El contenido del celular que usaba el empresario narco Luis Medina cuando lo acribillaron junto a su novia Justina Pérez Castelli en diciembre de 2013 estuvo este lunes en el foco del juicio contra Esteban Alvarado y otros seis acusados de integrar un emporio criminal. De esos mensajes enviados por el dueño de la marca Esperanto en Rosario surge que, sobre el fin de ese año, planeaba regresar a la ciudad y copar el negocio de la venta de drogas, para lo que había acordado impunidad con fuerzas de seguridad de la provincia. Sus vínculos con Alvarado y con policías de la disuelta brigada policial que por entonces investigaba a Los Monos también fueron detectados en la pericia al aparato, cuyo contenido no figuraba detallado en el expediente por el doble crimen.
“Me pongo los guantes de nuevo después de dos años. Ya arreglé con toda la gorra”, escribió Medina el 11 de noviembre de 2013, un mes y medio antes de ser asesinado junto a su novia cuando iban en auto por el acceso Sur de Rosario. Fue el 29 de diciembre de ese año, que cerraría con la cifra de homicidios más alta de la historia en la ciudad. La pareja regresaba de un boliche de La Fluvial hacia el hotel del complejo City Center cuando el Citroën C3 rojo de Medina fue alcanzado por un auto que se le puso a la par, escoltado por una moto, del que partieron al menos 18 balazos.
El policía Sergio Sánchez era por entonces subjefe del área de Inteligencia Judicial de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE). A esa fuerza le fue asignada la investigación del doble crimen que, tras el desplazamiento de la ex jueza María Luisa Pérez Vara por no presentarse en la escena, dirigía la jueza de Instrucción 2 y actual vicegobernadora, Alejandra Rodenas. Este lunes Sánchez declaró ante el tribunal que desde hace un mes juzga como jefe de una banda criminal a Alvarado, considerado un socio histórico de Medina.
El policía en la actualidad es docente en la escuela de cadetes. Al declarar en el juicio contó que el 3 de enero de 2014 el por entonces jefe de la TOE, el fallecido comisario Adrián Forni, recibió una información de calle indicando que Medina había vivido en el country Haras del Pilar en esa localidad bonaerense. También obtuvo el nombre y la dirección de quien le alquilaba el lugar, un hombre que “andaba en el mundo del hampa con el tema del narcotráfico”, dijo Sánchez.
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“Esta información mi jefe se la pasa a Rodenas -continuó Sánchez-. Pide dos órdenes de allanamiento para esos domicilios. Mi jefe se comunica con la policía de Pilar, pide colaboración para que chequeen esos domicilios y solicita que dejen una consigna. Esto era muy importante para que no ingrese nadie porque había que preservar futuras pruebas”. Al día siguiente, según contó, mientras esperaban las órdenes de allanamiento los policías de Pilar se comunicaron con Forni para informarle que cuatro personas habían intentado entrar a la casa de Medina.
Fue la célebre incursión ilegal de un grupo de policías rosarinos que intentaron entrar sin orden judicial a la casa del country. Eran tres empleados de la Brigada Operativa de Judiciales (BOJ), la disuelta división policial que ese año investigó a la banda de Los Monos en la megacausa por asociación ilícita. Los uniformados iban con Gustavo Pérez Castelli, el padre de Justina, quien dos años después fue asesinado a tiros en su carrito de Mendoza y Circunvalación por sicarios que le cortaron una oreja.
Los efectivos Néstor Chazarreta, José Luis Ramonda y Miguel Giordano, tal como recordó ayer Sánchez, no llegaron a ingresar a la vivienda. Los frenaron en la puerta del country y fueron demorados por un fiscal bonaerense que abrió una causa por allanamiento ilegal. Tras el incidente, los hombres de la TOE desembarcaron en Pilar al día siguiente y, entre vehículos y documentación, secuestraron el celular Blakberry del que ayer se habló en el juicio oral. Un debate que esta semana, si se cumple con la agenda de testigos, llegará a su fin.
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Sánchez recordó ante los jueces que el equipo de investigación del doble crimen trabajó en forma conjunta con la Brigada de Homicidios, cuyo superior jerárquico era Guillermo Morgans. El comisario era por entonces jefe de la Agrupación de Unidades Especiales y participó de la requisa en el country. Cinco meses más tarde, el 10 de junio de 2014, fue asesinado en un episodio aún no aclarado durante el intento de robo a un negocio de su hijo en Rodríguez al 200. “Se decía en la calle, en la jerga, que el homicidio de Morgans podía tener relación con el homicidio de Medina”, deslizó Sánchez, y reveló que de las reuniones por el seguimiento de la causa sólo participaba su jefe Forni, “la doctora (Rodenas) y él”.
El equipo de trabajo elaboró entonces tres hipótesis que el viernes pasado detalló al declarar en el juicio el efectivo de la TOE Rodrigo Capdevilla. La primera era que Medina, afincado en Buenos Aires donde emprendió negocios que no prosperaron, quería recuperar territorio Rosario para la venta de estupefacientes y fue asesinado en una venganza ideada por el condenado como jefe de Los Monos Ramón “Monchi” Machuca. La segunda apuntaba como instigador a Alvarado, socio histórico de Medina que en ese operativo retorno pudo advertir una amenaza a sus intereses. La tercera, a un grupo de colombianos con quien Medina tenía algunas deudas.
“En octubre o septiembre de 2013 esta banda sufrió un golpe de parte de fuerzas federales y ellos culparon a Luis Medina como quien trabajó de informante y, al tenerlo como traidor, ordenaron el asesinato”, explicó Capdevilla esa tercera hipótesis. A ese supuesto, su colega Sánchez añadió ayer el dato de que a fines de diciembre Medina tenía que reunirse con unos colombianos, estaba asustado, buscó protección de su gente y por eso pactó el encuentro en Rosario el 20 de diciembre: “El temía por esa reunión. Se tenía que hacer en Buenos Aires y se hizo en Rosario por temor a que le pasara algo”.
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La pesquisa avanzó con intervenciones telefónicas a partir de un celular Samsung. Pero según dijo Sánchez -en la misma línea que Capdevilla- los investigadores policiales nunca tuvieron acceso al contenido del Blackberry que usaba Medina al ser asesinado. La extracción forense del aparato fue realizada el 18 de diciembre de 2014 por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se obtuvieron mensajes de texto y WhatsApp que acreditaban la relación de Medina con Alvarado, la Brigada de Judiciales y la venta de drogas.
“Mañana o pasado me vuelvo a Rosario a terminar de trabajar. Me puse los guantes de nuevo después de dos años”, le comentó Medina el 11 de noviembre de 2013 a un contacto de la provincia de Córdoba al que se refería como “primo”. Según los fiscales sería Claudio Torres, un capo narco asesinado el 16 de enero de 2019 en Río Cuarto cuando estaba a punto de subirse a su Audi A5.
En forma casi textual a los dichos que se le atribuyeron la semana pasada al ladero de Los Monos Marcos Jeremías “Pato” Mac Cadon, hace nueve años Medina se jactaba: “Ya arreglé con la gorra”. En el mismo mensaje alentaba a “darles ánimos a los pibes” que trabajarían para él. “Estoy agarrando todo, primo. Acá y voy a necesitar más. Voy por mucho acá, me falta muy poquito”, dijo en un mensaje posterior, y en otro hizo referencia al vasto alcance de su cobertura policial: “Yo me tengo que venir a Rosario a vivir porque ya hasta Santa Fe me dan”.
“En poquito tiempo salgo adelante. Yo retomé muchas cosas perdidas por irme. El ojo del dueño engorda el ganado”, decía Medina, quien admitía pagar “15 lucas para los de Judiciales” y aludía en forma explícita al comercio de drogas: “Fina venden en todos lados. Keta no hay en todo Argentina. Esta tiene que ser la mía. No me la pierdo. Tengo que levantar con este producto y ser el distribuidor para todos lados. Por eso es que pongo todas las fichas”.
“Esa información nunca la obtuvimos”, dijo Sánchez ayer al ser consultado sobre esos mensajes por los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery. “En esos mensajes él se jactaba de que iba a estar a cargo de todo, que iba a manejar desde Rosario hasta Santa Fe, que se iba a poner los guantes para volver a trabajar luego del año que había dejado el negocio. Hacía dos meses que venía a reuniones a Rosario”, reprodujo Sánchez, quien consideró que esa información hubiera sido un valioso aporte a la investigación pero recién la conoció años más tarde.
Según la acusación, los mensajes no aparecen transcriptos en el expediente judicial, donde sólo se menciona la incorporación de un pen drive con una extracción pero sin detallar su contenido. Sánchez dijo que recién conoció los mensajes cuando les fueron exhibidos por los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada que en 2019 reabrieron la causa por el doble crimen. Había sido archivada en abril de 2016 sin que se aclararan las muertes.
