Pedirán una sanción para el fiscal Adrián Spelta por "una falta grave"

El senador radical Lisandro Enrico (departamento General López) recomendará a la Comisión Bicameral de Acuerdos que proponga a la Legislatura provincial una sanción contra el fiscal de la Unidad de Homicidios de Rosario Adrián Spelta al considerar que incurrió en “una falta grave” al posibilitar con su actuación que Emanuel “Ema Pimpi” Sandoval cumpliera arresto en un domicilio del barrio La Florida, donde lo mataron en octubre pasado, mientras estaba imputado por un delito no excarcelable.

   Enrico, quien en este caso actúa en carácter de acusador, considera que según las leyes vigentes los hermanos Emanuel y Lucas Sandoval debían transitar el proceso penal al que estaban sometidos por un triple homicidio en grado de tentativa dentro de un establecimiento carcelario ya que el delito imputado prevé altas penas. “Le dieron la prisión preventiva en una casa a una persona de habitualidad delictiva, lo que convierte típicamente a este caso en una puerta giratoria de la Justicia. El fiscal Spelta debió haber peleado porque la prisión preventiva se cumpla tras las rejas sin admitir ninguna alternativa. Y agrego que lo grave en esto es además la conducta del sistema de jueces que avalaron la medida”, indicó el senador en referencia a los magistrados que avalaron la decisión del fiscal.

   En ese sentido, Enrico elevará la semana que viene a la Comisión Bicameral su recomendación teniendo en cuenta, según dijo, una consideración política y no sólo de índole penal. “Estaba en juego un delito con expectativa de pena alta, ya que había una acusación de intento de triple homicidio más la portación ilegítima de un arma de fuego. Pero hablamos de una persona con reiteración de delitos de alto perfil en una ciudad como Rosario. Quien recibió ese beneficio tenía ya una condena por la balacera a la casa de un gobernador (la vivienda de Antonio Bonfatti en octubre de 2013). En todo ese contexto el fiscal Spelta acordó una libertad con el defensor Fausto Yrure. No había ninguna justificación para ello y el Estado no puede fallar en temas como éstos”, observó.

El proceso

El requerimiento disciplinario contra el fiscal Adrián Spelta llegó a la Legislatura remitido por la auditora del Ministerio Público de la Acusación (MPA) María Cecilia Vranicich. El planteo contra el funcionario se basa en el trámite judicial por un triple homicidio en grado de tentativa que implicó a “Ema Pimpi” Sandoval en junio de 2017. El muchacho fue apresado en marzo de 2018, un mes después que su hermano Lucas, también acusado por ese episodio. Entonces, a los dos les dictaron la prisión preventiva que empezaron a cumplir en la cárcel de Piñero.

   Poco después el fiscal Adrián Spelta acordó una morigeración de prisión con el defensor de los hermanos Sandoval, Fausto Yrure. Ambos la debían cumplir con el uso de tobilleras electrónicas y en dos viviendas diferentes, trámite convalidado por el juez Hernán Postma.

   Ante ello los Sandoval salieron de la cárcel y marcharon a sus casas. Lucas, sin embargo, en agosto de 2018 rompió la tobillera electrónica que tenía y escapó de su vivienda aunque fue recapturado un mes más tarde y en diciembre del año pasado recibió una condena de 11 años de cárcel por el delito en cuestión.

   Pocos meses antes, en abril del año pasado, un nuevo acuerdo entre Spelta e Yrure permitió que “Ema Pimpi” se mudara de su vivienda del barrio Parque Casas a una residencia de Pago Largo 654, en el barrio La Florida y propiedad del camarista civil Oscar Puccinelli. Allí fue sorprendido junto a un grupo de amigos por una banda que entró a tiro limpio y lo ejecutó el 25 de octubre del año pasado en un hecho que dejó otras dos víctimas fatales. Ese acuerdo de mudanza para continuar cumpliendo la prisión domiciliaria fue aprobado por el juez Gustavo Pérez de Urrechu.

   En ese sentido, la auditora señaló que el fiscal nunca debió admitir que Sandoval estuviera fuera de una cárcel. Y por esos mismos asuntos la Corte Suprema de la provincia inició una investigación que hace eje en las actuaciones de los jueces que avalaron el acuerdo del fiscal y la defensa, es decir Hernán Postma y Pérez de Urrechu.

   “Hay una prisión domiciliaria mal dada sin ninguna duda. Está en tela de juicio por qué personas que tienen que estar en una cárcel estaban en una casa. El problema que tenemos en Rosario es también un problema de impunidad. Estamos persiguiendo permanentemente a las mismas personas. Hay personas que cometen delitos recurrentes que no pueden estar en libertad”, consideró el senador Enrico para quien en el tema prima un asunto de sentido común.

   Como acusador del caso, el miércoles próximo Enrico sugerirá a la Comisión Bicameral que eleve a la Legislatura una sanción para el fiscal Spelta, actual jefe de la Unidad de Homicidios Dolosos de Rosario, aunque no señaló cuál será esa sanción. A partir de ese momento la Legislatura tendrá tres posibilidades: no tomar ninguna medida, suspender al fiscal hasta 180 días como máximo, o removerlo de sus funciones. La decisión requiere de una mayoría especial. Esto implica 11 de los 19 miembros del Senado y 26 de los 50 en Diputados.

Finalmente, el senador radical en el Frente Progresista por el departamento General López dijo que con la morigeración de prisión a Sandoval hubo una falla del sistema penal. “Incluso hay un informe de la Corte Suprema sobre dos jueces a los que están investigando con firmeza. Hay un muy buen trabajo tanto de la auditora Vranicich sobre el fiscal como del sumariante de la Corte (Guillermo) Corbella sobre los jueces. Un caso en el que un fiscal no pelea la prisión preventiva de una persona que debía estar en cárcel es muy serio. Pero a mi criterio también lo es lo que hicieron los jueces”, planteó.

La defensa

El fiscal Adrián Spelta rechazó los cargos planteados por la auditora del MPA señalando que nunca aceptó una prisión domiciliaria para “Ema Pimpi”, cosa de la que no se habla en la audiencia según el registro de audio, sino que aceptó una medida de libertad alternativa para el acusado con prohibición de acercamiento, restricción del ámbito de movilidad y utilización de tobillera electrónica.

   Además, ya elevó un recurso judicial impugnando el mecanismo disciplinario al que lo están sometiendo al entender que no es la Legislatura la que debe examinar su conducta. Aduce que el procedimiento es inconstitucional porque es una desviación de poder, dado que antes la facultad de juzgar las faltas estaba en manos del Poder Judicial y que la Legislatura, en 2018, se la autoconcedió en una decisión que mereció varios planteos de inconstitucionalidad.

Otro pedido

Por su parte el diputado provincial del Frente Social y Popular Carlos Del Frade elevó a la Comisión bicameral de Acuerdos de la Legislatura que preside el senador Joaquín Gramajo (PJ-Departamento 9 de Julio) un informe del proceso abierto por el presunto mal desempeño del jefe de los fiscales de Rosario, Patricio Serjal, por la compra de dos autos en un concesionaria oficial cuyo dueño se vio beneficiado con el archivo de una causa en la que estaba denunciado por estafa, procedimiento que fue avalado por el funcionario en cuestión.

   En su carácter de acusador, Del Frade expuso datos detalles de la cuestionada conducta del funcionario y sugirió la suspensión preventiva por 60 días hasta que se defina si corresponde la acusación formal y el posterior apartamiento del cargo.