Una fiscal pidió que indaguen a Raúl Luna por el crimen de Beroiz

La figura del ex número dos del Sindicato de Camioneros santafesino, Raúl Luna, volvió a instalarse en el foco de la causa por el asesinato de Abel Beroiz: una fiscal pidió que lo indaguen por su presunta participación en el crimen del histórico conductor del gremio. El planteo fue recomendado por el mismo procurador general de la provincia, Agustín Bassó, luego de que los familiares de Beroiz detallaran en un escrito indicios que a su criterio apuntan a Luna.

El pedido fue realizado ayer por la fiscal Graciela Argüelles ante el juez de Instrucción Osvaldo Barbero. Solicitó que Luna declare como imputado en la causa por el homicidio de Beroiz, que tiene ocho personas implicadas. El planteo refuerza la línea de la interna gremial como móvil del crimen.

El ex secretario adjunto de Beroiz ya compareció en la causa pero sólo prestó declaración informativa, lo que implica una leve sospecha. Luna está en libertad, retirado de la actividad gremial y quedó bajo la lupa porque los dos gremialistas procesados como organizadores del crimen eran de su entorno.

La indagatoria fue requerida por la fiscalía a partir de una sugerencia de Bassó. "Hay un pedido de indagatoria realizado por los actores civiles. Por eso le indiqué al fiscal de Cámaras (Guillermo Camporini) que si la fiscal entendía que hay elementos para indagarlo, lo pidiera. No fue una instrucción directa", dijo el procurador a este diario.

Hay elementos.A partir de ese planteo, la fiscal Argüelles intervino en suplencia de su par Rita Schiappa Pietra. En un escrito le hizo saber a Barbero que a su entender hay elementos de sospecha suficientes para citar a Luna. El juez puede hacer lugar al pedido, rechazarlo o requerirle a la fiscal que enumere las evidencias que incriminan al ex sindicalista.

Hasta ahora Barbero no encontró pruebas que justifiquen la detención de Luna. Ocurre que, si la prueba es débil, a los 10 días debería dictarle falta de mérito y tres meses más tarde el sobreseimiento. Eso dejaría a Luna desvinculado para siempre y no podría ser investigado por el crimen. En la situación actual, en cambio, los plazos que corren son los de la prescripción: el juez tiene 12 años para seguir buscando pruebas.

Satisfacción."Nos satisface que hayan evaluado los elementos que existen en los ocho cuerpos del expediente", expresó uno de los abogados de la familia Beroiz, Néstor Pujato. A fines de septiembre había presentado en el juzgado un escrito con un resumen de las pruebas que, para la familia, complican a Luna. Entonces los abogados pidieron la indagatoria del gremialista como autor intelectual del crimen por encargo.

"De alguna manera, al procesar a siete personas, el juez abrió una puerta que conduce a Luna. Dio a entender que la participación de los dos gremialistas alcanzados por la medida no tendría sentido sin el consentimiento de Luna. Es probable que quiera indagarlo con pruebas firmes", evaluó Pujato.

Entre los elementos citados por los actores civiles para vincular a Luna figura la declaración de Juancito, un chico de 15 años que junto al confeso autor material, Raúl Oscar Flores, estuvo en el subsuelo del ACA cuando mataron a Beroiz, el 27 de noviembre de 2007. El chico dijo que, al proponerle el hecho, Flores le contó que se lo habían encargado "un tal Luna y un tal Jerez". Con esos nombres, según el adolescente, Flores se dirigió a dos de los organizadores en una reunión en el bar del lago del parque Independencia.

También consignaron que según Flores el crimen fue "por el puesto" que ocupaba Beroiz. Y detallaron cruces de llamadas entre Luna y los gremialistas procesados, Juan Dell’ Arciprete y Alejandro Lázaro. Frente a esos reproches, Luna tomó distancia de los acusados y en su declaración desconoció afinidad con ellos y negó haber armado una lista opositora.

Los dos sindicalistas procesados habían sido relegados por Beroiz en la estructura de poder del sindicato. Para el juez, contrataron a dos sicarios para reposicionar a Luna y continuar con un negocio al que el asesinado líder le había puesto freno: la tramitación de juicios laborales por fuera del gremio junto al gestor particular Julio Jerez, también procesado. Los procesamientos fueron apelados ante la Cámara Penal.