Cuatro legisladores de la oposición provincial presentaron una denuncia penal ante el fiscal Luis Schiappa Pietra, de la Agencia de Delitos Complejos y Criminalidad Organizada, para que se investiguen hechos que podrían constituir un delito en el marco de la licitación para la compra de armas para la policía por parte del Ministerio de Seguridad. Se trata del proyecto de adquisición de 12 mil pistolas semiautomáticas, 130 fusiles de asalto, 130 subametralladoras, 6 fusiles semiautomáticos para francotiradores y 6 fusiles para francotiradores de cerrojo manual requeridos por el ministro Marcelo Sain. Una compra por 1.400 millones de pesos que por el momento está frenada por el propio gobierno de Omar Perotti y por la Justicia en lo Contencioso Administrativo.
“Pedimos que se investigue si hay algún tipo de delito en el llamado a licitación de la compra de armas”, explicó el legislador radical Juan Cruz “Cacu” Cándido, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de Santa Fe. Los legisladores sospechan que los pliegos licitatorios están orientados para favorecer a una empresa israelí dejando de lado a firmas competidoras locales.
“Las sospechas en la licitación no las tenemos solamente nosotros. El propio Ministerio de Economía pidió suspender la licitación y luego se sumó un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo”, explicó Cándido, un hombre del riñón del ex ministro de Seguridad provincial Maximiliano Pullaro, en una rueda de prensa realizada en la puerta del Centro de Justicia Penal.
“La licitación está suspendida por irregularidad en el proceso de compra de armas. ¿Cuáles son esas irregularidades? Se agruparon todos los tipos de armas en un solo renglón de compras y se estableció que si había alguna empresa que no pudiera proveer todas esas armas su oferta quedaba desestimada”, indicó el legislador flanqueado por Lionela Cattalini (también integrante de la Comisión de Seguridad de la cámara baja), Rosana Bellatti y Esteban Lenci.
“En la Argentina no hay empresas que puedan proveer todas esas armas al mismo tiempo. Sí hay alguna intermediaria que pueda cubrir esa oferta. Por otro lado, algo que está en los considerando del fallo dictado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo, es que el pliego técnico para la compra transcribe en partes lo que dice el catálogo de venta de la empresa israelí que podría ser beneficiada en esta maniobra”, indicó el legislador radical apuntando hacia la firma Israel Weapon Industries (IWI) sin mencionarla y dejando de lado por ejemplo a la empresa nacional Bersa, que solo podría proveer algunas de las armas requeridas.
Ante ello, los legisladores indicaron que piden que se investigue si existe la comisión de una tentativa de fraude a la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de Sain.
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La respuesta de Sain ante la denuncia opositora no se hizo esperar y salió a pegarle al senador Lisandro Enrico y al diputado Maximiliano Pullaro, ambos referentes del radicalismo santafesino en el cual se encolumna Cándido. El ministro de Seguridad dijo ante periodistas en la ciudad de Firmat que días atrás “se ventiló en un juicio federal en Rosario” que el ex jefe de Inteligencia Zona Sur de la ex Drogas Peligrosas Alejandro Druetta, quien está siendo juzgado por su presunta cobertura a narcotraficantes del sur provincial, “tenía una estrecha protección” por parte de Enrico y Pullaro.
En ese sentido, Sain dijo: “Esta mañana se revelaron en un juicio en Rosario una serie de escuchas que demostraron que (Druetta) tenía un estrecha protección de estos dos dirigentes”. Y agregó que “el adalid de la lucha contra el narcotráfico era un policía narcotraficante. Alejandro Druetta era el nene mimado del senador Enrico y del entonces ministro Pullaro”.
En el juicio en el que Druetta llegó acusado de liderar una organización destinada a comercializar drogas, el fiscal federal Federico Reynares Solari pidió 15 años de prisión para el ex jefe policial.
En el marco del debate se expusieron escuchas que, según explicó Reynares Solari, se hallaron en la computadora de Druetta. En esa máquina, de acuerdo a la acusación, había conversaciones que Druetta mantuvo durante 2012 con “Enrico, Pullaro y Jorge Abello” en el contexto de las detenciones de Andrés “Vasco” Ascaíni y Aldo Cesar “Totola” Orozco, ambos narcos ya condenados.
“Los audios se utilizaron para contextualizar quién era Druetta, un oficial de policía que no era un policía común. Hablaba con legisladores y altos jefes policiales. Fueron escuchas que datan de cuando Druetta había sido desplazado preventivamente de su brigada (antidrogas) en Venado Tuerto y las personas con las que hablaba se ponían a su disposición, como agradecimiento por lo de Ascaíni y Orozco, para hacer gestiones con el fin de que regresara a su puesto. Fueron audios para contextualizar quién era Druetta”, explicó una fuente de la Justicia federal.
Esas escuchas fueron expuestas en las audiencias del juicio oral el 30 de diciembre pasado y el 1º de febrero último, en el comienzo de los debates de este año y en el marco de un juicio que el próximo jueves tendrá la audiencia donde se leerá el veredicto.
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La licitación de la compra de armas para la policía quedó expuesta luego de que el ministro Sain no compareciera ante la reunión de trabajo a la que fue invitado por la Comisión de Seguridad de la Legislatura. Ante la novedad de que las armas “estaban a punto de ser adquiridas”, los legisladores opositores se desayunaron con que la licitación había sido suspendida el 2 de febrero. Eso motivó un pedido de informe de parte de los diputados opositores.
El 25 de febrero se conoció una resolución de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo provincial que frenó la licitación ante una denuncia de la firma Bersa SA, fabricante de pistolas semiautomáticas, que cuestionó ante la Justicia la fijación de las condiciones del proceso licitatorio destinado a adquirir armamento para la policía santafesina por considerarla arbitraria de parte del gobierno provincial y considerar que el motivo de esa condición puede ser favorecer a otra proveedora.
Bersa SA indicó que las condiciones se habrían expuesto con una cláusula específica para que la licitación la gane una proveedora determinada, en este caso la empresa israelí. Los representantes legales de la firma nacional alegan que el pliego técnico copia textualmente la descripción de los productos de otro proveedor y pide que se ordene autorizar la presentación de ofertas en la mencionada compulsa sin las limitaciones fijadas en un anexo agregado. Tras ello un diputado provincial del radicalismo presentó un pedido de informes para que se explique por qué se modificó el pliego y cuál es el dictamen técnico que lo sustentó.
La fabricante de pistolas sostuvo que la convocatoria para comprar armas para la policía fue publicada en el Boletín Oficial del 14 de enero pasado, indicaba que las ofertas serían recepcionadas hasta las 12 horas del día 2 de febrero de 2021 y que la apertura de sobres se realizaría el 5 de febrero a las 10. Adujo que había adquirido el pliego a los fines de poder participar en el proseso demostrando su interés al señalar ser la única empresa nacional dedicada a la fabricación de pistolas. Pero que no podía participar debido a que había tipos de armamentos de los que la compañía citada no se ocupa.
