Cuatro empleados del Hospital Clemente Alvarez (Heca) acusados de sustraer insumos médicos seguirán en prisión preventiva hasta que se presente la acusación por el caso, en tanto que un quinto recuperó la libertad en una audiencia judicial de esta semana. La jueza María Trinidad Chiabrera dispuso esas medidas en una audiencia en la que el fiscal José Luis Caterina solicitó la prórroga de la detención de estos cinco imputados, quienes habían sido implicados a fines de julio tras una serie de allanamiento por el hurto de medicamentos e instrumental.
La investigación se originó tras denuncias realizadas por la Municipalidad de Rosario a fines del año pasado. El 11 de julio pasado Caterina imputó a siete empleados del Heca por los delitos de hurto e incumplimiento de los deberes de custodia de sustancias medicinales.
"Es una causa que se podría dividir en dos investigaciones y siguen medidas en curso. La primera lleva diez meses y la segunda, un mes. Se acreditó la sustracción de elementos hospitalarios y medicamentos. No sabemos si hubo o no red de ventas de los insumos, pero sí hay constancias de principios de año de cuentas de redes sociales donde se ofertaban medicamentos. Ningún imputado pudo justificar lo que tenía en su poder”, explicó entonces el encargado de la investigación.
Los imputados en esa ocasión fueron Darío Febre, Fernando Oscar Lazarte, Roberto Roldán y Nelson Segarra por hurto, Javier Dell'Amico por venta de sustancias medicinales sin autorización, Eduardo Torrilla por encubrimiento agravado por su condición de funcionario público y por actuar con ánimo de lucro y Antonio Alegre por haber ayudado a al menos uno de sus subordinados directos de ese momento.
Nuevos plazos
En la primera audiencia los acusados quedaron en prisión preventiva hasta el 11 de agosto. Al vencerse el plazo el fiscal requirió renovar la medida de arresto preventivo para parte del grupo. Tras analizar el avance dela causa la jueza dispuso la prórroga de la detención para Febre, Lazarte, Torrilla y Alegre hasta el 10 de octubre, con renovación automática hasta la finalización de la audiencia previa al juicio oral.
En tanto, dispuso la libertad de Roldán bajo ciertas condiciones, como las de constituir domicilio, la firma quincenal, el pago de una caución de 300 mil pesos y la prohibición de acercamiento al Heca en un radio de 400 metros, así como a personas ligadas a la causa.
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Los abogados defensores Hernán Tasada y Ariel Scavone plantearon que la interpertación errónea de unos chats de WhtasApp entre su cliente y un compañero de trabajo habían llevado a considerar como amenazantes dichos que eran parte de una jerga entre ellos, por lo que, según los letrados, se descartó en su caso la peligrosidad procesal. “Es un empleado con arraigo, familia y un legajo intachable tras 22 años de trabajo en el Heca”, indicaron.
Por la rampa
Según la Fiscalía, las maniobras de hurto de sondas, agujas, bisturíes y numerosos medicamentos se concretaron al menos a lo largo del mes de agosto de 2024, cuando se sustrajo una cantidad indeterminada de insumos hospitalarios. La mayoría estaban guardados en cajas de cartón o en mochilas que se hacían pasar desde una oficina conocida como “Cero” a vehículos que ingresaban por la rampa.
Uno de esos vehículos pertenecía a una cochería que tiene contratos con la Municipalidad de Rosario y que ingresaba asiduamente al hospital por contar con acceso a la zona de la morgue.
A la par de la denuncia judicial, en el hospital se inició un sumario administrativo que terminó con una persona cesanteada de manera automática y el jefe de vigilancia del edificio apartado del cargo.
