Por Hernán Lascano
Lo que tiene pedido de revisión son 16 condenas y tres absoluciones. Eso implicará que un total de 19 personas que fueron acusadas en el proceso deberán estar presentes en las audiencias, y eso genera una vez más requerimientos de organización y seguridad especiales, semejantes a los que se adoptaron entre noviembre y abril pasado cuando se celebró el juicio.
Superposición
Se prevé que la discusión de las condenas recientes insumirá una importante cantidad de audiencias. Eso implica que pueden superponerse en el mismo ámbito, que es el Centro de Justicia Penal (CJP), dos trámites tribunalicios complejos que tienen a Los Monos como común denominador. Ocurre que la provincia ofreció las salas del edificio de Virasoro y Mitre al Tribunal Federal Oral Nº 3 de Rosario que juzgará a una red liderada por dos miembros de esa banda por narcotráfico a partir del 20 de septiembre en una causa conocida como "Los patrones". En este causa los imputados que deberán sentarse en las audiencias son 39.
Para la fiscal de Cámaras María Eugenia Iribarren es improbable que esa superposición ocurra. La idea es que las audiencias de apelación por condenas a miembros de Los Monos se hagan antes del 20 de septiembre. De acuerdo a la funcionaria sería viable agotar la instancia de revisión de esta sentencia en dos semanas a más tardar con funcionamiento en doble turno. Luego sí, en caso de que se termine convalidando que el CJP sea la sede del juicio federal, empezaría el debate por narcotráfico.
Contexto
La selección del tribunal que analizará las condenas estuvo marcada por la carga emotiva de acontecimientos de notoriedad pública ocurridos luego de la sentencia que, el 9 de abril pasado, dictaron los jueces Ismael Manfrín, Marisol Usandizaga y María Isabel Más Varela.
El 30 de mayo dos viviendas que habían pertenecido a Manfrín fueron atacadas a balazos. Veinte días después ocurrió lo mismo con una casa que había sido del juez Juan Carlos Vienna, que fue quien lideró la instrucción que llevó a juicio a Los Monos y enseguida con una de su padre.
Luego hubo ataques contra casas que ocuparon dos policías de la Brigada Operativa de la División Judiciales que actuó inicialmente contra el grupo de barrio La Granada. La hipótesis primordial de esos casos para los fiscales del Ministerio de la Acusación (MPA), que acumularon los casos para investigarlos en conjunto, es que los ataques se vinculaban con Los Monos.
Con esos incidentes como sensible contexto, aludidos en forma explícita hasta por las autoridades de la Corte Suprema de Santa Fe, ayer a la mañana se realizó el sorteo del tribunal de apelación.
Los nombres de las elegidas fueron seleccionados de un total de seis camaristas entre los que estaban también Javier Beltramone, Gustavo Salvador y Georgina Depetris. Los otros seis vocales que completan la Cámara Penal de Rosario —Carina Lurati, Alfredo Ivaldi, Daniel Acosta, José Luis Mascali, Carlos Carbone y Guillermo Llaudet— no podían intervenir por haber actuado en trámites anteriores vinculados a las personas que ahora apelan.
En las audiencias que presidirá el tribunal seleccionado ayer actuará como acusadora la fiscal de Cámaras María Eugenia Iribarren con la compañía de los fiscales Gonzalo Fernández Bussy y Luis Schiappa Pietra. Del otro lado estarán los abogados defensores de los juzgados que elevaron apelaciones.
En abril pasado el tribunal condenó entre otras personas a 37 años de prisión a Ramón "Monchi Cantero" Machuca por asociación ilícita y homicidios. También a su hermano de crianza Ariel "Guille" Cantero que recibió 22 por los mismos delitos. Jorge Emanuel Chamorro recibió 9 años de prisión por asociación ilícita y partícipe secundario de homicidio agravado por arma de fuego.
Nueve empleados de distintas fuerzas de seguridad, la mayoría de la policía provincial, también tuvieron condenas. Máximo Ariel "Viejo" Cantero, padre de Guille, fue condenado a 6 años por asociación ilícita, pero su defensa no discutió la decisión, en la convicción de que está a las puertas de una libertad condicional que no busca entorpecer.
Todos juntos
Los escritos de apelación de los distintos juzgados suman unas 600 fojas lo que equivale a tres cuerpos de expedientes. Eso debe ser expuesto y discutido oralmente en cada audiencia. Todos los condenados deben comparecer juntos porque muchas de las situaciones a analizar están conectadas. Habrá una jornada de conocimiento de los juzgados de parte del tribunal. A eso se suman las réplicas tras los debates. Si hay audiencias por la mañana y por la tarde se estima que en dos semanas, como máximo, se agotará el trámite.
El debate venidero en los tribunales también demandará el traslado hacia Rosario de Guille Cantero y Ema Chamorro desde las cárceles de Resistencia y Rawson a donde, respectivamente, fueron transferidos por decisión de la Justicia Federal el 30 de mayo pasado. La hipótesis excluyente de los investigadores del atentado a las dos viviendas que habitó el juez Manfrin relacionó el ataque con esos traslados. Las balaceras ocurrieron seis horas antes de que los traslados a las cárceles fuera de la provincia se pusieran en marcha y poco después de que la Justicia Federal rechazara un hábeas corpus en favor de ambos detenidos para impedirlos. Tras eso el Ministerio de Seguridad anunció un protocolo para custodiar a magistrados y funcionarios judiciales.
Esta particular circunstancia es parte de la atmósfera anímica que envolvió las alternativas de la designación del tribunal y se tradujo en manifestaciones institucionales desde aquellos hechos hasta el presente. En actos públicos, funcionarios de la Justicia consideraron los atentados de hace dos meses como ataques destinados a amedrentar al Poder Judicial que debía seguir actuando en estas causas. Entonces de gira en Tailandia, el gobernador Miguel Lifschitz afirmó que las balaceras fueron un mensaje a toda la Justicia y aludió a Los Monos. "Son reacciones al cerco que la Justicia provincial y federal le ha puesto a estos grupos delictivos", sostuvo.
Por Pablo R. Procopio