La tensión entre un caso de gatillo fácil y la versión de un enfrentamiento marcó ayer el cierre del juicio oral al suboficial mayor Raúl Anzoategui por el homicidio de Marcelo Gustavo Lares, un joven de 20 años baleado en 2013 en el arroyo Ludueña. La fiscalía pidió una condena de prisión perpetua como autor de un crimen cometido en abuso de sus funciones. La misma pena pidió la querella ejercida por el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ), que encuadró el crimen como un acto de violencia institucional y señaló que la policía "intentó encubrir de manera corporativa". La defensa, en cambio, reclamó la absolución al plantear que la víctima disparó un arma —si bien una pericia indica que no funcionaba— y que no se acreditó quién efectuó el tiro letal.
El fallo de los jueces Ismael Manfrin, Edgardo Fertitta y Marisol Usandizaga se conocerá mañana a las 10.
El caso comenzó a juzgarse el 12 de diciembre cuando Anzoategui, de 49 años, llegó al banquillo acusado de la muerte de Lares, ocurrida el 6 de junio de 2013. El joven fue alcanzado por una bala cuando huía de su casa de Olavarría 1224 bis donde policías de la comisaría 20ª habían llegado para un allanamiento en busca de su hermano menor, una moto supuestamente robada y armas.
Al advertir que Lares huía lo siguieron dos patrulleros. En uno iban Anzoategui y el cabo Claudio R. El joven corrió, saltó un tapial, pasó por una casa, se peleó con los tíos de un niño al que quiso tomar de rehén y se metió en el Ludueña. A la altura de calle Olivé un policía le dio alcance y se oyeron tres tiros. Uno impactó en la nuca del joven que terminó muerto en el agua. Cerca de él la policía halló un revólver Bersa 22 largo y oxidado. Anzoategui fue procesado como autor del homicidio y por falsear actas policiales. El cabo R. fue sobreseído por el homicidio pero procesado por falsedad ideológica y encubrimiento agravado, trámite que cursa un proceso escrito.
Alegatos
Tras una semana de debate, el fiscal Luis Schiappa Pietra pidió prisión perpetua para Anzoategui por homicidio agravado por su función policial. "¿Sabía del poder letal de una 9 milímetros? ¿Que podía provocar una muerte? La respuesta se cae de madura: quiso disparar a un joven desarmado, sabía que lo podía matar y lo mató", consideró.
Con menor énfasis, el fiscal mantuvo planteos subsidiarios como la posibilidad de que el policía sea condenado por homicidio culposo (supone actuar con negligencia pero sin intención de matar) dado que, según declaró en el juicio una perito, el plomo rebotó antes de ingresar por la nuca de Lares y alojarse en la boca. "Muy posiblemente este plomo haya rebotado. ¿Cuál es el efecto en términos del dolo? Ninguno. Autor de homicidio no es el que matare a otro con puntería. El quería disparar, lo hizo y lo mató", dijo el fiscal, que pidió valorar "el resultado dañoso e irreparable".
El abogado del CAJ Valentín Ereñú, en representación de la familia Lares, también pidió perpetua tras resaltar que "Gustavo no tenía armas" sino que le fue plantada y por ende no hubo enfrentamiento. Además dijo que la pistola "plantada" debajo del cuerpo del joven "no tenía aptitud para el disparo. Es claro que ese arma no disparó". Para la querella, por lo tanto, "el disparo fue con dolo, no repelió nada. Decidió ponerle fin a una persecución y el rebote no excluye la intención".
Para Ereñú fue un caso de violencia institucional por lo ocurrido antes, cuando los policías estuvieron de 10 a 14 en la casa del joven sin encontrar nada, y después del crimen, cuando "la policía actuó de manera corporativa para encubrir".
Los defensores Sergio Casas y Cristian Anderson, últimos en exponer, plantearon otra teoría sobre el arma atribuida a Lares: dijeron que "salió del agua con aptitud para el disparo" y se trabó al momento de la pericia. Consideraron que en el lugar hubo tres disparos: dos desde las armas de los policías y el tercero se lo asignan a Lares. Insistieron en que no se pudo determinar cuál de las dos armas policiales mató al joven porque el plomo quedó deformado y no se pudo cotejar: "La bala entró aplanada porque rebotó contra algo duro. Eso aleja la teoría de la intención de matar".
"Evidentemente el enfrentamiento existió. Esa teoría del policía que mata por la espalda no se probó en este debate", dijeron antes de pedir la absolución y libertad de su cliente.
Cerrado el contrapunto, el juez Manfrin le dio al acusado la oportunidad de decir las últimas palabras pero el efectivo declinó de hablar.
