene que desgrabarlas. A veces pasan tres días desde que se intercepta la llamada hasta que se la procesa. Es un déficit de recursos de la Justicia Criminal que sigue cada vez más casos y en sólo una ínfima parte hay escuchas en tiempo real. En otras palabras: cuando la desgrabación reveló el diálogo a Lorena Ojeda ya la habían baleado.
No es impensable que el MPA haya tenido alguna responsabilidad frente a un caso donde había una muerte anunciada y luego concretada. El MPA tiene su explicación que es la de arriba. Pero si hubo responsabilidad, que habrá que examinarlo, eso no implica alivio para Cella como tampoco para Tubi. Aunque si Cella actuó dolosamente para aplazar la rueda, ¿constituyó eso un aporte para el homicidio que se le atribuye como partícipe? ¿Lo es cuándo difícilmente alguien podrá probar que Cella escuchó lo que jura no haber escuchado? El juez López Quintana insinuó que no le parece que haya certeza para una condena. Aunque también dijo que para imputarlo los elementos eran verosímiles
Tres testigos acribillados
Pero el fiscal marca en la audiencia que hay aporte decisivo porque Cella retrasa la medida y solo eso le da sentido al asesinato de la que creen que es Brisa. El fiscal dice que no le imputa a Cella lo que no hizo (denunciar que su cliente tenía intención de "hacer desaparecer" a la testigo) sino por lo que hizo: escuchar lo que Tubi le pidió en la charla telefónica y cumplirlo, esto es, demorar el reconocimiento. Tubi quería eso, dice Schiappa Pietra, para obtener la impunidad en el crimen de Rosales. Y matan a una mujer.
El juez puede anticipar que no ve elementos para un juicio oral. Pero realizar el análisis del caso en proyección al juicio no es tarea de los jueces de la instrucción inicial que además ignora si habrá nueva prueba a aportar. En el nuevo sistema la fiscalía puede elegir legítimamente qué casos llevar a juicio oral, aún arriesgando a perderlos, por prioridades políticas de persecución penal. No se puede obviar que en Rosario hay una estremecedora saga reciente de testigos asesinados para garantizar la impunidad de sus homicidas. Pasó en el caso de Norma Bustos, que fue ejecutada tras decir que Milton Damario había matado a su hijo, en barrio Tablada. Ocurrió también con Oscar Alberto Aguirre, a quien mataron tras declarar como testigo en la causa del asesinato de Diego Demarre, cuyo crimen se atribuye a los Monos. Ahora mataron a la que creyeron testigo del crimen de Jonathan Rosales. En los tres casos aludidos, casualmente, intervino el fiscal Schiappa Pietra. Los incidentes donde hay crímenes de testigos son para la Fiscalía Regional prioridad absoluta.
El caso sigue, es cerrado y será peleado. Entre las cuestiones a considerar destacan dos. Una es que parece muy amañado ver en este caso una avanzada a la defensa particular como institución tal como postulan los defensores de Cella. Hay muchos penalistas particulares que le dijeron a este cronista que no les cabe malestar y que, a lo sumo, lo que se enrostra es un estilo específico de un grupo minoritario. Suena a la retórica frágil de esos policías implicados en irregularidades que diluyen las acusaciones en su contra presentándolas como embates a la institución policial. No hay, tampoco, escuchas ilegales contra abogados. A estos se los escucha porque hablan en los teléfonos de investigados por ilícitos de alta afectación pública. A Cella se lo escuchó porque seguían el teléfono de Tubi, que está imputado en tres asesinatos tremendos.
Otro ingrediente a ponderar es el pleno derecho del ministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro, a definir líneas de persecución, saludables en tanto rompan la perversa selectividad penal, enfocando a profesionales sospechados de ser cómplices de delincuentes. Lo que no es auspicioso es que frente a la detención preliminar de Cella se haya pronunciado el primer día como si hubiera sido condenado. La decisión de confinarlo a un buzón de castigo en una cárcel luce perturbadoramente humillante y agresiva viniendo del aparato de Estado. El Poder Ejecutivo puede y debe contribuir con aportes de calidad en las investigaciones penales. Pero no se condena a nadie con impresiones sino con prueba categórica, sin fueros, abusos, ni privilegios. En Tribunales se verá cuán buena es la evidencia. En un caso donde hay una llamada donde, antes de matar a una mujer alguien expresa su ánimo, con la demoledora carga de sentido que algo así tiene en este país, de hacerla desaparecer.
