“Tenemos una plataforma votada por la gente. Las transformaciones deben nacer de las
decisiones de un gobierno elegido y no de las corporaciones. Las críticas bienintencionadas nos
sirven como asesoramiento gratuito, pero éstas no se hacen con buen espíritu”, dice el
ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti. Alude a las sonoras objeciones que el
organismo gremial de los jueces, el Colegio de Magistrados de Santa Fe, hizo mencionando una crisis
“incontrolable” del Poder Judicial y responsabilizando por ella a su gestión. Superti
las atribuye a la pérdida de gravitación que los magistrados tienen en las designaciones.
—¿Cómo tomó el documento de los magistrados?
—Se ha planteado esto como un conflicto de poderes por un
documento gremial del Colegio de Magistrados (CM). Pero la cabeza del Poder Judicial es la Corte
Suprema de Justicia. Sin embargo esto pudo agravarse porque uno de sus ministros, Rafael Gutiérrez,
hizo declaraciones que, aunque más leves, parecieron compatibles con el documento del colegio que
el presidió. Estamos expectantes a ver si la Corte ratifica sus dichos, si no los acompaña o si no
quiere tratar el tema.
—Uno imagina que la Corte no tiene por qué pronunciarse.
—Dado que se planteó el tema en varios medios como un conflicto de
poderes, una forma de aclararlo es que la Corte se defina. Pueden no hacerlo.
—Los magistrados cuestionan la ineficiencia del Consejo de la
Magistratura (C de la M), hablan de cargos vacantes, de falta de presupuesto y responsabilizan al
gobierno.
—Me llama la atención esta intempestividad. Critican el banco de
suplentes cuando terminamos los concursos, el trámite legislativo para reglamentarlos y mandamos
las listas. Critican la reforma procesal penal diciendo que no se puede hacer por falta de plata
cuando anuncié que el presupuesto va a contemplar los fondos para arrancar el año que viene.
Critican al C de la M pidiendo institucionalidad y el diseño actual responde a transparentar su
funcionamiento. Estas reacciones me hacen pensar que estamos avanzando. “Ladran Sancho, señal
que cabalgamos”.
—¿Está más lento ahora el proceso de designar jueces?
—Sería bueno que hagan un estudio de rendimiento del antiguo C de
la M en relación al actual. Las protestas no tienen que ver con la rapidez sino con la menor cuota
de poder y participación. Todos los juzgados vacantes, salvo los penales, se encuentran en
concurso. En este momento tenemos 45 vacantes reales de las cuales 31 tienen concurso iniciado. En
el caso de los jueces penales tenemos que hacer una modificación porque la designación se rige por
la nueva ley de implementación. Para el resto están los concursos en marcha incluidos los nuevos
juzgados creados. Llama la atención la queja de que se le dé demasiado uso al banco de suplentes
que ya estaba creado cuando asumimos. Lo que hicimos fue una reforma legislativa para hacerlo más
operativo. Y el comunicado sale al día siguiente de que hiciéramos las propuestas para cubrir el
banco de suplentes.
—La valoración de los magistrados es que el C de la M es en
extremo ineficiente.
—Designar un juez es tarea delicada: se trata de conformar un
poder del Estado en un sistema democrático. Esto tiene rutinas. Para designar al gobernador o a los
disputados hay que tramitar todo un proceso que son las elecciones. Los jueces reciben el aval del
Estado por una vía indirecta: la propuesta del Ejecutivo y el acuerdo de la Legislatura. El
gobernador estableció un sistema que tiene como objetivo que los propuestos sean los mejor
calificados en un concurso. Y que este sistema sea transparente de tal forma que ningún magistrado
al asumir le deba facturas a nadie.
—¿Los magistrados se quejan porque perdieron poder?
—Desconozco cuál es el poder que tenían antes. Lo que digo es que
el trámite que tenemos ahora apunta a construir un Poder Judicial distinto.
—Le digo yo cómo era antes: el Colegio de Magistrados incidía en
la designación de favoritos, con la venia de la Corte, en una gran rosca conocida por todo el
mundo. Luego el gobernador proponía y la Asamblea Legislativa avalaba.
—Yo digo que pueden intervenir como jurados y son muy respetables
en ese rol. Pero ahora nadie es el dueño de la designación. Hacer más transparente cada etapa
supone más trabajo y más demoras: hay que resolver muchas impugnaciones. Como los jueces luego son
inamovibles, es preferible demorar ahora y no arrepentirse después todo el tiempo.
—¿Interpreta entonces una actitud más política que gremial en el
documento?
—Ellos dicen al final del documento que no son los culpables, una
posición de defensa y de víctima que nadie les adjudicó. Hablan de crisis incontrolable cuando en
mayo pasado manifestaron pidiendo medios adversariales para bajar la litigiosidad y nosotros
tenemos en la Legislatura la ley de mediación obligatoria en materia civil y comercial que bajará
la litigiosidad un 30%.
—También dicen que no hay recursos, ni personal, ni edificios para
la reforma hacia el juicio oral. ¿Es así?
—Primero digamos que el Código Procesal Penal va a entrar a regir
cuando lo diga el Poder Ejecutivo. La Corte sacó una acordada inútil pero necesaria para evitar
interpretaciones equívocas. Es falso que lo hizo para salvar una desprolijidad. Omiten decir que
durante un año se trabajó para sancionar cuatro leyes sobre los órganos necesarios para que la
reforma sea posible. Están generando una idea de caos que no es tal. Tienen doble discurso. En el
año 93 siendo Reutemann gobernador hacen un Código Procesal Penal que no llegó a ser sancionado.
¿Quién evitó que eso ocurriera? Ahora, con fallos de la Corte nacional que obligan a cambiar el
procedimiento ellos se dicen artífices del Código. Analizando la historia esto me parece un
desatino. Posiblemente la esperanza era que este Código nunca entrara a regir.
—El diputado Lamberto señaló que algunos de los que firman este
comunicado son los que cantaron “Resistiré” en una cena en vísperas de la asunción de
Binner y que tienen estrechos lazos con algunos miembros de la Corte.
—Estamos por cumplir dos años del “Resistiré”. Me gustaría que empezaran a
cantar “Cambia, todo cambia”.
