La intervención de la Fiscalía Regional Rosario fue precedida por una serie de incidentes que se remontan a cuatro años atrás y que se acentuaron el último semestre en el organismo de la acusación penal más grande de la provincia. Desde el escándalo de corrupción política que causó el desplazamiento del anterior fiscal regional hasta disputas entre fiscales con señalamientos mutuos por mal desempeño, un clima de tensión interna y fuertes presiones políticas desembocó en una crisis que la misma fiscal regional María Eugenia Iribarren admitió en la Legislatura poco antes de su apartamiento temporario. Paso a paso, lo que sigue es una cronología para entender ese derrotero:
El 11 de agosto de 2020, el ex fiscal regional Patricio Serjal, designado por acuerdo de la Legislatura, quedó detenido en una causa por corrupción. Así, a seis años de su creación, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) generaba un tembladeral político en la provincia. Ocho días antes el entonces gobernador Omar Perotti lo había desvinculado con la prohibición de ocupar cargos públicos en el futuro.
Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra esgrimían evidencia en su contra en una investigación a una red de juego clandestino que operaba con protección judicial y política en la provincia de Santa Fe. Una trama que quedó al descubierto tras la muerte de un apostador en una balacera al Casino City Center.
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Un mes antes había sido detenido en esa causa el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, condenado un año más tarde a 3 años de prisión efectiva. Fue considerado parte de una asociación ilícita que, a cambio de dádivas, brindó protección al empresario de juego clandestino Leonardo Peiti, quien afrontó la misma pena y el pago de una multa. Un año y cinco meses después de ser detenido y tras el pago de 10 millones de pesos, en febrero de 2022 Serjal obtuvo autorización para esperar en libertad un juicio que aún no tiene fecha prevista.
En la convulsión que provocó la caída de Serjal, el 14 de agosto de ese año el entonces fiscal regional Jorge Baclini designó como sucesora a María Eugenia Iribarren, elegida por su trayectoria en el Poder Judicial de la provincia y por ostentar en aquel momento una jerarquía alta, ya que había sido fiscal de Cámaras en el viejo sistema de enjuiciamiento escrito.
En plena pandemia por Covid-19 y ante un sostenido aumento de la criminalidad en Rosario, Iribarren asumió en una situación ”crítica” con la misión de dotar de confianza al área y reorganizar líneas de trabajo. Fue una designación provisoria hasta que comenzó a ejercer la titularidad obtenida por concurso el año pasado.
Sumarios internos
A un mes de asumir el interinato, la escalada de ataques a tiros a comercios y particulares en la ciudad de Rosario motivaba la creación por parte de Iribarren de una unidad especializada en Balaceras, única en su tipo, que llegó a concentrar de 10 a 20 hechos por día. Ese contexto de escalada delictual y amenazas a fiscales fue reflejado en marzo de 2023 en una nota de la revista Noticias titulada “Fiscales en peligro”, que abordaba “cómo viven los funcionarios que investigan y acusan a las bandas” en Rosario.
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Tras la publicación Iribarren remitió el caso a la Auditoría General de Gestión del MPA para que se realizara un procedimiento disciplinario sobre los cuatro fiscales que se expresaban en el artículo: Matías Edery, Franco Carbone, Pablo Socca y Valeria Haurigot. La resolución fue dispar. En los casos de Edery y Carbone, el auditor Leandro Mai no advirtió motivo de reproche pero sí hizo observaciones respecto de los restantes. Aunque no se aplicaron sanciones, el incidente generó un malestar institucional que trascendió las fronteras del Centro de Justicia Penal.
La denuncia a Edery
En septiembre del año pasado los fiscales Socca y Miguel Moreno presentaron una denuncia formal contra su colega Matías Edery, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, para que se lo investigue por la presunta comisión de delitos de acción pública. Cuestionaron a Edery por haber protegido a la informante Mariana Ortigala, vinculada a Los Monos, supuestamente a cambio de información contra el jefe de la banda rival de Esteban Alvarado.
En medio de un nuevo escándalo institucional y un áspero clima interno en el MPA rosarino, se abrió un legajo contra Edery ante el auditor MPA, quien se inhibió de seguir en el trámite al presumir que la sanción posible para el fiscal superaba los 60 días. Lo que obligaba a pasar el caso a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura.
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El mismo mes de septiembre la fiscal general María Cecilia Vranicich, ante “el escenario de gravedad institucional” en la regional segunda, resolvió un proceso de monitoreo —una virtual intervención— por noventa días en tres áreas clave del MPA rosarino: la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, el Equipo de Trabajo para el Abordaje de Hechos Cometidos con Armas de Fuego (Balaceras) y Homicidios Dolosos. Las conclusiones de ese informe, que cuestiona la fragmentación del organismo y falta de liderazgo, fueron citadas en la resolución que este martes removió a Iribarren de la conducción rosarina.
El 11 de noviembre pasado la fiscal Iribarren fue convocada a dar explicaciones sobre la conflictividad interna en la regional a su cargo y, en una exposición de cuatro horas ante la Legislatura, admitió una crisis en su regional.
A la par se inició una causa penal contra Edery, quien el pasado 16 de febrero fue imputado por dos fiscales de Santa Fe, acusado de haber omitido investigaciones y encubrimiento para proteger a Ortigala y evitar que fuera investigada entre los años 2019 y 2023. Tras eso, La Asamblea Legislativa suspendió al fiscal por todo el tiempo que dure el trámite, le impidió la entrada a dependencias del MPA y redujo su sueldo al 50 por ciento.
Días después, la fiscal Iribarren realizó declaraciones radiales en las cuales fue crítica con los fiscales Moreno y Socca, de quienes dijo que se habían manejado “con cierta imprudencia” y abrió un pedido de investigación afirmando que habrían actuado por fuera de los alcances de su función.
