Proceso a Tognoli: el momento en que las pruebas van a juicio

Este solo enunciado coloca a quien lo diga en una posición muy incómoda. La historia de cooperación entre policías y traficantes en la provincia, por acción u omisión, no es un invento sino una lamentable y arraigada tradición. Por ello señalar que en este juicio no hubo pruebas contra Tognoli sitúa a quien lo diga bajo algún tipo de sospecha. Acá no se juzga la integridad ética de Tognoli o su calidad profesional u otras conductas del pasado. Se lo analiza por un delito concreto que es proteger a dos sindicados narcos como Aldo Orozco, de Firmat, y Carlos Ascaíni, de Villa Cañás.

Para que se trasluzca la responsabilidad en ello de Tognoli hace falta evidencia. Sin embargo, hay una conjetura de la fiscalía, que dedicó mucho tiempo y esfuerzo de investigación a sostenerla, pero la prueba necesaria para imponerle los 15 años de prisión solicitados luce como ausente.

Puede ser una impresión errada. Pero la comparten cinco redactores de este diario que han cubierto distintos tramos del juicio. La idea también es compartida por otros defensores de este caso, algunos oficiales, que no tienen interés en Tognoli porque no lo defienden, y cuya suerte no depende de cómo le vaya al ex jefe policial.

Para fincar la responsabilidad de Tognoli como protector de esa red narco, los fiscales Adriana Saccone y Adolfo Villate hilvanaron una trama iniciada en un vendedor venadense, Mauro Miguens, que terminaba en el jefe policial. Sostenida en escuchas telefónicas y testimonios de investigadores policiales, la intención de los acusadores fue demostrar que el abastecedor de Miguens era Ascaíni, y que éste se jactaba de influenciar en las más altas esferas de la policía provincial para que nadie molestara a sus vendedores. Para los fiscales, esas influencias llegaban hasta Tognoli.

Lo acusan también de proteger a Ascaíni (para quien pidieron 15 años en este juicio por liderar una red narco), a quien desde la comisaría de Villa Cañás le informaron de quién era una camioneta que lo seguía. Para obtener ese dato del Registro de Propiedad Automotor se usó una clave alfanumérica gestionada por Tognoli cuando era jefe de la ex Drogas. El policía Carlos Quintana atendió el llamado de Ascaíni, lo reconoció por su nombre y alguien después consultó con una clave asignada al comisario Néstor Fernández, subordinado de Tognoli en Drogas Peligrosas de Venado Tuerto. Así determinó que el vehículo era de la PSA y así se lo comunicó al sindicado traficante.

Hay mucho trabajo de los fiscales que es innegable para dar cuenta de situaciones muy sugestivas. La fiscal Saccone reportó, como prueba del pacto narcopolicial, que Ascaíni una vez facilitó a Fernández los datos de un vendedor al menudeo, Pablo Manzi, que "viajaba con algo encima" en micro hacia Venado. Por ello Fernández en persona, dijo Saccone, acudió a la terminal venadense y detuvo a Manzi "en un control rutinario en el que le secuestran una mochila verde con envoltorios de cocaína y marihuana", tal como reportó Fernández en el parte preventivo.

Según la fiscal, Ascaíni había hablado varias veces con Manzi y lo entregó a Fernández. Saccone señaló que Fernández habló tres veces con Tognoli el día que detuvo a Manzi, antes y después del arresto. Lo que procuraba Ascaíni, según la fiscal, era complicar a dos supuestos competidores de Venado. Y el policía, dijo la fiscal, fue funcional a esa intención.

La clave es la clave

Pero algo sugestivo no es igual a algo probado. No se establece cómo llega Tognoli a consentir o tolerar la protección a Ascaíni. No se define tampoco cómo tiene que ver con el uso de la clave "segu210183". En el juicio se explicó que Tognoli como jefe provincial de Drogas Peligrosas era responsable de la herramienta pero que ésta quedaba a cargo de un usuario que al recibirla en sobre cerrado debía modificarla en el primer uso. Las defensas plantearon, incluso con testigos, que Tognoli distribuía las claves y que ignoraba cada consulta de los usuarios, por la misma razón que un jefe que delega no puede responder por cada acto de un subordinado.

El único argumento que conecta en algo a Tognoli con los narcos juzgados es que el jefe policial gestionó la clave con la que se hizo la consulta para que policías de Villa Cañás le dijeran a un presunto narco de quién eran las camionetas que lo perseguían. Eso no alcanza para probar que Tognoli, que además dice que no tenía cómo saber qué se hacía con esas claves, participó cubriendo a vendedores de droga. Cuando declaró el ex jefe policial Cristian Sola, quien sucedió a Tognoli primero en Drogas y luego al frente de la policía santafesina, le preguntaron si había sido usuario de una clave del RPA, lo que le adjudican en este juicio a Tognoli, respondió que no. "Sólo pedíamos la clave y se las dábamos a los jefes de brigada que eran los responsables de su uso. Yo no conocía las claves y los usuarios no nos informaban sobre sus consultas", declaró.

Tampoco se puede concluir que porque Tognoli se comunicó varias veces con Fernández, el día que éste detuvo a un dealer por la supuesta delación de Ascaíni, eso prueba la connivencia entre éste y ambos policías. Es asimismo una conjetura que Tognoli reemplazó a Francisco Armúa por Néstor Fernández en mayo de 2011 en Venado porque días antes el primero inició una investigación sobre Ascaíni. Los comisarios Sola, Daniel Herrera y Alejandro Druetta declararon que Tognoli les ordenó, el día que asumió, investigar a Ascaíni.

Sobre el polémico Druetta cabe otra reflexión. La teoría de la fiscalía da por válido un procedimiento anulado y vuelto a validar, con el que el comisario detiene a Ascaíni con un pan de cocaína que en un 96 por ciento resultó ser azúcar. Ese elemento es necesario para conectar a Ascaíni con Tognoli. Para sustentar su planteo apelan a un policía en extremo cuestionado. La defensa mostró como en dos casos (Arce Luis y Castelau Pablo) la Cámara Nacional de Casación anuló condenas en las que había participado Druetta por lo ilegítimo de los operativos iniciales. En el medio del juicio, además, Druetta fue llamado a indagatoria por sus comunicaciones con un hombre que será juzgado como jefe de una banda narco.

Los defensores también señalan las distintas varas con que se miden cosas semejantes. Tognoli está preso por esta causa hace casi seis años con ningún contacto probado con los presuntos narcos juzgados. Druetta con una conversación grabada con una persona con actos de narcotráfico verificados fue imputado en libertad por este delito.

Los fiscales elaboraron su planteo con elementos ciertamente sugestivos. Pero para mandar a alguien 15 años tras las rejas la evidencia debe ser certera. La fiscalía sostiene que en delitos en los que participan actores que detentan poder las investigaciones exigen un cambio de enfoque que contemple una mirada abarcadora. Las pesquisas deben ser más sofisticadas porque los acusados, justamente por los resortes que controlan, tienen capacidades para borrar pruebas que los incriminan. Por eso es importante anudar indicios vehementes y concordantes que convaliden la idea de la conducta ilícita que busca probarse.

Es un principio atendible pero muy sinuoso. También por inferencias y deducciones la semana pasada la Cámara Federal concluyó que el ex canciller Héctor Timerman y la ex presidenta Cristina Kirchner deben ser investigados por la muerte del fiscal Alberto Nisman, cuando ni siquiera está probado que fue un homicidio. Para los camaristas un indicio de la responsabilidad de la ex presidenta es que la muerte del fiscal se produjo cuatro días después de su denuncia por un acuerdo de visos ilegales con el gobierno de Irán y horas antes de ir a exponerla al Congreso. Solo la prueba legitima a la Justicia y aleja el miedo a ella.