Piden altas penas para 13 acusados de integrar dos bandas de asaltantes

Las fiscales Valeria Haurigot y Cecilia Brindisi formularon la requisitoria de elevación a juicio para trece integrantes de dos gavillas de ladrones a mano armada que cometieron atracos resonantes con suculentos botines durante 2017. Las pandillas puestas bajo la lupa son la de "Lichi" Romero, con área de influencia en la zona noroeste de la ciudad, y la "Banda del Chino Luis", de la zona sur y conectada con hampones cordobeses.

Ambas gavillas fueron desbaratadas en julio del año pasado y las fiscales acusan sus miembros de integrar una asociación ilícita destinada a cometer entraderas y escruches. Para ellos solicitaron altas penas de hasta 30 años de prisión (ver aparte). A los imputados, doce de ellos con antecedentes, se los acusa entre otros hechos de los robos —todos el año pasado— a la distribuidora de golosinas Tyna, en marzo; el local de Electricidad Centro de Paraguay al 1000, en mayo; una entradera en una vivienda de Rioja al 3200, el robo en una empresa metalúrgica de Benítez al 3000 y una churrería de Biedma al 100 bis, estos tres en junio. Pero además se los acusó del lavado de activos producto de los botines que superaron los dos millones de pesos.

Coordinados

Durante el primer semestre de 2017 Rosario padeció una ola de violentas entraderas, robos a empresas y escruches. El 4 de julio del año pasado, tras una serie de 35 allanamientos en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y San Nicolás fueron detenidas 14 personas como sospechosas de integrar dos violentas bandas: la de "Lichy" Romero, con epicentro en el barrio Municipal de Nuevo Alberdi, y la del "Chino Luis", afincada en la zona sur de Rosario, Villa Gobernador Gálvez y San Nicolás con activos contactos con pistoleros cordobeses.

Las bandas actuaban coordinadamente basados en la información que suministraba un entregador y, puestos a trabajar, sólo se concentraban en dinero en efectivo o objetos de valor portables como celulares y computadoras portátiles.

La investigación sobre estas bandas expuso el despliegue de una ingeniería investigativa comandada por las fiscales y llevada adelante por la Policía de Investigaciones (PDI). En la causa se peritaron alrededor de 80 celulares y se analizaron cerca de 15 mil escuchas judicializadas. Es una investigación en la que no hubo procesos abreviados y por eso todos los imputados llegarán a juicio.

La teoría del caso que llevan adelante las fiscales de Investigación y Juicio Brindisi y Haurigot es que los integrantes de estas dos bandas interactuaban entre sí para cometer "delitos indeterminados de tenencia y portación de armas de fuego —de uso civil y de guerra—, amenazas calificadas, robos calificados por efracción, robos calificados por uso de armas de fuego, encubrimientos, lavado de activos", según consignaron en el pedido de elevación a juicio.

"La delincuencia es el modo de subsistencia que eligieron para alcanzar niveles económicos que no podían alcanzar por vías legales con la misma facilidad o en el corto plazo, además del reconocimiento que les acarrea como «personas peligrosas» o de «temer» en sus barrios," consignan las fiscales en su pedido.

Resonante

El golpe más resonante de estas bandas fue el atraco a la distribuidora Tyna, el lunes 27 de marzo de 2017. Un auto negro con seis hombres armados irrumpió por sorpresa en el galpón de avenida Presidente Perón al 6900. En un video que circuló por los medios se pudo ver como ladrones encapuchados bajaron del vehículo y amenazaron al personal.

Los hampones huyeron con una suma de dinero cercana al millón de pesos de la línea de cajas. En el atraco fueron utilizados un Renault Sandero y un Ford Focus negro. Pero para la última etapa del escape apareció una ambulancia del Sindicato de Recolectores de Residuos de Rosario, que había sido robada y emplearon para completar la fuga.

Los Romero

Al desgranar las gavillas se presenta a Hernán Ramón "Lichy" Romero, de 28 años y conocido de las crónicas policiales, como líder de la banda que lleva su apodo y apellido. Al momento de su caída estaba en libertad condicional en el marco de una condena de cuatro años.

Para la fiscalía Lichy es el nexo con la banda del Chino Luis. "Se encarga de colocar y convertir el dinero obtenido ilícitamente en bienes subrogantes a los que intenta darle apariencia lícita generando para ello fluidas relaciones con Jorge Martín", indicaron las fiscales respecto del dueño de una agencia de autos que no está inscripta en la Municipalidad ni en Afip y, según explicaron, es "el encargado de lavar los activos de los Romero". Irá a juicio por una imputación de tenencia ilegal de arma de fuego.

Otro acusado es Horacio "Cuchini" o "Papu" Toledo, con "ascendencia y liderazgo" en la banda de Lichy. Sindicado como el otro contacto con la banda del Chino Luis, está imputado en dos robos (uno de ellos el de Tyna) y además irá a juicio por tenencia de un arma y encubrimiento.

Gastón Romero, primo hermano de Lichi, cuenta con “un lugar de preeminencia por su relación familiar”, describen las fiscales. Es el encargado de realizar la inteligencia de los objetivos a robar. Y también es mano de obra. Está mencionado en tres robos.

También irá a juicio Mónica Romero, madre de Lichy y acusada de generar vínculos con la policía así como de hacer “uso y abuso del temor” que los vecinos del área de influencia de los Romero sienten por la familia. “Una persona especialmente peligrosa atento que su condición de mujer mayor y madre de familia le ofrece cobertura”, se indica en la elevación. También afronta una acusación por tenencia ilegítima de arma de fuego.

El Chino Luis

Luis Francisco Ramos, de 30 años y apodado “Chino”, está sindicado como el jefe de la segunda banda. “Tiene a cargo la determinación de lugares, fechas y modos” de realizar los robos. Además ser el nexo con Lichy y Cuchini, sus pares de la zona noroeste. “Tiene trato directo con personas que entregan información” sobre posibles blancos, y “aglomera” recursos para convocar a maleantes de otros lugares, por ejemplo cordobeses. Se le achacan al menos dos golpes.

Abel Fernández, de 56 años y conocido como “Veneno” o “Viejo”, es un hampón con una historia penal de más de 20 años. Viejos investigadores lo calificaron como “un choro de otra época, un ladrón del siglo pasado”, tal vez por haber integrado la banda de “balseros boqueteros” que en octubre de 1995 intentó robar el tesoro del Banco de Santa Fe de Alberdi y Génova llegando al sótano de la entidad por el entubamiento del arroyo Ludueña en un improvisado gomón para llevarse 515 mil pesos-dólares.

Las fiscales Brindisi y Haurigot entienden que Fernández era uno de los jefes de la banda del Chino Luis y le endilgan dos robos, uno de ellos en el escruche de la metalúrgica de Benitez al 3000.

Cristian Marcelo Salas, conocido por los apodos de “Gordo”, “Pelado” o “Pipo”, es exponente de los maleantes cordobeses que, a los ojos de la acusación, trabajaban en Rosario. De 44 años y oriundo de la capital mediterránea, actualmente está detenido en el marco de otra investigación por encubrimiento y portación de arma de fuego. Su contacto era Ramos. También irá a juicio por una causa por portación de arma y encubrimiento calificado.

La participación de Marcelo Fabián Franzutti en la banda se desprende “del fluido y constante trato con otros integrantes de la asociación”. Luis Miguel Comparin, según la acusación, participó del robo a Electricidad Centro y sus contactos con la banda del Chino son Fernández y Franzutti.

Luis Chieno es otro imputado que llegó a esta banda por su relación con Fernández, junto a quien fueron condenado por un robo calificado. Participó del golpe a la metalúrgica, donde también actuó Daniel Ceferino “Pala” Canteros.

Una mención especial es la participación de Pablo Caram, quien al momento de ser detenido trabajaba en una empresa tercerizada que realizaba servicio técnico para Telecom. Las fiscales dicen que aportaba a la banda “inteligencia previa, vestimenta necesaria para disimular la intención delictiva y a veces conocimientos técnicos para generar alteraciones en las prestaciones de servicios luego de acceder a las viviendas con la excusa de reparar desperfectos”. Su contacto con la banda era el Chino.

Una vez elevada la causa a juicio, resta que la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) programe, dentro de un contexto de congestionamiento de procesos judiciales, la fecha para el juicio oral y público para los sindicados.