El ministro de Justicia de la provincia de Santa Fe, Héctor Superti, se
manifestó a favor de bajar a 14 años la edad de imputabilidad de los jóvenes que cometan delitos
graves, aunque aclaró que esa reforma sería necesaria para dar un tratamiento penal al problema y
no como remedio simplista al delito. El debate se inició el miércoles cuando el gobernador de la
provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, lanzó la propuesta a propósito de la detención de dos
muchachos por el crimen del ingeniero Ricardo Barrenchea en San Isidrio.
"Hoy nos faltan elementos legales para una necesaria intervención con los
menores de 16 años a los que se les imputa un delito, como el caso de un chico de 15 años que mata.
Estoy de acuerdo con rebajar la edad de imputabilidad a los 14 años, pero aclarando que esto debe
estar acompañado de un sistema penal acorde a los tratados internacionales firmados por Argentina",
planteó Superti a La Capital, en el debate abierto con las palabras de Scioli.
Un grupo de fiscales y jueces de la provincia de Buenos Aires se manifestó en
contra de esa reforma, así como legisladores y especialistas que prefieren poner el acento en el
tratamiento de los jóvenes antes que en la punición. Sin embargo, para Superti, son necesarias
herramientas para tratar a adolescentes involucrados en delitos graves que no desconozcan la
necesidad de un tratamiento específico y que promueva vínculos reparadores.
La cuestión del tratamiento ha sido motivo de recientes planteos formales de los
jueces de Menores de Rosario, quienes requieren alternativas para internar a los jóvenes. La
mayoría de los chicos que entran al sistema penal, coinciden los magistrados, tiene básicamente un
conflicto de salud por problemas con las adicciones.
Al acordar con la rebaja de imputabilidad Superti aclaró que no debe pensarse
como remedio mágico a la inseguridad: "Ningún sistema penal en sí tiene que ver en forma directa
con la inseguridad. Eso tiene otras causas: un programa que mejore la calidad de vida de estos
niños en situación de exclusión va a tener más efectos. Pero también es cierto que ante la comisión
de un delito el Estado tiene que reaccionar", planteó el funcionario.
Castigo, sí. El ministro indicó que en esos casos el Estado "tiene que tomar
medidas adecuadas en las que el castigo no está exento, pero considerando que ese menor de 18 años
pueda respetar y ser respetado en el futuro. Lamentablemente la sociedad, por estas
particularidades del sistema, ve a los menores como más peligrosos".
El debate se instaló tras el asesinato de Barrenchea en Acassuso. Scioli pidió a
sus asesores que se discuta la rebaja en la edad de imputabilidad. Esa reforma ya fue propuesta en
14 proyectos de creación de un régimen penal juvenil presentados en la Cámara de Diputados de la
Nación que sin embargo no tuvieron tratamiento en la comisión de Legislación Penal.
El actual régimen de menores prevé un tratamiento especial,
distinto del de un adulto, para jóvenes de 16 a 18 años. Apunta a la recuperación pero también
prevé penas en casos graves. Tras la aprobación en 2005 de la ley 26.061 de protección integral de
los derechos de los niños comenzó una transición del viejo sistema tutelar del patronato (que
dejaba las decisiones respecto de la situación del niño bajo el arbitrio del juez de Menores) a uno
donde se apunta al respeto de garantías y derechos de defensa, que antes estaban más expuestos.
La nueva ley retira de la órbita judicial el tratamiento de
casos sociales y los deja en manos del Estado, aunque aún están en formación los institutos y
mecanismos para abordarlos.
Ojos en el Congreso. Respecto de la rebaja de la edad de imputabilidad Superti
aclaró que el régimen penal para esos chicos "tiene que respetar tratados internacionales,
fundamentalmente los que protegen derechos de niños, niñas y adolescentes", como la Convención
Internacional de los Derechos del Niño. "Estamos esperando que el Congreso nacional baje la edad
por lo menos a 14 años. Eso va a permitir que nuestro sistema penal juvenil intervenga, pero
siempre adecuado a las exigencias de una Justicia que respete sus derechos", añadió.
¿Cuáles serían las características de ese sistema
específico para los más jóvenes en ingresar al sistema penal? Según el ministro, deberían
respetarse sus derechos de defensa igual que a los mayores y sería necesaria "una intervención
adecuada a las características de la minoridad. Esto significa que los programas que el Poder
Ejecutivo debe poner a disposición de los jueces tienen que contemplar, por un lado, la seguridad
de la sociedad y, por otro, que aquellos que están en situación de encierro reciban un trato y un
espacio que les permita superar las causas que los llevaron a esa situación delictiva".
Para el ministro, por último, el tema no debe abordarse exclusivamente como
una cuestión de inseguridad porque "sería una respuesta simplista que no conduciría a nada". "El
problema grave de los menores es de la infancia agredida, sin valores ni apoyo en la familia, con
chicos pidiendo de noche en las esquinas. De ahí nacen los problemas de inseguridad que a nosotros
nos alarman". l
