Once años después, un tribunal federal de Santa Fe absolvió por unanimidad a tres policías y a un ex uniformado de la santafesina que llegaron a juicio oral y público acusados por el fiscal General federal Martín Suárez Faisal de levantarse contra el gobierno provincial durante al menos cuatro días en diciembre de 2013. Los sargentos Fabricio Javier Abasto, Claudio Marcelo Patiño y Mauricio Miguel Pagani, quienes habían llegado al debate acusados por el delito de sedición, fueron absueltos por el tribunal compuesto por los jueces José María Escobar Cello, Luciano Lauría y Elena Dilario.
Mientras que el ex policía, periodista y referente de Apropol (gremial policial no reconocida) Alberto Martínez fue sentenciado a una pena de tres años de prisión condicional, pero por el delito de amenazas e instigación a cometer delitos. Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el 25 de junio.
Durante el debate, que comenzó el miércoles y terminó este jueves en la sede del Tribunal Oral Federal 1 de Santa Fe, se escucharon los testimonios de los ex ministros Raúl Lamberto (Seguridad) y Rubén Galassi (Gobierno y Reforma del Estado y actual diputado provincial); del entonces jefe de la Unidad Regional I, Rafael Grau, y del ex arzobispo de Santa Fe José María Arancedo, quien presidió la mesa de diálogo en el conflicto. La defensa de los policías absueltos estuvo a cargo del abogado particular Luis Guillermo Blanco y el defensor público oficial, Fernando Sánchez, por Martínez.
Tres policía y un exonerado
Al debate los tres ex policías de la provincia —Abasto, Patiño y Pagani— llegaron acusados del delito de sedición agravada mientras que a Martínez, referente de Apropol, se lo imputó de instigación a cometer delitos y de amenazas coactivas agravadas. Los policías ya habían tenido un proceso en la justicia provincial por el delito de incumplimiento de funcionarios públicos, en el que también fueron sobreseídos y la causa archivada.
Alberto Martínez, ex policía, periodista y referente de Apropol, la gremial policial no reconocida. Fue condenado a tres años condicional por amenazas.
El fiscal federal Suárez Faisal había requerido una condena de dos años de prisión efectiva para Pagani, Patiño y Abasto, por incumplimiento de deberes de funcionario público, dejando de lado la acusación inicial de sedición. Según el código penal argentino este delito se le atribuye a "aquellas personas que se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público".
En tanto que a Martínez se le atribuyó haber instigado a los policías a rebelarse, a través de publicaciones en la página web de Apropol, de las redes sociales y de mensajes privados.
Diciembre trágico
En diciembre de 2013 y a partir del efecto contagio de lo que sucedía en las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Neuquén y Buenos Aires, durante cuatro días, entre el viernes 6 y el martes 10 de diciembre, una parte importante de la policía provincial entró en tensión con el gobierno que por aquellos días conducía Antonio Bonfatti.
Eran tiempos violentos. Entre 2012 y 2013 habían sido asesinadas figuras representativas en las calles rosarinas, como Martín "Fantasma" Paz (septiembre de 2012) o su cuñado Claudio "Pájaro" Cantero (mayo de 2013). Y dentro de esa espiral de violencia no puede dejar recordarse que la casa del gobernador Bonfatti, en barrio Alberdi, fue castigada a balazos en octubre de 2013.
Estos asesinatos con tinte mafioso hicieron trepar por primera vez la tasa de homicidios del departamento: en 2013 se registraron 271 asesinatos y en 2014, 264.
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"Poné que no somos de ningún gremio, que es la familia policial la que está acá peleando por sus derechos", le pidió un efectivo a un redactor de este diario cuando, al caer la tarde del domingo 8 de diciembre, todavía se mantenían no menos de 200 personas alimentando una quema de neumáticos ante el portón de la Jefatura de policía sobre calle Ovidio Lagos, con la avenida cortada en sus dos manos.
Agentes de civil o con algún pertrecho policial identificable, con sus mujeres y chicos, acamparon literalmente en la calle bloqueando de hecho el ingreso a la sede de la Unidad Regional II y prometieron mantenerse en el lugar hasta que el gobierno atendiera su pedido de recomposición salarial y mejora en las condiciones laborales.
Tal cual está planteado en los artículos 24 y 25 de la ley de seguridad interior, con la presencia del entonces secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, se constituyó un comité de crisis con competencia para actuar ante el envío de fuerzas federales que fue presidido por Bonfatti. El comité estuvo coordinado por el ministro Lamberto.
La causa comenzó a partir de un escrito presentado por el entonces fiscal de Estado Pablo Saccone en el que se daba cuenta de diferentes situaciones que ocurrían en las calles de Santa Fe y de Rosario, las dos principales ciudades de la provincia. En su informe el fiscal dejó constancia de que los uniformados, armados, encabezaban la protesta utilizando los patrulleros oficiales para llevar adelante sus reclamos.
En febrero de 2014 el fiscal santafesino Walter Rodríguez elevó un pedido de procesamiento para Pagani, Abasto, Patiño y Martínez. Y pidió la falta de mérito para otros dos uniformados. La causa federal pasó, hasta mediados de 2018, por los escritorios de las fiscalías 1 y 2 en diferentes instancias. En 2018 se dio por concluida la investigación en instrucción y se requirió la elevación a juicio.
Los negociadores
Los policías fueron acusados de haber actuado "como coordinadores y negociadores de las siguientes acciones: una manifestación frente a la sede de la Unidad Regional en la que bloquearon las puertas de la dependencia, desinflaron neumáticos de móviles policiales, generaron interferencias con el servicio de emergencias 911 y se retiraron injustificadamente de sus lugares de trabajo".
Los uniformados de la santafesina y sus familiares acamparon durante cuatro días en los portones de algunas de las unidades regionales.
Foto: Archivo.
En tanto que a Martínez se le atribuyó haber instigado a los policías a rebelarse, a través de publicaciones en la página web de Apropol, una agrupación gremial no reconocida oficialmente conformada por policías en actividad y retirados. Según la investigación Martínez también había enviado mensajes al teléfono del gobernador.
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En el debate tanto Lamberto como Galassi recordaron cómo fueron aquellos cuatro días de negociaciones en medio del conflicto y la tensión en las calles. Entre los reclamos de los agentes se encontraba elevar el salario. Tanto Lamberto como Galassi coincidieron en que los momentos más duros de la protesta fueron a partir del domingo 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción de María.
Ese día los ingresos de la principales unidades regionales fueron bloqueadas por miembros de "la familia policial" y el patrullaje en las calles quedó en manos de fuerzas provinciales como la grupos especiales como la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), algunas divisiones de la Policía de Investigaciones (PDI) e integrantes de la Banda de Música secundadas con federales enviadas desde Nación.
Por aquellos días el gobierno nacional envió 1.500 efectivos de Gendarmería y 380 de Prefectura, además de uniformados de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Federal para que colaboraran en el patrullaje por las calles de una ciudad sumida en un mar de rumores y "tensa calma".
