Santa Fe.— En un contexto de fortísimos cuestionamientos al gobierno de la
provincia por lo que considera una "profunda e incontrolable crisis" del Poder Judicial, el Colegio
de Magistrados santafesinos dio a conocer un comunicado en el cual expone algunas críticas que ya
se habían deslizado desde la propia Corte Suprema de Justicia. El texto de la entidad que encabeza
la jueza rosarina María del Carmen Alvarez remarca la "honda preocupación" por las limitaciones
presupuestarias y operativas padecidas en los estrados provinciales que impiden el adecuado
funcionamiento del servicio de justicia.
Aunque los magistrados reconocen que "el déficit viene gestándose desde hace
décadas", responsabilizan a la gestión de Hermes Binner por el cumplimiento de "muy pocos"
proyectos destinados al mejoramiento de la Justicia, y sostienen que "la crisis se ha agravado en
los últimos dos años".
Contra el Consejo. Las críticas también apuntan al "ineficiente" funcionamiento
del Consejo de la Magistratura, al que catalogan de "lento, burocrático, y desarticulado". En ese
orden, los magistrados exigen que la cobertura de juzgados mediante el sistema de subrogancias "no
se convierta en una excusa para ocultar la ineficacia del nuevo sistema de designación de jueces".
Y remarcan que "llegamos a este momento con un número histórico de cargos vacantes (60 más 16 para
las nuevas unidades creadas por ley)".
El pronunciamiento del Colegio de Magistrados también cuestiona "la falta de
recursos presupuestarios para designaciones, personal, capacitación y edificios entre otras
necesidades" tendientes a la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, por lo que "lejos se está
de satisfacer las expectativas generadas en la sociedad" y parece "casi imposible" la
implementación del nuevo sistema, cuya entrada en vigencia volvió a prorrogar ayer la
Legislatura.
"En lugar de la total implementación (del nuevo Código Procesal Penal), se ha
sancionado una ley de aplicación progresiva que distorsiona la naturaleza del digesto, costosamente
elaborado, trayendo más dificultades que beneficios. Todo esto se corona con una desprolijidad
incomprensible, como lo fue el vencimiento del plazo de prórroga que debió solucionarse por una
acordada de la Corte, que —sin duda— no es el instrumento jurídicamente adecuado para
corregir el vacío. Esta situación transitoria (agrega) también requiere ingentes recursos
presupuestarios, máxime cuando se proyecta ampliar el número de delitos que exigirán oralidad
obligatoria, como se pretende legislativamente".
Sobrecargas. Tras aludir al colapso verificado en los restantes fueros
judiciales (laboral, familia, menores, etc.) "no sólo por la insuficiencia de juzgados para la
población y nivel de litigiosidad sino por las numerosas vacantes" existentes, los magistrados
sostienen que "ello obliga a los jueces y funcionarios a una sobrecarga constante de tareas con
grave deterioro de su salud y pocas posibilidades de respuesta efectiva generando una importante
afectación del servicio de justicia".
Finalmente, el documento firmado por Alvarez junto a Daniel Rucci, Roxana
Mambelli y Roberto Reyes, insta a que "rápidamente se encuentre el camino tendiente al mejoramiento
definitivo del servicio de justicia".
