La Multisectorial Contra la Violencia Institucional y la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud expresaron su "descontento" con la resolución judicial dictada el pasado 29 de diciembre por la Cámara Federal de Apelaciones que otorgó la libertad a cinco policías de la Dirección de Asuntos Internos de la policía santafesina procesados por el encubrimiento del crimen y desaparición forzada de Franco Casco, el joven bonaerense de 20 años que estuvo detenido y fue torturado en la comisaría 7ª los primeros días de octubre de 2014 y cuyo cuerpo apareció 22 días después en el río Paraná.
Asimismo, los organismos de Derechos Humanos manifestaron su disconformidad con una nota publicada en este diario un día antes a ese dictamen, en la cual "se sostiene una defensa pública en favor de los cinco agentes reproduciendo únicamente la posición de los funcionarios investigados".
La resolución judicial cuestionada lleva las firmas de los camaristas Fernando Lorenzo Barbará, Aníbal Pineda y Jorge Sebastián Gallino, y alcanza a los oficiales Aníbal Domingo Candia, quien era titular de la repartición; Sergio Damián Pieroni, quien era subjefe; y los agentes Carlos Alberto Ríos, Pablo Andrés Siscaro y Daniel Augusto Escobar, quienes permanecían tras las rejas desde los primeros días de septiembre por orden del juez Carlos Vera Barros y recuperaron la libertad bajo caución juratoria. Los camaristas también dispusieron la libertad de la agente Rocío Guadalupe Hernández bajo caución personal de 100 mil pesos con la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse semanalmente en la comisaría correspondiente a la jurisdicción de su domicilio.
La Multisectorial recuerda que "el procesamiento de los policías fue apelado por las defensas y aún no ha sido resuelto", no obstante la Cámara hizo lugar al pedido de libertades oportunamente presentados. En ese sentido, en un documento difundido ayer, ambas querellas (una representada por abogados de la Asamblea de Niñez y Juventud y la otra por la Defensa General de la Nación) recuerdan que "habían solicitado que los policías permanezcan en prisión preventiva, destacando que había evidencia de que no investigaron a los agentes de la comisaría 7ª cuando era su obligación hacerlo. Además, en el radiograma emitido por la Dirección de Asuntos lnternos (AI) en el marco de la búsqueda del paradero de Franco, estaba mal consignado su nombre, con lo cual resultaría imposible encontrarlo".
Por otra parte, se manifiesta en el texto que los policías de AI "entrevistaron a los demás detenidos alojados en la seccional 7ª, testigos fundamentales de lo sucedido con Franco, en presencia de policías de esa comisaría, sin ninguna garantía y protección frente a posibles represalias, en un marco totalmente intimidatorio y sin dejar constancia de sus declaraciones. Por el contrario, sólo consignaron que nadie vio ni escuchó nada".
Réplica
En relación a la nota publicada por La Capital el 28 de diciembre, la Multisectorial Contra la Violencia Institucional y la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud sostienen que la misma "concluye no sólo que los argumentos de la Fiscalía y las querellas eran insuficientes para sostener las prisiones preventivas, sino, además, da a entender que ni siquiera deberían haber sido procesados" los policías de AI. En ese marco, se muestran "sorprendidos y preocupados porque no se presenta la posición de las querellas y no da lugar a la voz de los familiares de la única víctima de toda esta situación, es decir Franco Casco, un joven desaparecido y asesinado por el Estado, el mismo Estado que encubrió y no sólo no investigó adecuadamente, sino que obstaculizó la búsqueda del muchacho cuando permanecía desaparecido".
En ese marco solicitaron el correspondiente derecho a réplica "para que la voz de los familiares de la víctima pueda escucharse y que la ciudadanía pueda contar también con la posición de la Fiscalía y las querellas", lo que vale aclarar ha ocurrido en otras notas publicadas oportunamente por este diario, como lo ocurrido en la edición papel del 30 de diciembre en la cual se manifiesta textualmente: "El planteo del fiscal federal Marcelo Degiovanni apoyado por el juez Carlos Vera Barros para ordenar las detenciones, también señalado por las querellas, discurre sobre que no se tomaron las medidas de prueba fundamentales contra la comisaría, ni se analizaron las irregularidad del sumario policial cuando era obligación de éstos hacerlo".
También indican que "nunca se abocó AI a investigar la autoría del personal de la seccional 7ª de lo ocurrido con Casco, si había sufrido torturas, golpes o tratos crueles. Que no se analizaron los rastros del crimen en las computadoras de la seccional. Y que AI se volcó a una falsa búsqueda de un paradero con la finalidad de ocultar el proceder de la seccional" de Cafferata al 300.
