El comisario Hugo Damián Tognoli, quien fue jefe de la policía santafesina hasta el 19 de octubre del año pasado, fue procesado ayer y le dictaron la prisión preventiva como "coautor funcional en el comercio de estupefacientes". El fallo lleva la firma del juez federal Carlos Vera Barros, el mismo que hace 137 días le había dictado la falta de mérito en la misma causa pero que ahora se valió de nuevas evidencias que comprometen al uniformado. En el mismo dictamen, y bajo la misma imputación, fue procesado Carlos Andrés Ascaíni, el comerciante de Villa Cañás acusado de ser un narcotraficante con protección policial. Tras conocerse la resolución, las defensas de ambos acusados anunciaron que apelarán la medida (ver página 36) que también contempla un embargo sobre los bienes por 20 mil pesos a cada uno y el traslado de los detenidos a una dependencia del Servicio Penitenciario Federal.
"Es posible sostener con el grado de sospecha propio de esta etapa que Hugo Damián Tognoli desarrolló con Carlos Andrés Ascaíni, Néstor Juan Fernández y Carlos Alfredo Quintana una empresa criminal conjunta para el comercio de estupefacientes", dice el fallo de 129 carillas firmado por el juez Vera Barros haciéndose eco del pedido que realizara la fiscalía a cargo de Juan Patricio Murray. En ese sentido, el magistrado explica que Ascaíni llevaba a cabo la venta de drogas, mientras que el "aporte funcional" de Tognoli era "la protección del nomal desarrollo de dicha actividad ilícita mediante la evitación de que fuera frustrada tanto por la fuerza policial que tenía a cargo como por otras fuerzas policiales que eran puestas en evidencia".
A pesar de que en el fallo Vera Barros hace mención a la "empresa criminal conjunta", el juez contó que "se decidió no utilizar esa figura sino la de coautoria funcional en el comercio de estupefacientes". Y explicó que "esa acusación se basa en el principio de la división del trabajo según el cual cada coautor complementa con su parte en el hecho la de los demás y así conforman la totalidad del delito, por lo que también responde por el todo".
En ese sentido, el magistrado entiende que la parte que le cupo a Tognoli fue la de "convalidar como responsable las consultas efectuadas por el comisario Fernández y el cabo Quintana al sistema del Registro Nacional de la Propiedad Automotor desde la clave que previamente le había suministrado al primero, a fin de informarle a Ascaíni que los vehículos que lo estaban siguiendo pertenecían a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), lo que le permitió continuar con el desarrollo de dicha actividad ilícita y, de ese modo, evadir la investigación y la acción de la Justicia para continuar con el tráfico de estupefacientes con cuyas ganancias se beneficiaban".
En ese marco el juez profundiza la acusación y sostiene que "nos encontramos con que la persona que tiene el deber de combatir y prevenir delitos como tarea funcional (en el caso específico aquellos previstos en la ley de estupefacientes) no solo no los evita sino que utiliza el poder que en virtud de dicha posición concentra como su principal herramienta para cometerlos".
La historia. El caso por el cual fue procesado y está preso Tognoli salió a la luz el 19 de octubre de 2012. Ese día el diario Página/12 publicó una nota en la cual se daba cuenta de la investigación que la PSA realizaba sobre Carlos Ascaíni y que fue presuntamente abortada por la protección que ese narco tenía de parte de la policía santafesina.
La acusación se basaba en el intercambio de mensajes de celular entre un policía y una mujer vinculada a la trata de personas que pedía asesoramiento para vender cocaína y que recibió como respuesta que debía pagarle 30 mil pesos a Tognoli y comprarle a Ascaíni. Pero también por el pedido que Ascaíni hizo a la comisaría de Villa Cañás en 2009 para que le informaran de quién eran dos autos que lo perseguían y que luego se comprobaría que eran de la propia PSA.
La investigación judicial determinó que el pedido de ayuda de Ascaíni fue recibido por el suboficial Carlos Quintana y que la averiguación al Registro Nacional de Propiedad Automotor fue realizada por el comisario Néstor Fernández, entonces jefe de la Brigada Operativa de la ex Drogas Peligrosas del deaprtamento General López.
Esa consulta al RNPA se realizó con una clave cuyo uso, con el avance de la pesquisa, terminó siendo el nudo de toda la cuestión. Es que la misma era solicitada desde la jefatura de la ex Drogas Peligrosas que comandaba Tognoli pero éste se las derivaba a sus subordinados para que las utilicen en las investigaciones de rigor. Y también era Tognoli quien "convalidaba" cada 90 días las consultas realizadas con esas claves en lo que su defensa dijo, oportunamente, era un trámite administrativo.
Por eso el 5 de noviembre pasado el juez Vera Barros dictaminó la falta de mérito de Tognoli al entender que los elementos obrantes no tenían consistencia para vincularlo con el delito por el cual era investigado. No obstante, el magistrado rechazó el planteo de la defensa de sobreseerlo.
Tras ello llegó el relevo de la fiscal Liliana Bettiolo, quien sostuvo que había mucha prueba por producir pero no apeló la falta de mérito. Entonces la Procuradora General de la Nación nombró en su lugar al fiscal Juan Patricio Murray, quien le dio un nuevo impulso a la pesquisa.
Lo que cambió. Desde la llegada de Murray se incorporaron a la causa nuevos elementos. Fundamentalmente nuevos testimonios que, para el magistrado, fueron "relevantes a la hora de entender" la conducta delictiva del ex jefe de la policía. En ese sentido el fallo destaca lo dicho por el perito Jorge Likerman, responsable del área de Servicio Informático del Registro Nacional de Propiedad Automotor; y de cuatro ex jefes de Drogas Peligrosas. Todos, de uno y otro lado, hicieron mención a cómo se utilizaba la clave para averiguar la propiedad de determinados vehículos y cómo era el sistema de validación de esas consultas.
Sobre lo dicho por Likerman, Vera Barros subraya que el perito "manifestó la posibilidad (que tenía Tognoli) de verificar las consultas y los titulares de los dominios hechas tanto por los responsables como por los usuarios de las claves, así como del procedimiento establecido a los fines de la validación de las consultas, responsabilidad que pesaba" sobre el acusado.
En cuanto lo declarado por los ex jefes Hugo Baigoría, Gabriel Leegstra, José Luis Romiti y Cristian Sola, el fallo dice que "llevan a concluir que siendo Tognoli el responsable de la clave mencionada, no estableció el mecanismo de control necesario para la validación de las consultas, lo que permitió continuar con su uso del modo en que se venía realizando, resultando ello suficiente motivo para el reproche que le cupo". Y agrega: "Existen elementos de sospecha suficientes como para afirmar que la posición jerárquica en la que se encontraba el imputado, sumada a la experiencia adquirida en más de 30 años de carrera policial, habilitan la conclusión de que el mencionado tuvo la posibilidad de comprender la antijuridicidad de sus actos y actuar conforme a dicha comprensión".
El narco. En cuanto a la imputación sobre Ascaíni, para el juez no caben dudas de su coautoría funcional, la cual estaría demostrada mediante escuchas telefónicas, "el llamado casi familiar" a la comisaría de Villa Cañás para que le averigüen de quién eran los autos que lo seguían y la incorporación a la causa del expediente que tramita en otro juzgado federal y en el cual ya está procesado por comercializar estupefacientes.
