Cinco años después de que la Justicia hiciera lugar a un hábeas corpus colectivo y emplazara al gobierno de la provincia para sacar a los presos de las comisarías de Rosario debido a que las mismas no estaban en condiciones de alojar a personas, la situación en poco ha cambiado y un importante número de jóvenes siguen hacinados en lúgubres lugares. Así lo dio a conocer la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) mediante un informe en el cual no sólo plantea el actual panorama de las personas recluídas en las seccionales de la Unidad Regional II sino que reclama a los poderes del Estado su intervención para poner fin a una problemática que parece extenderse en el tiempo sin solución.
Fue en noviembre de 2007 cuando la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal hizo lugar a un hábeas corpus colectivo presentado por la ONG que brega por el respeto de los derechos de los detenidos. Entonces los magistrados dieron 10 días al Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto santafesino para que "distribuya los excedentes de personas privadas de libertad existentes en las seccionales de la Unidad Regional II, a otras unidades de detención de la región o, en su caso, de todo el sistema provincial". Y también exigieron que "se culmine el proceso de distribución de modo que dichas reparticiones no se conviertan en establecimientos de privación de libertad permanentes".
Números fríos. Desde entonces la CTC reconoce que "comenzó a disminuir la cantidad de personas presas en comisarías, pero también se limitó el número de seccionales habilitadas". Así, mientras "en 2004 en 38 comisarías se distribuían unos 1.100 presos, en 2009 el número total de detenidos rondó los 500 pero en 29 comisarías, tres de las cuales quintuplicaban su capacidad y 8 triplicaban su población posible".
Tras ese período los números volvieron a subir. En 2010 "comienza nuevamente a incrementarse el número de personas privadas de libertad en comisarías. Eran entre 650 y 700 detenidos en 29 comisarías de las cuales casi un 50 por ciento triplicaba su capacidad y un 20 por ciento las quintuplicaba", dice la CTC. Por ese motivo, la Coordinadora pidió a la Corte Suprema de Justicia de la provincia que se instrumenten medidas para "monitorear el cumplimiento de la resolución judicial dictada en 2007 y se habilite una instancia de diálogo que posibilite buscar soluciones".
Entonces, "en 2011 hubo una nueva baja en la cantidad de detenidos promediando los 550 en 29 comisarías. Durante 2012 nuevamente la población aumentó ubicándose entre las 600 y las 700 personas en 26 seccionales y en la actualidad, conforme datos oficiales al día 8 de febrero de este año había 684 detenidos en 26 comisarías de Rosario y el Gran Rosario, un 54 por ciento de las cuales triplica su capacidad y un 27 por ciento la quintuplica".
Motines. Desde el inicio de 2013 se produjeron en las seccionales a las que hace mención el informe al menos tres levantamientos de detenidos. Fueron en las comisarías 1ª, 5ª y 24ª y todos ellos terminaron con algunos presos trasladados a otras dependencias para descomprimir la situación generada por el hacinamiento y las malas condiciones de habitabilidad de las seccionales.
En ese sentido, el informe de la Coordinadora menciona que "más allá de los datos numéricos, la situación conlleva distintas clases de conflictos en las comisarías en las cuales la falta la higiene, la comida escasa y en mal estado, el hacinamiento, la humedad, la falta de luz solar, las torturas a las que son sometidos los presos y la ausencia total de la atención a la salud conforman un panorama que habla de la situación subhumana a la que están sometidos las personas privadas de la libertad". Y agrega el informe que "todo ello configura un panorama inaceptable que transgrede todos los estatutos nacionales e internacionales de tratamiento" a los presos.
Asimismo, el informe sostiene que "el 88 por ciento de las personas privadas de la libertad en las seccionales rosarinas gozan del principio de inocencia ya que no se encuentran condenadas" y destacan que "parte del problema de sobrepoblación y hacinamiento se origina en el abuso de la prisión preventiva ordenada por la Justicia".
El futuro. En cuanto a la solución del grave problema que denuncia, la Coordinadora hace un llamamiento a los tres poderes del Estado. En ese sentido sostiene que "resulta manifiesta y lamentable la falta de organismos públicos específicos en esta materia". Y remarca que "ni la Secretaría de Derechos Humanos, ni la Defensoría del Pueblo tienen un rol activo en la problemática y, desgraciadamente, la intervención de la primera tiene en general por objeto invisibilizar el conflicto más que darle solución".
En cuanto al poder Legislativo, el informe dice que "tienen una herramienta fundamental como lo es la implementación del mecanismo para la prevención de la tortura en la provincia, legislación ya establecida a nivel nacional y originada en el compromiso asumido por nuestro país al suscribir el protocolo adicional de la Convención contra la Tortura". Y al respecto manifiesta que "es necesario que el mecanismo a crearse resulte independiente de los poderes constituidos y que disponga de los medios necesarios para ser ejecutivo y efectivo en la prevención de la tortura".
Además, dice el escrito de la CTC, es "fundamental que esta situación sea tenida en cuenta por los jueces al disponer prisiones preventivas, teniendo en cuenta que se priva de libertad a quien todavía no se le acreditó la comisión de un delito; y también por los jueces de ejecución al momento de tener que otorgar los beneficios de la ley de ejecución penal, ya que sobre todo cuando ya existe condena, la persona privada de libertad se ve obligada a cumplir con requisitos para obtener los beneficios, pero no está la contrapartida estatal de brindar las herramientas necesarias, para volver a la vida en sociedad".
