Un bar de avenida Pellegrini entre Roca y España fue el escenario elegido para
las reuniones o encuentros con los clientes. La excusa, frente a esa informalidad, fue que su
propio estudio jurídico estaba en refacciones. El hombre se había ganado la confianza en el templo
evangélico al que él mismo se había acercado diciendo que era abogado y gestor. Así, se ofreció
para realizar distintos trámites judiciales, los cuales cobraba por adelantado aunque en su gran
mayoría nunca los inició. Para eso contó con la colaboración de una abogada legalmente matriculada
en el Colegio de Abogados de Rosario, que con "su acción abonó la confianza que algunas de las
víctimas depositaban en el acusado".
Así lo entendió la jueza de Instrucción Nº 14, María Laura Sabatier, quien dictó
el procesamiento del presunto embaucador, Marcelo R., por 24 hechos de estafa y usurpación de
título. Al acusado le trabó un embargo por 10 mil pesos y le impuso prisión preventiva. El mismo
delito, pero sólo en tres casos, también le imputó a una profesional del Derecho, Carolina P., de
30 años, que podrá seguir en libertad mientras se realice el juicio.
El acusado tiene 40 años y, según se pudo probar hasta el momento, se acercó en
2005 a la iglesia evangélica pentecostal Sendero de la Cruz. Una de las víctimas declaró que el
hombre se comunicó con uno de los pastores porque "necesitaba ayuda pastoral".
Cuesión de fe. Así comenzó a concurrir al templo, donde al poco tiempo admitió
ser abogado y gestor que hacía todo tipo de trámite automotor. Durante los 18 meses siguientes, el
falso letrado comenzó a tejer relación con la mayoría de los fieles y a decir que tenía dos socios
más, Carolina P. y otro profesional al que no se pudo identificar. También fue investigado un
escribano, al que por falta de pruebas no se le pudo reprochar ningún delito.
La investigación quedó entonces circunscripta a Marcelo y a Carolina. Con
relación al primero, la jueza Sabatier señaló que el impostor "lograba granar la confianza de las
personas que conocía en el templo al que concurría, afirmaba falsamente ser abogado y gestor y las
engañaba mediante diversos ardides".
Entre esas maniobras la jueza detectó "la entrega de tarjetas identificatorias,
la confección de poderes para pleitos que hacía certificar en los Tribunales, la entrega de
documentación apócrifa en la que constaba que se encontraban en trámite algunas de las diligencias
encomendadas y la entrega de tickets correspondientes a supuestos depósitos efectuados en los
cajeros automáticos del Nuevo Banco de Santa Fe. Eso otorgaba una apariencia de seriedad que
determinó la perjudicial disposición patrimonial de las víctimas que le entregaron diversas sumas
de dinero" que oscilaban entre mil y 3 mil pesos de acuerdo a los casos.
Profesional. También quedó probada para la magistrada la participación de la
abogada Carolina P. "en algunos de los casos examinados". La profesional "era mencionada por el
imputado principal como su socia", argumentó en la resolución. De hecho, gran mayoría de los
testimonios volcados en el escrito dan cuenta de la participación que habría tenido la letrada. "Su
accionar abonó la confianza que algunas de las víctimas depositaba en el acusado", agregó.
Descargos. En sus respectivos descargos, ambos imputados negaron las
acusaciones. El hombre dijo que sólo se acercó al templo para impartir clases de saxo y negó
haberse atribuido el título de abogado y quedarse con dinero ajeno.
La mujer admitió haber concretado algunas gestiones por intermedio de Marcelo
R., a quien conoció muchos años antes porque fue su maestro de música en la Banda Municipal, pero
aclaró que esos trámites se hicieron legalmente y que ella nunca supo que su amigo la presentaba
como su "socia".
La abogada contó que al poco tiempo de recibirse se reencontró con Marcelo en
los pasillos de Tribunales y que su ex profesor le ofreció enviarle "algunos casos" de personas a
las que conocía del templo evangélico. A la hora de evaluar los numerosos testimonios volcados en
la causa, la jueza le atribuyó al falso abogado la probable autoría de los delitos de estafa y
usurpación de título en 24 hechos. La mujer, en cambio, sería partícipe secundaria en tres
hechos.
La resolución no está firme ya que puede ser apelada por los defensores, y es
preliminar. Pero la magistrada estableció que las pruebas recolectadas en esta primera etapa tienen
mérito suficientes para someter a esas dos personas a un juicio penal.
