El reciente cruce entre funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial sobre el problema de la seguridad pública es, para el criminólogo Máximo Sozzo, la enésima reiteración de un hábito pobre de la cultura política: no discutir el delito en base a procesos generales asentados en buena información sino a partir del último caso que provoca escándalo público. El académico de la UNL dice que los últimos datos están lejos de hablar de jueces blandos sino de más condena, más penas de prisión efectiva y un aumento de la prisión preventiva.
Al conocerse la semana pasada que el imputado por el crimen de Fabricio Zulatto es un condenado en libertad condicional, el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro apuntó al Poder Judicial al decir que alguien sentenciado a 13 años estaba en la calle y "volvió a matar porque para algún juez garantista trece años son sólo seis".
El ministro de la Corte Daniel Erbetta replicó que el acusado recibió la mayor pena prevista por la ley y que para discutir sobre delito hay que hacerlo caso por caso. Un fuerte reparto de facturas políticas distingue el debate que no parece próximo a zanjarse.
—Esta polémica aparece sobre un crimen de alto impacto público donde está acusado un hombre que ya fue condenado por otro homicidio hace nueve años. ¿Qué sugiere esto?
—Es un signo de la época que algo tan importante como el debate sobre el delito se construye en torno al escándalo público. Aparece un caso que golpea la sensibilidad culturalmente difundida, los medios se concentran en ese caso y las autoridades responden en torno a una situación concreta. Eso torna muy difícil construir argumentos sobre tendencias generales. Se discute sobre la base del caso puntual sin información válida sobre las miles de cosas que suceden más allá de ese asunto que conmueve. Eso no le da razonabilidad al debate, le hace perder calidad. Discutimos si los jueces penales son más o menos severos y la verdad es que ni el ministro de Justicia ni el de Seguridad saben cómo están sentenciando los jueces hoy porque no hay información confiable. Reaccionan por unos pocos casos que causan alarma.
—¿Qué se sabe del modo en que los jueces deciden sobre delitos juzgados en Santa Fe?
—No hay estadísticas construidas con buenos datos. Analizando el Registro Nacional de Reincidencia, órgano al que cada juez le remite sus resoluciones, sabemos que en la provincia hubo en 2014 un 27 por ciento más de condenas que en 2013. En 2014 los indicadores de severidad marcan además un 32,5 por ciento de alza de las penas de cumplimiento efectivo. Estos pocos datos fragmentados no están diciendo que los jueces penales son menos severos que ayer. Eso es para mí es una tendencia preocupante, pero es otro debate. Lo que sí es importante es que las autoridades discutan sobre lo que pasa en general y no sobre un caso puntual.
—Lo particular de este contrapunto es que son dos autoridades máximas en la materia específica como los ministros de Justicia y Seguridad los que señalan a los jueces por ser flexibles.
—Pero lo hacen sin tener elementos para señalarlo. El ministro Pullaro reitera la versión policial tradicional. Repite en especial un discurso que pone el acento en que la policía hace todo lo que se debe y los funcionarios judiciales no cumplen su parte. Sabemos en la UNL sobre el observatorio de la Reforma Penal que los déficit de las investigaciones de la provincia sobre delitos graves siguen siendo marcadas como algo frecuente. Tenemos problemas en que los fiscales no conducen muchas de ellas, que delegan los casos en las policías y tenemos problemas en la calidad de esas investigaciones. Los fiscales al mismo tiempo señalan al unísono en el centro norte de la provincia ese tipo de déficit sobre delitos graves con excepciones de la PDI. Pero el ministro Pullaro señala justo lo contrario. Para salir de la incertidumbre sobre lo que ocurre necesitamos datos. Además debería llamarnos la atención desde los 90 en adelante la preeminencia de la versión policial en el discurso de las autoridades políticas aún cuando éstas reivindiquen el control civil de la fuerza. Si digo que los jueces dictan condenas blandas tengo que poder mostrar información más allá del caso puntual.
—Acá partimos del caso de un imputado en dos hechos graves. Se dice que mató, le dieron trece años, sale a los siete y mata de vuelta. Esto es lo que está en el eje de la discusión pública.
—A una pena de 13 años, que tiene un efecto destructivo en la trayectoria vital de las personas, casi en ningún lado en Occidente se la considera moderada. Pareciera que la fuente de la violencia es individual. El diagnóstico se planta en la responsabilidad de esta persona que cometió estos dos hechos socialmente negativos. Pero armar el debate público de esa forma termina obturando otras cosas que habría que problematizar. Si el segundo crimen está vinculado con ciertos mercados ilegales (el de la droga), ¿cómo se interviene ahí? O en los siete años que este acusado pasó preso, ¿qué se hizo en la prisión con él y qué no? La reproducción del gesto indignado respecto del acontecimiento no permite generar políticas distintas. Sólo intenta construir empatía con el oyente, el televidente, el lector.
—¿Entonces el Poder Judicial quedaría fuera de reproche? ¿No es un tanto condescendiente ese argumento?
—La Justicia Penal en Santa Fe es un conjunto de instituciones que pueden lograr resultados muy moderados respecto de lo que ocurre afuera. Es difícil pensar que una Justicia que encarcele por más tiempo va a contribuir a que se produzcan menos delitos. ¿Por qué? Porque la serie de procesos detrás de las variedades delictivas en las sociedades contemporáneas se ve intocada por la captura de un individuo en particular. Salvo que uno crea en el viejo argumento de la disuación. La idea de la neutralización, de que voy a reducir el volumen delictivo retirando de la vida social a quienes delinquen con frecuencia, pierde de vista que hay actividades delictivas que se reproducen a sí mismas donde los individuos se recambian. Así funcionan los mercados ilegales. Es pobre la idea de que cualquier Justicia penal podría producir una contribución significativa a la reducción del delito. Acá nos prometieron que íbamos a tener fiscales que conducirían las investigaciones y producirían pruebas adecuadas en un espacio público de controversia con el defensor para instalar una sentencia. En Santa Fe eso funciona bastante distinto: la mayor cantidad de casos surge de juicios abreviados negociados en espacios secretos, las maneras que se negocian no son publicitadas, tampoco sabemos las características son las sentencias. Los déficit de la Justicia son muchos pero ponerle la carga de reducir la magnitud del delito no puede tomarse en serio. Cuando un actor político critica a la Justicia penal por no ser severa primero no sabe cuán severa está siendo en realidad. Pero además incurre en otra falacia al pensar que si fuera severa produciría menor actividad delictiva.
—Hubo en las últimas horas un intento de robo a una ciclista que terminó con una muerte. ¿Por dónde hay que meditar la causal más auténtica de la violencia?
—Tenemos que pensar en una combinación de procesos económicos y culturales que atravesaron las ciudades donde vivimos. Se combina marginalidad económica y urbana en contextos con mucha desigualdad, con grupos sociales con oportunidades fuertemente distintas, donde se instala la vocación por la satisfacción y obtención de bienes para afirmar la existencia social. Esa lógica de déficit material y formas culturales se articula con un Estado que con sus fuerzas policiales ratifica la marginalidad a partir de empleo de violencia de baja internsidad. En la provincia de Santa Fe vemos además que las fuerzas de seguridad colabora en la reproducción, sin tocarlos, de los mercados ilegales que se presentan como un lugar de oportunidades para los grupos desventajados. En especial el mercado de drogas ilegales, armas y delito contra la propiedad que requiere reducir lo robado para obtener luego una ventaja económica. Mucho de todo esto que está a la vista tiene como protagonistas a quienes están en los márgenes de la sociedad. Pero los sectores más favorecidos, que son los menos visibles, participan en la cadena con mecanismos de connivencia y protección de parte del Estado. Solo un dato más: desde el 10 de febrero de 2014 con el nuevo sistema penal se concluyeron con sentencias condenatorias 1.500 casos de los cuales sólo 30 con juicio oral y público. ¿Qué contribución tiene esto a la reducción del delito? Nula. Es un número muy limitado frente a un volumen inmenso de denuncias. La respuesta al presente del delito no pasa por lo que dicen las sentencias.
